■ Sólo está por debajo de las 195 de Guerrero y 191 que reportan tanto Nuevo León como Veracruz
■ De acuerdo con la CNDH, se reportaron 855 fosas ilegales en el país en los últimos 10 años y de donde fueron exhumados un total de mil 548 cadáveres
Zacatecas es el cuarto estado del país con mayor número de fosas clandestinas localizadas en los últimos 10 años, tan sólo por debajo de Guerrero, Nuevo León y Veracruz. Así lo concluye la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Informe Especial Sobre la Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México que fue presentado esta semana.
En el estudio se habla, entre otros temas, de las fosas clandestinas localizadas desde el primero de enero de 2007 hasta el mes de septiembre de 2016 en México y para las estadísticas se señala que fueron enviadas solicitudes de información tanto a las instancias federales como a las procuradurías de justicia y fiscalías de los estados.
En el periodo referido, las autoridades en Zacatecas reportaron a la CNDH un total de 83 fosas, mientras que Nuevo León y Veracruz informaron acerca de 191 y Guerrero reportó la ubicación de 195.
Las entidades que respondieron a la solicitud de información de la Comisión, puesto que hubo algunas que omitieron enviar los datos requeridos, reportaron 855 fosas clandestinas en estos 10 años y en las que fueron exhumados un total de mil 548 cadáveres.
De esta cifra, se precisa en el informe, mil 53 correspondieron a hombres y 152 a mujeres, mientras que en 343 casos el sexo no fue especificado. Asimismo, se expone que 621 de los cuerpos eran de personas mayores de edad, y 28de menores de 18 años. Respecto a las edades, no se hizo la precisión de los años en torno a 899 cadáveres.
Otro dato que advierte la CNDH en estas estadísticas se refiere al número de personas que fueron identificadas. En este sentido, se apunta que se conoce la identidad de sólo 796 de las mil 548 halladas en total, es decir, apenas 51 por ciento.
En el informe, la Comisión explica que “una fosa clandestina es aquella que se realiza de manera secreta u oculta por ir en contra de la ley, con el propósito de esconder lo que en ella se deposita, evitando, entre otras cosas, que las autoridades puedan investigar y sancionar las razones de la inhumación”.
El organismo defensor de los derechos humanos expone su preocupación ante el incremento del hallazgo de lugares de estas características. “Sobre el particular, tanto las autoridades de los tres niveles de gobierno como los diversos medios de comunicación, han manifestado que su existencia deriva de la violencia provocada por la delincuencia organizada, sin descartar, en algunos casos, la participación, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado en realización”, indica.
La sociedad, obligada a sustituir
omisiones del Estado
Las “constantes movilizaciones” de los familiares de desaparecidos y de las organizaciones sociales, dice la Comisión, han sido determinantes para que el Estado mexicano reconozca que existe un problema creciente en este ámbito.
Sin embargo, la falta de respuesta, advierte la CNDH, ha provocado que en la mayoría de los casos sean los miembros de la sociedad civil los que realicen las labores de búsqueda, no sólo coadyuvando con las instancias gubernamentales, sino convirtiéndose en “verdaderos investigadores”.
Al respecto, se precisa que los ciudadanos, “sin ningún tipo de recursos económicos ni de conocimientos científicos, acuden por sus propios medios a los campos, montañas, cerros, terrenos baldíos, entre otros lugares del territorio nacional, con los riesgos a su integridad que ello implica, a realizar excavaciones con herramientas de tipo rudimentario, logrando encontrar hasta ahora un número considerable de entierros ilegales”.
No obstante, se señala que esta responsabilidad no debe recaer en la sociedad sino en las autoridades, “las cuales no pueden ser omisas en sus tareas de seguridad, búsqueda de personas desaparecidas, persecución y sanción de los responsables, a fin de respetar el derecho a la verdad”.
La CNDH concluye que el Estado no puede renunciar a sus obligaciones constitucionales y legales en materia de prevención e investigación, además de que “no pueden asumir una conducta pasiva ante lo que hoy varios colectivos de familiares, sustituyendo la tarea del Estado, realizan para encontrar a personas desaparecidas”.
Discrepancia en cifras de desaparecidos
Aparte de los datos sobre fosas clandestinas y cadáveres hallados en ellas en el país durante la última década, el informe también aborda de manera exhaustiva el tema de las desapariciones en el país.
Este problema, advierte la Comisión, es uno de los efectos “más graves y evidentes de la ausencia de condiciones mínimas de seguridad” para la sociedad.
El número de personas que se encuentran en paradero desconocido se ha disparado en 10 años. De acuerdo con lo reportado en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en este periodo se pasó de un tener un registro de 662 casos en 2007 a 3 mil 805 en 2016.
También a través de solicitudes de información a instancias federales y estatales, la CNDH informa que se obtuvo el dato de 57 mil 861 personas desaparecidas en los últimos 20 años.
No obstante, la CNDH precisa que, por la información insuficiente que se obtuvo, esta cifra no significa que sea el número total de personas de las que no se conoce su ubicación, ya que faltaría precisar cuántas de ellas han sido ya localizadas.
La instancia nacional reporta una serie de inconsistencias entre las cifras obtenidas por vías oficiales y concluye que estas diferencias “ponen en evidencia la necesidad de que las autoridades procedan a sistematizar, compulsar y depurar los datos de personas desaparecidas”.
A la par del aumento que se refiere en el número de personas desaparecidas en los últimos años, la comisión puntualiza que ha habido un repunte de la impunidad en los casos que son denunciados ante las autoridades.
La investigación llevada a cabo por la CNDH asegura que los resultados obtenidos permitieron “confirmar que el problema de las desapariciones subsiste en el país como consecuencia, entre otros factores, de la falta de procuración de justicia pronta y expedita, que lejos de producir investigaciones eficaces y sustentables para la localización de las víctimas y el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables, en la mayoría de los casos sitúa a los agraviados y a sus familias en estado de abandono, revictimizándolos al hacerles nugatorios sus derechos”.
