México, DF. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa condenó a la Procuraduría General de la República a indemnizar y reconocer públicamente la inocencia de la indígena otomí Jacinta Marcial, quien había sido sentenciada a 21 años de prisión.
La sentencia prevé una indemnización por los más de tres años que no pudo trabajar por estar en prisión y por el daño moral que le causó el estar presa y por las repercusiones morales, físicas y «por lo que su pueblo le haya perdido el respeto».
Sin embargo, los magistrados no informaron sobre el monto de la indemnización con el argumento de que así lo prevé la Ley de Transparencia.
Asimismo adelantaron que la resolución permitirá para emitir jurisprudencia sobre reparación del daño en casos en que personas son liberadas después de haber sido procesados y presos injustamente.
La PGR podrá impugnar la decisión, aunque eso denotaría una brecha entre la política de respeto a los derechos humanos que pregona la dependencia y los hechos, dijo la defensa de la acusada quien fue representada legalmente por el Centro Prodh.
Al término de la sesión, Jacinta Francisco dijo que más que la reparación económica, lo importante es que se reconoció su inocencia y que se hizo justicia.
A las autoridades que la detuvieron y juzgaron, sólo les dijo que tomen en cuenta su asunto «para que hagan bien su trabajo».
Los magistrados concluyeron que en en éste caso, el Estado mexicano incurrió en «actividad irregular» que causó daño económico y moral. Sin embargo, la sentencia eximió de responsabilidad al juez que dictó la sentencia de 21 años de prisión.
La resolución del tribunal estableció que la PGR actuó irregularmente al acusar a la indígena queretana por el secuestro de seis agentes federales, ocurridos el 26 de marzo de 2006 en el tianguis de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, Qro.
En agosto de 2006, Jacinta, junto con otras dos indígenas (Alberta Alcántara y Teresa González, quienes fueron sentenciadas y liberadas) que vendían aguas frescas en un tianguis de Querétaro, también fueron detenidas por supuestamente privar de la libertad a seis agentes de la PGR durante un zafarrancho que los funcionarios de la Procuraduría sostuvieron con comerciantes informales tres meses antes, luego de que los policías intentaron despojarlos de mercancía, en un operativo para el cual carecían de autorización.
Jacinta fue sentenciada a 21 años en prisión, con un juicio en el que nunca se presentaron pruebas en su contra y en el que la indígena otomí careció de la asistencia de un intérprete, violándose así distintos ordenamientos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, ya que en el momento del proceso penal Jacinta apenas entendía el español.
Al apelar esta sentencia, la defensa de la vendedora de nieves, madre de seis hijos, demostró que a Jacinta se le atribuyó una declaración fabricada, escrita en español, que ella no pudo haber realizado por su incomprensión de dicha lengua y que era materialmente imposible que ella, junto con las otras dos mujeres, pudieran privar de la libertad a seis agentes que no sólo cuentan con entrenamiento y facultades legales para repeler agresiones, sino que al momento de los hechos portaban sus armas de cargo.
