La 61 Legislatura del Estado, recién ha aprobado un punto de acuerdo mediante el cual ¡exhortan al gobernador Alonso para que fortalezca la rendición de cuentas!
Cinco años habrán transcurrido para el próximo septiembre, en que el gobernador Alonso presentó una iniciativa de ley que, desapareciendo la Auditoría Superior del Estado que está subordinada a la Legislatura, crea un Tribunal de cuentas como organismo autónomo y con facultades jurisdiccionales, de carácter colegiado e integrado por tres magistrados y que puede fiscalizar estados contables de municipios, organismos descentralizados, partidos políticos y hasta a la propia legislatura del Estado.
De verdad que no se entiende: Mientras la Legislatura mantiene congelado el procedimiento legislativo para dictaminar en comisiones la iniciativa que tiene que ver con la rendición de cuentas y cuya ley sería suficiente para que se comience a aplicar una verdadera política de rendición de cuentas en la entidad, mejor se opta por exhortar, que es igual a pedir el favor al gobernador para que fortalezca la rendición de cuentas y la transparencia presupuestal en el estado y en los municipios.
Ya que no se quiere aprobar la iniciativa, resulta, en última instancia, mejor que exhortar, instruir a la Auditoría Superior (ASE) que haga precisamente lo que se pide al Ejecutivo.
Hay, en esta entramada de rendición de cuentas, un punto que rompe la credibilidad que pretenden ganarse los diputados con su exhortativa: “Se niegan los diputados a aprobar resolución punto de acuerdo para auditar nómina del Congreso”, se informa en este diario el viernes 20 de mayo.
O sea “hágase tu voluntad en los bueyes de mi compadre”. Lo que es lo mismo: que se audite a todos, menos a los diputados.
Tan simple sería construir en Zacatecas un auténtico sistema de rendición de cuentas: aprobando la iniciativa que presentó el gobernador en septiembre de 2010.
¿PROCURADOR POR LA DEMOCRACIA?
No siempre los dichos se reflejan en verdades o se anticipan a la realidad. Pongamos por caso “de tal palo tal astilla”, cuya pretensión es aquilatar el parecido físico, ético u otra circunstancia de los hijos para con el padre.
“De tal palo tal astilla” no aplica cuando menos en el caso de Juan Nepomuceno Almonte, hijo de Morelos, pues el vástago se caracterizó por ser de los más fuertes impulsores de la Corona con Maximiliano.
Tampoco aplica en el caso de los hijos de Don Jesús Reyes Heroles: Jesús y Federico Reyes Garza, que no Heroles, quienes se enriquecen a costa de Pemex y para nada son portadores de la ideología de su padre.
Obviamente tampoco aplica en el caso de Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) e hijo del recién fallecido hombre de izquierda y renombrado historiador Arnaldo Córdova.
Lorenzo Córdova, el presidente del INE y, por tanto, podemos decir el procurador por la democracia en el país, fue “ventaneado” en una conversación telefónica, que detalla La Jornada nacional el pasado miércoles 20 y cuyo texto es necesario rescatar:
LC: No mames, cab… desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que es… a ver: había un, no mames, no voy a mentir, ¿eh?, y te voy a decir como hablaba ese cabrón. Hubo uno que me decía: “Yo jefe gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones”. Cuando te estoy diciendo… Se ve que este güey yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, o vio mucho Llanero solitario, con eso de Toro, cabrón. No mames, sólo le faltó decir: “Yo gran jefe Toro sentado, líder gran nación chichimeca”. No mames, cab, está de pánico, cabrón. O acabamos muy divertidos o acabamos en el siquiatra de aquí, cabrón” (sic).
En el programa de Aristegui noticias, Córdova prácticamente se hizo la víctima a fin de evitar entrar a fondo del tema que es la mofa del habla indígena, su lenguaje soez y altanero y su desprecio por el caso Ayotzinapa. “Fue interceptada mi conversación”, se quejó, aunque nunca la desmintió, por lo que presentó denuncia penal para que se castigue a quien se atrevió a penetrar en su privacidad, pero del fondo nada, por más que la periodista trataba de entrar al tema.
Entre los abogados hay una expresión que en este caso se aplica: “Lo que es causa de la causa es causa de lo juzgado”. De tal manera que el asunto a tratar no es la intercepción telefónica que se convierte en tema secundario. El fondo es la causa: el racismo, insensibilidad y frivolidad de quien está encargado en México de promover y garantizar la democracia.
Ese funcionario encumbrado sin méritos percibe cada año 4 millones 194 mil pesos de salario, o sea 333,000 pesos cada mes, más prestaciones. ■
