La función de la historia es ayudar a replantear los problemas actuales. A casi 100 años de la promulgación de la Constitución de 1917, el país debe reflexionar acerca de su modelo de Estado-Nación, dijo el historiador Eduardo Jacobo Bernal, quien con su trabajo, De la propuesta nacional a la realidad local. Reforma agraria en Zacatecas de 1917 a 1934, se propuso aportar a este necesario debate.
El trabajo obtuvo el primer lugar nacional en el tercer Concurso de Ensayos sobre la Constitución, con el tema la Ley Agraria de 1915 que dio pie a su artículo 27, “y la influencia de esta ley revolucionaria en los estados y sus constituciones”, convocado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas (INHERM) y el Registro Agrario (RAN).
“¿Qué pasa con el ejido, por qué la agricultura no es rentable en un estado eminentemente agrícola como Zacatecas, de tal manera que sus campesinos siguen poniendo sus esperanzas al otro lado del Río Bravo?”.
La respuesta puede encontrarse en una serie de procesos, el primero, que la propia Constitución de 1917 como lo fueron las correspondientes de 1824 y 1857, representó un proyecto de Estado nacional que intentó homologar “una realidad mexicana” no aplicable en todos los casos, como sostiene ocurrió para Zacatecas, el autor.
Comparando la realidad del peonaje entre el centro-norte y el sur del país, agrega que en Zacatecas no se expresaba su sufrimiento como en Quintana Roo o Campeche donde se trabajaba en condiciones de esclavitud.
Así, en Zacatecas las haciendas funcionaban económicamente mejor y los propietarios “no andaban con el látigo en la mano”, sino que el empobrecimiento del campesinado vino tras la Revolución, “no antes”.
Zacatecas “tenía otro funcionamiento (…) entonces se sacrificó el crecimiento económico por instaurar un régimen político”, asevera.
Los gobernadores del periodo que se analiza, 1917 a 1934, se vieron en la disyuntiva de servir a dos amos, por un lado tratar de no afectar a los hacendados con quienes mantenían relaciones de amistad que sustentaban la base de su poder político, pero también cumplir con la exigencia de entregar las tierras “para consolidar el correspondiente del régimen postrevolucionario, del partido, pues”.
Durante este periodo los mandatarios de Zacatecas jugaron con los huecos legales existentes, pero a partir de 1934 se creó un Reglamento Agrario Nacional que les impidió seguir cuidando a sus amigos hacendados.
El anterior reglamento zacatecano de 1917, señalaba de manera explícita que se daba preferencia a la pequeña propiedad “porque era más productiva” por lo que se les permitió a los hacendados elegir las tierras que donarían para la formación de ejidos, mismas que fueron siempre las más improductivas, alejadas de las fuentes de agua o de los caminos.
Así, se permitió a los latifundistas entregar tierras de muy mala calidad, lo que generó ejidos muy pobres. De este proceso derivan entre otros fenómenos actuales, no sólo la baja productividad de los ejidos zacatecanos sino la dispersión poblacional que hace difícil dotarlos de servicios básicos, y de infraestructura para atender, por ejemplo, sus necesidades de salud y educación.
Cito el caso concreto de la Hacienda de Cedros en el actual municipio de Mazapil, “famosa por ser una de las más grandes del estado” y cuyo propietario en latifundio donó sólo 10 por ciento de la gran cantidad de hectáreas que tenía en posesión, “alejadas de las vías de comunicación y del agua”.
La distribución cartográfica de los municipios, que en la mayoría de los casos se construyeron con base en un ejido viene del momento que se refiere, de la época del reparto de tierras que se extendió todavía hasta los años 60 y 70 del siglo pasado.
“El asunto es que el ejido fue visto no como un instrumento económico que debía de serlo para fomentar una agricultura, sino como un instrumento político para convertir a los campesinos en electores, en votantes”.
De ahí deviene que el voto duro del Partido Revolucionario Institucional en estados como Zacatecas fue durante mucho tiempo el emitido por el agricultor, “porque recordaba que se les había entregado tierra”.
Jacobo Bernal no ve a los campesinos como una masa indefensa ante los fines del gobierno sino consecutores del anhelo de poseer tierras que les permitieran sembrar lo que ellos quisieran y así hacer con su cosecha.
“Si no les da para bien vivir, sí para sus fiestas patronales, tener un momento de excedentes. Pero saben que hoy la agricultura no es una actividad a la que se puedan dedicar al 100 por ciento sino una actividad secundaria que tiene que ser complementada con el trabajo en la mina o en el norte”.
Así, muchos migrantes regresan en época de siembra para cultivar sus tierras, “levantan lo poquito que tengan, hace fiesta y regresan a Estados Unidos”.
El ejido dice, perdió su sentido económico porque además se quedó en una primera etapa, sólo de reparto de tierras, que resulta insuficiente para lograr la productividad. Luego tenía que venir la capacitación y la tecnificación, “lo cual nunca pasó”.
Se convirtió únicamente, reitera, en “un instrumento electorero” que a través de la implementación de algunos programas sigue funcionando con este perfil, y que luego la reforma salinista al 27 constitucional que permitió a los ejidatarios vender sus tierras, desarticuló esta forma de organización de la producción agrícola en el país por completo, “y por eso hoy México no tiene soberanía alimentaria”.
“Por eso somos importadores de granos y por eso tenemos ese gran problema de que el precio del frijol se va cada vez más abajo”.
Por tanto agregó, tendría que ponerse en la mesa de discusión, “la necesidad de hacernos autosustentables agrícolamente hablando, lo que implicaría sacrificar un costo político de un elemento como el ejido que se encuentra inserto “en el imaginario colectivo”.
El tema es extenso pero la reflexión que ofrece este ensayo que procede de la tesis de maestría que en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora cursó, ofrecer una reflexión para los legisladores zacatecanos actuales.
Este que se propuso como un llamado al federalismo, expone el problema de hacer leyes sin pensar en las realidades específicas de la entidad.
“Hay un problema fundamental. Es que los Congresos locales deben de luchar por sus soberanía, somos un estado libre y soberano y la Constitución zacatecana debería de fijarse no sólo siguiendo a la Constitución federal sino haciendo un análisis real del campo zacatecano y legislando en función de ello y no sólo copiando lo que se hace a nivel federal”.
El problema se ha planteado como un conflicto de siglos y siglos como un enfrentamiento entre dos visiones, el federalismo y el centralismo. Si bien es cierto que no puede contravernirse la Constitución nacional, “sí pueden hacerse artículos específicos para nuestra realidad”, dice el historiador.
Así, lo que expone el ensayo es un llamado también “a nuestros legisladores a que conozcan su realidad. Creo que también es un problema bien grave que quienes hacen las leyes se han desconectado cada vez más de su realidad social y entonces las propuestas que a veces pueden sonar bien en el papel no están pensadas en una situación particular”.
De la propuesta nacional a la realidad local. Reforma agraria en Zacatecas de 1917 a 1934, será publicado en 2017 por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, conjuntamente con los otros dos trabajados ganadores del segundo y tercer lugar, será prologado por Catherine Andrews, historiadora del CIDE que ha destacado por su trabajo de investigación sobre el tema de la Reforma Agraria.
Con motivo de la próxima conmemoración del centenario de la Constitución del 17, agregó por último, “ojalá que aquí en Zacatecas se abran algunas convocatorias, algunas reflexiones y que podamos desde la historia aportar un poco de luz sobre lo que se necesita hoy en el terreno de la legislación”.
