La pensión alimenticia es un derecho que se reclama en primer lugar para niños, niñas y adolescentes. Esto tiene que quedar bien claro, porque generalmente cuando hablamos de pensiones alimenticias la discusión se da en torno a las mujeres. En muchos casos esta discusión se vuelve un ejercicio para denigrar a la mujer en que se le cuestiona su carácter y moralidad. Hablar de la pensión alimenticia es confrontar al México patriarcal que enaltecía a hombres con «hijos e hijas regados» que no recibían ningún tipo de apoyo de sus padres.
En nuestro país existen aún enormes prejuicios y estereotipos que invisibilizan las necesidades de niños, niñas y adolescentes. Los estereotipos ponen toda la carga del cuidado en las mujeres. Esto crea un sesgo de género, una acción que termina por afectar de manera desproporcionada a las mujeres, y eventualmente se vuelve un mecanismo de violencia. Es por esto que hay una relación profunda entre la violencia vicaria y el incumplimiento de la pensión alimenticia, ya que la mayoría de las personas que son deudores alimenticios ejercen violencia vicaria. En ella, la pensión se usa como un arma para lastimar a las mujeres.
El gran número de deudores refleja igualmente la profunda crisis familiar en nuestro país, en que la carga del cuidado y desarrollo de los hijos e hijas recae mayoritariamente en la mujer. Las activistas han mencionado que «dos de cada tres hombres no pagan la pensión alimenticia». Por otra parte, a veces es difícil que se conceda y ejerza este derecho ya que muchos casos se resuelven después de largas batallas judiciales. Estas implican recursos que las mujeres más vulnerables no tienen. Aunque tampoco debemos de pensar que esto es un problema que sólo les pasa a las mujeres de escasos recursos: el incumplimiento sucede en todos los niveles sociales de nuestro país. Por otra parte, el incumplimiento de la pensión se beneficia de la informalidad en el empleo en México, en que muchos hombres no tienen ingresos fijos, reportan ingresos menores, u ocultan bienes para evitar pagar la pensión en el grado que la ley marca.
Este fenómeno crea además círculos viciosos. Pone en peligro el desarrollo social de niños, niñas y adolescentes, pues crea inseguridad alimenticia e inestabilidad social. Es decir: niños, niñas y adolescentes que no comen y en algunos casos dejan de ir a la escuela. Esto hace que las madres se tengan que ausentar más de casa, pues deben de compensar el dinero de la pensión con trabajo extra. Así se crea una cadena de carencias en las infancias afectadas en dos grandes áreas la económica y la personal.
Es por esto que se está hablando de impulsar la «Ley Sabina», que busca garantizar que las madres de familia reciban pensión para sus hijos e hijas por parte de los deudores alimenticios. Esta sería una ley de carácter federal que contribuiría a armonizar y homologar las diferentes normativas que existen a nivel nacional. Quienes la impulsan proponen diversos mecanismos para evitar que se incumpla la responsabilidad: crea un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, se pide que se les incluya en el buró de crédito, y que se avise a futuras cónyuges si su pareja esta en este registro. Este tipo de medidas se une por ejemplo a la emitida por el INE que en 2021 determinó que no podrían ser candidatos personas que hayan sido sancionadas como deudor alimentario o que tuvieran asuntos similares.
Dar certeza jurídica al pago de la pensión alimenticia es dar certeza a miles de niñas, niños y adolescentes, y a familias que se ven afectadas por conductas machistas. Su protección contribuye directamente a un desarrollo más pleno de la infancia, y este a su vez contribuye a tener una sociedad más sana.
