Con un título muy claro (¿Por qué es perfectamente legal el término de las autoridades universitarias en 2025?) apareció en La Jornada Zacatecas el 16/04/2024 un artículo de Marco Antonio Torres Inguanzo y Luis Martínez López donde se argumentan con pulcritud los motivos y causas de la extensión de periodo de la administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) encabezada por el Dr. Rubén Ibarra Reyes. Poco después, con fecha 19/04/2024, el Dr. Miguel Moctezuma Longoria, en el periódico ya citado, declaró que la decisión de extender el periodo rectoral tomada por el Consejo Universitario “equivale a un golpe militar donde, de manera arbitraria, un grupo de poder toma una institución sin respaldo en alguna norma”. Al parecer, por definición política, Moctezuma Longoria decidió ignorar los apuntes de Inguanzo y López y afirmó que el “rector está en duda legalmente y eso tiene implicaciones en los trámites y gestiones de recursos”. Por su parte, el Lic, Juan Carlos Girón Enríquez, en la publicación periódica “El nopal” el 18/04/2024, publicó un texto de título “Autonomía o autoritarismo” sostiene que en la sesión de Consejo Universitario en la que se aprobó la extensión de periodo no había quórum del sector estudiantil y que los directores, al votar ese tema, estaban en conflicto de interés. El 24 de febrero de 2023, en la misma publicación periódica, en un artículo titulado “Autoritarismo universitario” Girón Enríquez argumentó que cualquier ajuste en el período debería ser a la baja. Cita varios casos acontecidos en el país como elementos para poder dejar de lado uno de los extremos que en su artículo del 18/04/24 considera que no debe rebasarse: el período de cuatro años. ¿Por qué surge una discusión relativa a la extensión de periodo rectoral acordada, sin votos en contra, en el Consejo Universitario desde febrero de 2023? Torres Inguanzo afirmó, en “Legal, legitimo y razonable, acuerdo de extensión de periodo rectoral: Torres” (La Jornada Zacatecas, 18/04/2024), que la incitación para ese debate proviene de un grupo político universitario ligado al Partido del Trabajo (PT). ¿Cuál es ese grupo? El mismo que posee la secretaria general del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) y desde ahí lanzó, desde mayo de 2023, un ataque constante contra la rectoría para posicionar a su candidata a la rectoría, la Dra. Jenny González Arenas. Y en ese proceso han seguido un único principio: las leyes no impedirán la consecución del proyecto político. Fieles a este apotegma, enunciado por uno de sus principales ideólogos en reunión de la Coordinadora de Delegaciones, han tratado de “demoler” el sindicato. ¿Cómo? en retrospectiva su plan parece ya muy claro. Lanzaron una reforma estatutaria en septiembre de 2023 para legitimar una modificación de los estatutos que les permitiese deshacerse de los escollos que impidieran su proyecto político. Pensaron que no habría más propuestas, o que la única correcta era la que ellos diseñaron, pero ahí surgió el primer problema. Hubo otras dos propuestas. Debido al carácter policial, de criminalización total de los agremiados, que la propuesta del Comité ejecutivo presentó mediante sus testaferros, no había manera de ganar en un plebiscito. Ni los adictos al PT votarían por el bodrio autoritario que imaginaron los ideólogos de ese grupo. Por tanto, por definición política la secretaria general del SPAUAZ excluyó a 500 agremiados del padrón. De esa manera, de llevarse a cabo las votaciones, podrían lograr un amplio margen. No les resultó, pues los docentes se organizaron para impedir, primero por la vía política, después por la legal, la conculcación de derechos. Se logró la anulación del padrón ilegal de la secretaria general, se paró el proceso de plebiscito por la vía legal. Incluso no hubo huelga a pesar del dinero gastado por la dirigencia sindical en la promoción de la huelga. Ya es claro tanto el proyecto como los medios que el grupo pro PT utiliza desde el sindicato para promover a su candidata. Por un lado, dispendio de recursos de todos los agremiados en propaganda, en construir un Moloch de barro, y ocultarlo al omitir informar de las finanzas cada seis meses como estipula la Ley Federal del Trabajo. Por otro, violación constante de derechos para condicionar a los miembros del sindicato, para “clientelizarlos” por la buena o la mala. Para esto se arrogan facultades que no tienen, como la defenestración del delegado de la unidad de ingeniería por parte de la secretaria general o el intento perpetrado contra la delegada de la Unidad Veterinaria. Al subordinar las funciones del sindicato al proyecto político, lo transforman en una maquinaria de propaganda y “clientelización”, pero a la vez, al violar de manera cotidiana, demostrable y documentable, el Estatuto y el Contrato Colectivo de Trabajo, lo que realizan, en los hechos, es una “demolición sindical”. Destruyen al sindicato al dividirlo por motivos políticos, ya que con eso lo debilitan ante la patronal y permiten la “desindicalización” porque merman las conquistas laborales y ponen en riesgo la contratación colectiva. Sin embargo, el panorama no es tan turbio, los docentes organizados pudieron, y podrán, vindicar el sindicato por encima de las ambiciones vulgares.
El SPAUAZ en su laberinto. La demolición sindical por parte de un comité sin rumbo
