■ La ASE detectó irregularidades en el manejo de recursos públicos
■ Entre las anomalías, retención de una parte de la nómina para entregarla como prerrogativa a partidos
■ Probable simulación de operaciones económicas con empresas creadas para recibir dinero de ayuntamientos
Casi 561 millones de pesos de sanciones resarcitorias por irregularidades cometidas en el manejo del recurso público. Ésta es la conclusión de la Auditoría Superior del Estado (ASE) durante la revisión de la cuenta pública 2016 de 22 municipios, cuyos dictámenes fueron leídos este martes en el pleno de la 62 Legislatura local y serán votados en la próxima sesión ordinaria.
La probable simulación de operaciones económicas con empresas creadas para recibir dinero del ayuntamiento, el mal uso y la compra-venta sin comprobar de áreas de donación y la retención de una parte de la nómina para entregársela como prerrogativa a los partidos políticos, son algunos de los señalamientos realizados en estos dictámenes.
Los municipios de Fresnillo y Jerez encabezan la lista de las 22 cuentas públicas presentadas ayer como los que más sanciones resarcitorias tienen. De acuerdo con los documentos leídos por los legisladores, ambos ayuntamientos tienen exactamente la misma cantidad de irregularidades con un monto de 131 millones 991 mil 568.56 pesos.
Después está Villanueva con 79 millones 971 mil 414.40 pesos, seguido de Zacatecas con 54 millones 387 mil 477.45 pesos, Juan Aldama con 38 millones 676 mil 426.66 pesos, Guadalupe con 22 millones 117 mil 21.04 pesos y Sombrerete con 21 millones 45 mil 349.09 pesos.
En todos los casos las sanciones resarcitorias se dividen entre las que corresponden a la administración pasada, que en el año 2016 estuvo en funciones del primero de enero al 15 de septiembre, y las que se le atribuyen al actual gobierno, que inició sus trabajos el 15 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de ese año, que fue la cuenta pública revisada.
En el caso de Fresnillo la ASE asegura que presentará ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, si se aprueba el dictamen, una denuncia de hechos por el pago que el ayuntamiento de Fresnillo hizo a la empresa Comercializadora y Distribuidora Nacional de Fresnillo S.A. de C.V. por un monto de 436 mil 55.50 pesos.
La probable comisión de un delito en estas erogaciones, dice la auditoría, proviene desde el análisis de la cuenta pública 2015, cuando se observó que esta empresa sólo realizó operaciones económicas con el municipio de El Mineral.
Por ello, se concluye que “dicha empresa se constituyó única y exclusivamente para proveer al ente fiscalizado, por lo que se presume que se utilizó para beneficio de Robert Jason Barker Mestas en su calidad de entonces director de Desarrollo Económico”.
La ASE señala que en 2016 los pagos a esta compañía se realizaron cometiendo las mismas irregularidades que el año anterior y que consisten en la probable “simulación de operaciones económicas”.
Asimismo, de la revisión a la cuenta pública 2016 en Fresnillo se señala que se harán del conocimiento del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) “los hechos que pueden entrar en el incumplimiento a la normatividad aplicable”, ya que se efectuaron erogaciones por el concepto de prerrogativas a partidos políticos, mediante descuentos de retenciones en la nómina por la cantidad de 122 mil 706 pesos.
En Juchipila y en Tepetongo también hay señalamientos de tipo electoral, igualmente relacionados con prerrogativas entregadas a los partidos políticos.
En el primer caso, la auditoría hará del conocimiento del IEEZ, una vez que se vote a favor el dictamen, que se hicieron retenciones por 167 mil 136.10 pesos, que posteriormente fueron otorgados como prerrogativas al Partido Revolucionario Institucional (PRI) sin presentar la comprobación correspondiente que justifique estos pagos. En Tepetongo fueron 109 mil 51.85 pesos los que se retuvieron para entregar como prerrogativas también al PRI.
Otro de los ayuntamientos en los que se presentarán denuncias de hechos en caso de aprobarse los dictámenes leídos este martes es el de Guadalupe.
La razón sería la probable comisión de delitos que se refiere a irregularidades en el uso y en la compra-venta de áreas de donación de diferentes fraccionamientos, las cuales pudieron causar un daño al erario público municipal de 13 millones 208 mil 742.53 pesos.
