Los fines y propósitos de la reforma educativa peñista, la llamaremos con este nombre porque se implementó y se hecho andar en el gobierno de Peña Nieto, son en primer término según reza la iniciativa y decreto de reforma constitucional, lograr una educación de calidad vía la evaluación a los maestros y demás componentes de la educación básica y media superior.
Como pronto nos enteramos, la reforma educativa forma parte del acuerdo cupular entre las principales fuerzas partidistas plasmado en el documento conocido como “Pacto por México”, tan festinado en su momento pues su contenido se refería a las reformas estructurales que habrían de permitir el despegue para que el país saliera de la crisis en la que estaba estancado el país cuándo llegó a la presidencia el mexiquense. Urgían se decía las reformas estructurales. Amarrados los votos de panistas y perredistas, el terreno estaba abonado para emprender la transformación de la educación básica y media superior. En consecuencia el titular del ejecutivo sometió el 10 de diciembre de 2012 a la Cámara de Diputados la iniciativa para reformar y adecuar los artículos constitucionales relacionados con la educación, 27° y 3°. De esta forma la iniciativa en cuestión le daba un énfasis laboral a la Reforma al tiempo que reivindicaba y adicionada como propósitos los de una educación inclusiva, al lado de la calidad y la equidad para todos los mexicanos. La iniciativa peñista entendía la calidad educativa “en la medida en que los educandos adquieren conocimientos, asumen actitudes y desarrollan habilidades y destrezas con respecto a los fines y principios en la ley fundamental”. No exenta de retórica, la iniciaba agrega que para alcanzar los fines y principios y lograr una educación de calidad también se requiere que los educandos (“niñas y niños” menciona) tengan una alimentación y salud optimas y cuenten “con los nuevos instrumentos del desarrollo científico y tecnológico para su formación”. Estos complementos dibujan lo que de entrada suena a una utopía convertida en los hechos en buena parte como disto pía, debido los recursos que se requerirán para hacerlos realidad. Se ponía pues la vara alta.
Para la consecución de los propósitos de la nueva RE se convocaba a todos los sectores y actores involucrados en el fenómeno educativo.
A partir de los convenios sobre las mediciones de los conocimientos de los escolares, la iniciativa de ley hace especial énfasis en la evaluación y retoma el antecedente de su práctica en los últimos años. Por tal razón considera necesario la creación de un órgano normativo nacional que sirva como instancia para “la medición y evaluación de alumnos, maestros, escuelas, directores y servicios educativos. Para cumplir con este propósito se requería elevar a rango constitucional el establecimiento de un Instituto Nacional para la evaluación de la Educación, como máxima autoridad en materia evaluatoria.
Siendo el magisterio el actor-sujeto del contrato educativo más importante visto como agente principalísimo del cambio que se busca, la iniciativa no podía dejar de tomar en cuenta a los maestros. Al reconocer el papel que históricamente ha tenido el maestro y su cercanía con la sociedad y tras reconocer los desafíos que ha traído el crecimiento poblacional con los problemas que esto acarrea y que han incidido en un descenso del nivel educativo, se plantea cuidar los mecanismos idóneos para el ingreso al servicio, la promoción dentro de la profesión docente y permanencia. En correspondencia con esto, los cargos directivos y de supervisión deben ser ocupados por quienes reúnan las cualidades que se requieren, desempeño y mérito profesional.
La evaluación habrá de tomar en cuenta el entorno social y grado de desarrollo o en su defecto de marginación en donde se ubica cada escuela.
El documento retoma la crítica que han hecho los maestros por no hacer las evaluaciones integrales. Con la creación del servicio profesional docente, a partir de “una evaluación justa y técnicamente sólida” la sociedad a través del gobierno verá posible la dignificación del magisterio. Si por dignificación estamos entendiendo el que se les retribuya mejor por lo que saben y hacen. No sabemos qué tan justa y sólida haya sido la evaluación que con la aplicación de los cuatro instrumentos a los que fueron sometidos los docentes en este primer periodo de evaluación nacional ocurrida entre noviembre y diciembre pasados, pero el caso es que solo verán incrementado su salario aquellos evaluados con los rangos más altos, según ha mencionado el señor bisoño y picudo Secretario del ramo.
Mención especial merecen los directores y supervisores a los que se les da la encomienda de ser líderes frente a sus maestros auxiliares e importante vínculo con la sociedad. El liderazgo, habrán de ejercerlo con el diseño e implementación de procesos para la mejora del plantel que contribuyan a la calidad y pertinencia de la educación. Nada nuevo bajo el Sol. Es eso justamente lo que han hecho siempre los buenos directores al lado de los maestros responsables y comprometidos cuando su iniciativa y espíritu de trabajo es correspondida por los padres de familia.
Se cuestiona no sin razón como es que hasta ahora no faltan quienes desempeñando cargo directivo y de supervisión no desempeñan sus funciones como debe ser, debido a que no son idóneos para esos puestos. De ahí la pertinencia de la evaluación para que los ocupen los que están capacitados. Tal son los propósitos que inspiran la creación de un servicio profesional docente para que regule vía las evaluaciones el ingreso, desempeño, promoción y permanencia de los profesores de los niveles de educación básica y de media superior. ■
