Washington. Activistas celebraron la apelación que el gobierno del presidente Barack Obama presentó el viernes ante la Corte Suprema para que se pronuncie cuanto antes sobre sus planes de impedir la deportación de millones de inmigrantes que se encuentran en situación irregular.
En tanto, grupos partidarios de mayores restricciones a los 11 millones de inmigrantes que residen en Estados Unidos sin autorización criticaron al gobierno federal por pedir a la Corte que revise el fallo emitido este mes por un tribunal de circuito, el cual impidió la implementación de los beneficios para cinco millones de inmigrantes anunciados por Obama hace exactamente un año.
«Estamos aquí celebrando esto (la apelación) y enviando el mensaje a la Corte de que es el momento de actuar para que liberen a cinco millones de nuestros hermanos y hermanas», dijo Gustavo Torres, presidente de Casa de Maryland, ante docenas de personas concentradas frente al máximo tribunal con pancartas y banderas. «Los jueces son seres humanos y nos escuchan y creo que van a tomar una decisión a nuestro favor», agregó.
Una de las manifestantes era María Guevara, un ama de casa hondureña de 41 años que asistió con dos hijos.
«Ya arreglaron los matrimonios homosexuales y la ley de salud. Ahora les toca resolver lo que nos afecta a cinco millones de personas. Esto es muy importante», dijo Guevara, quien necesita regularizar su estatus migratorio al igual que su esposo y tres de sus seis hijos.
Casi simultáneamente, docenas de personas se manifestaron frente a la Casa Blanca con altavoces y consignas.
Alejandro Santiago, un jornalero guatemalteco de 35 años, indicó que a un año desde que el beneficio migratorio fuera anunciado «aún no tenemos nada. Queremos recordar que seguimos pendientes porque tenemos miedo a las deportaciones».
Los beneficios migratorios, conocidos por sus siglas en inglés como DAPA, no han podido ser implementados desde que un grupo de 26 gobernadores republicanos encabezados por Texas interpusieron una demanda alegando que Obama había abusado de su autoridad presidencial.
El senador texano John Cornyn, el segundo más importante en la bancada republicana, dijo el vienes estar convencido de que «el estado de Texas prevalecerá en este caso».
Roy Beck, presidente de una organización que busca reducir la inmigración llamada NumbersUSA, señaló que la apelación ante la Corte Suprema «es solamente el ejemplo más reciente de que la principal prioridad para el presidente Obama es permitir a millones de extranjeros apropiarse de empleos estadunidenses».
Si la Corte acepta el caso podría fallar hacia fines de junio de 2016. Si los jueces no aceptan el caso para mediados de enero, el asunto probablemente no se resolverá durante la presidencia de Obama, que finaliza en enero de 2017.
