Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito negaron la suspensión provisional solicitada por jubilados, pensionados y derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) dentro de los juicios de amparo promovidos contra la desincorporación y dación en pago del Hotel Parador. No obstante, el abogado Jorge Rada, representante legal de los promoventes, aseguró que la defensa continuará hasta que el Poder Judicial Federal resuelva de fondo la constitucionalidad del procedimiento.
A través de un comunicado, el litigante calificó el caso como un asunto de «la mayor importancia y trascendencia social», al sostener que la controversia no se limita al destino de un inmueble, sino que involucra el patrimonio construido durante décadas con las aportaciones de miles de trabajadores del estado y la estabilidad financiera del sistema de pensiones del Issstezac.
«No estamos discutiendo únicamente el destino de un inmueble; está en juego el patrimonio construido durante décadas con las aportaciones de miles de trabajadores del Estado y la estabilidad financiera del sistema de pensiones del Issstezac «, señaló.
Rada explicó que las resoluciones emitidas por ambos juzgados no representan un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, ya que únicamente resolvieron la solicitud de suspensión provisional y no analizaron las presuntas violaciones constitucionales y convencionales planteadas en los juicios de amparo.
Precisó que los órganos jurisdiccionales todavía no estudian los argumentos relacionados con la protección del patrimonio público, el derecho a la seguridad social, el principio de progresividad, la legalidad, la tutela judicial efectiva ni las presuntas violaciones a derechos humanos denunciadas por los promoventes.
De acuerdo con el abogado, la negativa de la suspensión provisional se sustentó exclusivamente en un criterio preliminar, al considerar que los jubilados y pensionados no acreditaron un interés jurídico o interés suspensional suficiente para impedir, de manera cautelar, la entrega del Hotel Parador.
Si bien manifestó respeto por las determinaciones judiciales, dejó claro que la representación legal no comparte el criterio adoptado por los jueces federales.
«Respetamos las resoluciones judiciales; sin embargo, no compartimos ese criterio», afirmó.
El litigante consideró además que existe una situación jurídicamente preocupante debido a que, dentro del propio Poder Judicial Federal, se han emitido criterios distintos respecto a los derechos de los jubilados y pensionados del Issstezac.
Como ejemplo, recordó que, en un juicio de amparo distinto, relacionado con la designación de la titular de la Auditoría Superior del Estado, el Juzgado Tercero de Distrito reconoció expresamente que los pensionados sí resentían una afectación en su interés jurídico, debido a los problemas financieros que enfrenta el Issstezac y que han impactado el pago de sus prestaciones.
Añadió que, en ese mismo expediente, el órgano jurisdiccional estimó constitucionalmente relevante revisar la integración de la Auditoría Superior del Estado al Comité de Vigilancia del Issstezac, así como posibles conflictos de interés, afectaciones a la independencia institucional y riesgos para la fiscalización del instituto.
Sin embargo, sostuvo que ahora, tratándose del Hotel Parador, considerado uno de los activos patrimoniales más importantes del Issstezac, otros juzgados determinaron que esos mismos jubilados y pensionados carecen del interés jurídico suficiente para solicitar la suspensión provisional.
Para Jorge Rada, esta diferencia de criterios genera incertidumbre jurídica y hace necesaria una reflexión sobre la importancia de establecer criterios uniformes cuando están comprometidos derechos sociales, el patrimonio público y la seguridad social de miles de familias zacatecanas.
Asimismo, el abogado recordó el contexto en el que se han desarrollado los procedimientos judiciales relacionados con el Hotel Parador.
Explicó que, después de hacerse pública la concesión de una suspensión provisional dentro de otro juicio vinculado con el mismo inmueble, surgió una intensa controversia pública. Posteriormente, dijo, se presentaron nuevos requerimientos procesales y más tarde la titular del Juzgado Tercero de Distrito fue separada preventivamente de sus funciones dentro de un procedimiento disciplinario derivado de diversas quejas e investigaciones.
No obstante, aclaró que la representación jurídica no establece una relación causal entre esos acontecimientos y las resoluciones emitidas posteriormente.
«No corresponde a esta representación jurídica establecer una relación causal entre esos acontecimientos y las resoluciones posteriores», puntualizó.
Sin embargo, señaló que la secuencia de los hechos y la disparidad de criterios judiciales hacen indispensable que las decisiones en asuntos de alta relevancia pública estén plenamente motivadas, sean transparentes y se sometan al más estricto escrutinio constitucional, con el propósito de fortalecer la confianza ciudadana en la independencia del Poder Judicial.
En el comunicado también sostuvo que la sociedad zacatecana espera que los tribunales constitucionales respondan a la dimensión de los problemas que enfrentan miles de jubilados y pensionados y que el análisis de los casos privilegie la protección efectiva de los derechos humanos y del patrimonio público por encima de interpretaciones meramente formales.
El abogado enfatizó que el juicio de amparo continúa y recordó que la suspensión provisional constituye únicamente una etapa cautelar dentro del proceso.
Será, explicó, durante la sentencia definitiva cuando el Poder Judicial Federal determine la constitucionalidad de la desincorporación y la dación en pago del Hotel Parador.
Finalmente, Jorge Rada reiteró que la defensa agotará todos los recursos legales disponibles para proteger el patrimonio del Issstezac y los derechos de sus jubilados y pensionados.
«Seguiremos agotando todos los recursos legales para defender el patrimonio del Issstezac, porque estamos convencidos de que quienes sostuvieron durante décadas este sistema de pensiones no sólo tienen derecho a exigir su protección, sino también a obtener una justicia constitucional congruente, uniforme y a la altura de la trascendencia social de este asunto», concluyó.
