Con sus 4.2 millones de estudiantes de nivel superior, México tiene un atraso respecto del resto de Latinoamérica en la capacidad de dar educación a la población en edad universitaria.
El país se encuentra 10 puntos porcentuales abajo del promedio latinoamericano de tasa bruta de cobertura (tbc) en educación superior, que se ubica en 48.4 por ciento. Este indicador representa la proporción total de alumnos inscritos en este nivel educativo por cada 100 personas de entre 18 a 22 años.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) se ha propuesto alcanzar una tasa de 50 por ciento en 2024 y de 60 por ciento en 2030. Ello implica un incremento anual en promedio, para los próximos 13 años, de 166 mil estudiantes inscritos en programas de técnico superior universitario y licenciatura, casi 40 mil más de los 127 mil que se tuvieron al año en el periodo 2001-2017.
De acuerdo con un artículo publicado por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para lograr esas metas, y las que se proponga el gobierno, se deberá contar con los recursos públicos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en la distribución del gasto de cada estado, pues uno de los problemas asociados a la expansión de la oferta educativa de los años recientes ha sido la falta de articulación entre las políticas en esta materia y los recursos asignados a las instituciones para la operación ordinaria. Los centros educativos han tenido que hacer frente a costos crecientes para la prestación del servicio, ante un escenario de restricción presupuestal.
Para Javier Mendoza, investigador del IISUE, vista la experiencia financiera del sexenio 2012-2018 relacionada con la ampliación de la cobertura de educación media superior y superior, cuando hubo limitaciones y reducciones en el financiamiento, en el gobierno que inicia será necesario establecer programas para el financiamiento sostenido con visión de largo plazo, a fin de dar continuidad a los proyectos más allá del año fiscal.
En un texto en la revista Perfiles Educativos del IISUE, Mendoza plantea que uno de los retos de la administración de Andrés Manuel López Obrador será lograr una mayor inversión pública para ampliar la cobertura y mejorar tanto la equidad como la calidad del sistema educativo, además de conseguir una mayor eficiencia y transparencia en el destino y uso de los recursos públicos.
En una estimación preliminar, considerando las metas de cobertura propuestas por la Anuies, en este sexenio el académico considera que se requeriría de un incremento presupuestal de alrededor de 30 por ciento, en términos reales, para mantener sin variación el subsidio por alumno otorgado en 2017.
Si se consideran solamente los programas presupuestarios federales para la operación ordinaria de las instituciones y para becas (servicios de educación media superior, de superior y posgrado, subsidios para organismos descentralizados estatales, Programa Nacional de Becas y Prospera), cada año, a precios constantes de 2017, se tendría que incrementar el presupuesto federal de educación media superior en alrededor de 3 mil 200 millones de pesos, y en educación superior en 4 mil 300 millones de pesos, partiendo de la base de que en 2017, en los programas considerados se ejercieron 86 mil 546 y 107 mil 970 millones, respectivamente.
En su opinión, se requerirá aumentar la inversión tanto en infraestructura (nuevas instituciones de educación superior y la ampliación de las capacidades físicas y académicas de las existentes), como en el presupuesto ordinario para llegar a las metas.
