Si razonamos según la regla llamada ‘por reducción al absurdo’, y suponemos que el gobierno federal sí quiere hacer una reforma a la educación, y con ello, vemos todo lo que se sigue de este supuesto, llegamos a un absurdo. Luego entonces, se anula el supuesto aceptado al inicio. Ocurrida tal cosa, se impone la necesidad de buscar otras explicaciones al comportamiento del gobierno. Y para lograr esto último debemos tejer o juntar los eventos similares del mismo gobierno federal para construir el sentido de su acción. Así las cosas, debemos responder dos preguntas: ¿quiere el gobierno federal la modificación de la educación básica del país?, en caso de que el argumento justifique un ‘no’, preguntamos: ¿qué realmente quiere o cuál es la pretensión verdadera del mismo?
Los argumentos que niegan la intención de reformar la educación nacional han ido, la mayoría, por el lado de afirmar que es una reforma con muy pocos componentes educativos y muchos más componentes administrativos o de regulación de personal. Sin ser falsa dicha afirmación, es insuficiente, porque cabe la posibilidad de que se plantee una estrategia donde las primeras etapas impacten en la formación del personal, y después pasar a modificar los contenidos, como lo ha sugerido Guevara Niebla. Sin embargo, si revisamos la forma misma de la implementación de la nueva política educativa, con ello, es contundente pensar que el gobierno federal no tiene la prioridad de la reforma de la educación, sino hay algunos objetivos que son anteriores (y prioritarios) a esto. Esos propósitos anteriores son los verdaderos objetivos. ¿Qué forma en la implementación de esta política nos dice que no hay la intención real de lograr modificaciones en el aprendizaje de los niños? Veamos.
Es lugar común en los Policy Making, y teorizado por autores canonizados en el área de la hechura de políticas como Pressman y Widavsky, que el fracaso de los objetivos puestos por el Estado se debe al descuido de las llamadas “condiciones iniciales de la política”. Dice Pressman: “La política comienza a abandonar el cielo de los proyectos y deseos y a tocar el mundo real sólo cuando ocurren las condiciones iniciales. Las ‘condiciones iniciales’ son dos hechos: el consenso en torno al objetivo de la política (en torno al acontecimiento que se desea que ocurra); y el consenso en torno a los recursos a utilizar para producir ese efecto”. Las condiciones iniciales están antes de la acción de implementación. Antes de implementar la hipótesis causal (que es lo que constituye el núcleo de una política pública), se tiene que contar con las condiciones que la hagan posible: “La complejidad de la cooperación es el determinante de que no sucedan o sucedan fuera de tiempo y sin impacto las acciones que se esperaba (era previsible) sucedieran”. En suma, sin la participación de los agentes y las condiciones mínimas de consenso entre los actores, no se puede siquiera aplicar la hipótesis que pretende ser la solución al problema planteado. Así las cosas, generar una propuesta que provoca no el desacuerdo o la mera inconformidad, sino la abierta rebelión de los actores del proceso de enseñanza, es destruir las condiciones de posibilidad de toda modificación a la estructura de la educación nacional. ¿Eso lo saben? ¡Claro que lo saben! Luego entonces, si destruyen las condiciones de posibilidad de reformar la educación, entonces no hay intención real de cambiar la realidad de la enseñanza en México.
Así, pasamos a la siguiente pregunta: ¿cuál es el objetivo primario de las acciones del gobierno federal? En el contenido del absurdo arriba expuesto está la punta de la respuesta: al destruir esas “condiciones iniciales” de la reforma a la educación, ¿qué se está haciendo? Es cosa de que verifiquemos otros eventos similares: el ataque al sindicalismo independiente y más tirado a la izquierda, como el SME, junto a la reforma laboral. Lo que le da sentido a todos esos eventos juntos es la destrucción del tejido organizativo que tiene la potencia de constituirse en Movimiento Social Antagónico a la continuidad de su modelo. Los diez años próximos pasados fueron en América Latina de la llamada “primavera de izquierda” donde florecieron gobiernos que intentaron (no creo que lo hayan logrado) forjar gobiernos post-neoliberales. Pero que si obstaculizaron la plena ocupación de sus Estados por parte del poder fáctico del capital multinacional. Pues bien, la condición que hizo posible la emergencia de gobiernos de centro-izquierda en América Latina, como en Bolivia o Brasil, fue la articulación de sendos movimientos sociales que los soportaron. Si se quiere que la ocupación de México no se vea interrumpida, se debe eliminar la “condición inicial” de todo posible cambio hacia la izquierda que ponga en peligro la continuidad del modelo. Es decir, la experiencia pasada en países como Argentina, Ecuador, Uruguay o Bolivia, provocó que los estrategas del capital multinacional, eliminen toda posible emergencia de condiciones sociales que hicieran posible la interrupción de su modelo. Lo que ahora ocurre en Brasil es un claro ejemplo de ofensiva de estos poderes fácticos que mencionamos, en su intento de retomar el control del Estado brasileño, que habían perdido con el Pacto de Lula.
En estos momentos el tema educativo es secundario para el gobierno federal, su prioridad es desmontar todo tejido organizativo de los Movimientos Antagónicos (distintos de los movimientos reivindicativos o políticos Cf: Melucci) que puedan articular una amenaza a su continuidad. Sin embargo, su acción puede provocar justo lo que quieren evitar. ■
