“De manera aislada, el Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres no nos va a dar la visión de los esfuerzos por la integralidad que se está tratando de incorporar a las acciones de gobierno”, dijo la titular de la Secretaría de las Mujeres, Adriana Rivero Garza.
Destacó no obstante que es la primera vez que se genera un instrumento de este tipo, del que dijo, puede considerarse insuficiente y perfectible, pero lo será siempre presupuestalmente lo que se destine a atacar “una problemática o un fenómeno que tiene que ver con patrones culturales muy instaurados en la sociedad”.
Precisó asimismo que este programa al que se destinó un presupuesto de 2 millones 200 mil pesos, “no es el único mecanismo de prevención y atención a la violencia contra las mujeres, pues se aprobaron en el PEF 2018 recursos por alrededor de mil 99 millones de pesos para la implementación de la política de igualdad”.
De esos poco más de millones, 54 se dirigirán a la prevención y atención a la violencia contra las mujeres que atienden no sólo la Semujer sino dependencias como la Procuraduría de Justicia y el Sistema Estatal DIF y la Secretaría de Salud, entre otras.
El pasado miércoles la Unidad de Colectivos en Defensa de los Derechos Humanos de las Niñas y las Mujeres dieron lectura a sus consideraciones hechas a la respuesta al pliego petitorio que entregaron al gobernador del estado Alejandro Tello el pasado 3 de noviembre, entre las que señalaron la inexistencia de una política pública integral y transversal que busque como fin último erradicar la violencia contra las mujeres en el estado de Zacatecas.
Interrogada al respecto, la secretaria de las Mujeres comentó que desde el año pasado el Gobierno del Estado ha trabajado para generar esta política integral, que lo es, expuso, “porque no depende nada más de la Semujer”.
Dijo que su implementación depende de la Secretaría General de Gobierno pero que el diseño de los planes y programas corresponde a la Secretaría de las Mujeres en tanto que persiguen el objetivo de reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, y la prevención de la atención de la violencia contra las féminas, “y la ley –en la materia- es muy específica, tenemos que transversalizar”.
Para ello deben seguirse pasos determinados, uno, contar con diagnósticos específicos que precisó, provienen del Inegi, concretamente de la Endire, que es un parámetro internacional.
“Los planes, los programas y los modelos que tiene Gobierno del Estado y que ha diseñado la Semujer están basados en esas metodologías (…) no los estamos inventando, improvisando”.
Observó que tanto a nivel internacional y por tanto nacional, hay limitantes al respecto, pues todavía “no hay mediciones específicas que nos puedan dar un contexto de la violencia feminicida”, pero hay avances que son los que se están incorporando a los diagnósticos propuestos para el caso de Zacatecas.
Para abordar el problema de la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, que es el sustrato de la violencia hacia ellas, “se tiene que actuar con todas las dependencias y entidades de la administración pública”, expuso.
A través del Sistema Estatal de Violencia que conforman aproximadamente 80 personas involucradas en los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas, etcétera, se revisan los programas y las metodologías para proponer con base en ellos acciones específicas, justo a través del Programa Estatal de Atención, Prevención y Sanción de la Violencia.
Instrumento del que reiteró, “es la primera vez que una administración pública aprueba un programa, lo presupuesta y lo publica” para que su implementación sea obligatoria en todas las dependencias, “lo que da cuenta de los trabajos que se están realizando”.
Así, sostuvo, se han estado fincando bases, “no teníamos estos programas y estos modelos, no teníamos los planes, es más, no teníamos ni los diagnósticos”.
Rivero Garza comentó que el Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para cuya concreción fueron necesarios siete meses de trabajo, fue aprobado en agosto de 2017 y publicado en diciembre del mismo año.
Consideró por tanto que no pueden ofrecerse resultados de él en dos meses y lo que puede exigirse es que las acciones que están proyectadas se lleven a cabo, cosa que aseguró está sucediendo desde el primero de enero.
El instrumento pretende convertirse en un ejercicio de corresponsabilidad entre la sociedad civil, la academia y las instituciones, “tenemos que hacer el ejercicio y tenemos que evaluarnos”, ya que la ley obliga a ello, y a informar semestralmente los resultados.
Se han diseñado los mecanismos para hacer estas evaluaciones no sólo desde las instituciones sino desde las organizaciones de la sociedad civil, pues desde 2017 se conformaron auditorías ciudadanas para que vigilen a las dependencias respecto de cómo implementan y ejercen los presupuestos
El Sistema Estatal de Violencia tiene la obligación de informar semestralmente por lo que la fecha próxima para ello será el próximo julio, y posteriormente en diciembre de este año.
Adriana Rivero Garza aseguró que esto “no quiere decir que las acciones que tienen que desarrollar las dependencias de Gobierno del Estado no las lleven a cabo desde ya”.
En el seguimiento de la política de igualdad cada dependencia tiene que llevar a cabo acciones con el presupuesto independiente que se le ha asignado, que precisará el gobernador el su informe anual.
La titular de la Semujer dijo también que se tienen bien detectadas cuáles son las principales áreas que deben atacarse de manera importante para atender el tema de la violencia contra las mujeres, que precisó en acciones en materia de Seguridad pública y de Procuración de Justicia.
Ayer mismo comentó, se revisó el tema de la capacitación a los policías que iniciará con los estatales para dirigirse después a los municipales en materia de atención a las mujeres víctimas de violencia para no revictimizarlas.
“Es un trabajo que se desarrollara in situ de manera coordinada porque no nada más involucra a una dependencia”, sino a instancias nacionales e internacionales.
Los policías deberán estar certificados y pasar exámenes de control de confianza, para lo que serán evaluados constantemente.
Se trabajará asimismo en la seguridad de las mujeres en espacios públicos: “ese es el gran reto en 2018 que tiene Gobierno del Estado, independientemente de todos estos instrumentos metodológicos que se tienen que implementar, pero sí temeos detectado en donde tenemos que dirigir nuestras acciones”.
El Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que es el instrumento base o guía para todas las dependencias se planteó el objetivo de fomentar la creación de un Observatorio Ciudadano que vigile la política de prevención y atención a la violencia contra las mujeres, que precisó, efectivamente no tiene presupuesto asignado.
Explicó que la participación ciudadana debe gozar de independencia y autonomía, “y el que un observatorio ciudadano esté financiado con recursos públicos pues nos puede llevar a considerar que no es del todo independiente”.
Ejemplificó con el ya instaurado Observatorio de Participación Política de las Mujeres que no está financiado y sus integrantes no reciben recursos, aunque hay algunas acciones sí como la página de Internet o el pago de los lugares donde se desarrollan las sesiones.
Sobre el tema de la realización de un foro ciudadano para la conformación específica del Programa estatal de violencia, dijo que la Ley de Participación Ciudadana que regula las consultas y plebiscitos tiene limitantes temporales, referidos a la veda electoral.
“La observamos el año pasado y en ese sentido fue que Gobierno del Estado propuso el establecimiento de mesas de trabajo en materia de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres en las que participaron integrantes de la Unidad de Colectivos por la Defensa de los Derechos Humanos de Niñas y Mujeres, organización a quien se les solicitó que pudiera esperar por la coyuntura electoral a la realización del foro, “porque legamente estábamos impedidos (…) pero que nos permitieran avanzar en los trabajos y no tener que detenerlos hasta el segundo semestre del 2018”.
Adriana Rivero Garza dijo por último que trabaja todo el año con organizaciones de la sociedad civil, incluidas las integrantes de la Unidad de Colectivos, y se manifestó “abierta a cualquier crítica que tenga como objetivo fortalecer los trabajos y los grandes esfuerzos que estamos haciendo desde las instancias de gobierno”.
