Especialistas, legisladoras y sociedad civil participaron ayer en el foro “Ley Arely: análisis y discusión de la iniciativa de reforma al Código Penal y al Código Familiar del Estado de Zacatecas”, organizado por Alas de Justicia Tabasco, el Congreso del Estado y la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la BUAZ.
Una parte de las asistentes empujó hacia el endurecimiento de las penas y el internamiento de adolescentes desde los 12 años, al considerar que delitos graves como la tentativa de feminicidio no deben quedar sin una sanción privativa de la libertad debido a la edad de quien los comete.
La postura contrastó con la de abogadas presentes y la del secretario técnico de la Comisión de Justicia, Carlos de Ávila, quien expuso, durante la mesa de reforma al Código Penal, el principio de última ratio del derecho penal, según el cual la privación de la libertad debe ser el último recurso y no la primera opción de sanción. Afirmó que está «más que comprobado, desde hace décadas» que endurecer las penas no reduce la incidencia delictiva.
Se presentaron ideas como crear un grupo multidisciplinario de vigilancia, darle nuevas facultades al SIPINNA, responsabilizar a padres y madres, cambiar la identidad del adolescente infractor, otorgar apoyos hasta que las víctimas consigan empleo o concluyan una licenciatura y crear un servicio estatal de reinserción.
Angélica Becerra, investigadora en políticas públicas en torno al feminicidio, señaló que buena parte de las propuestas ya están incorporadas al marco jurídico.
“Las fiscalías ya no son suficientes, esa es la realidad. Entonces ahora la víctima tiene otra institución, que es donde se supone que les tienen que otorgar apoyos psicológicos, jurídicos; si no tienen trabajo, buscarles un trabajo; si no están estudiando, buscarles educación. ¿Qué sucede ahora? Que las comisiones de víctimas también ya están superadas. Entonces, si nos fijamos, solamente son instituciones que vienen parchando errores estructurales que ya están presentes”, mencionó.
Tras señalar que una institución ya tenía conocimiento de la conducta del adolescente involucrado en el caso ocurrido en el municipio de Tabasco y no intervino oportunamente, la mesa de educación propuso reformar el artículo 82 de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas para establecer, paso a paso, las acciones que deben seguir las y los docentes ante estos casos.
Al cierre del foro, los organizadores señalaron que el texto de la iniciativa será entregado al Congreso del Estado en un plazo aproximado de dos semanas, tras una reunión de seguimiento programada para la próxima semana y media.
