De nueva cuenta, al igual que en otras votaciones controvertidas, en la madrugada del día 16 de mayo, después de 10 horas de discusiones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, las leyes secundarias de la reforma político-electoral, que incluye, entre otras, la normatividad sobre las facultades del recién creado Instituto Nacional Electoral (INE). También, entre las leyes aprobadas, y empujadas por la mayoría priísta, se encuentra la que otorga un bono vitalicio a jueces y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El pasado miércoles entre los temas a discutir, estaba incluida una adición al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que establece como atribución de la Comisión de Administración del TEPJF, conformada por tres consejeros de la judicatura federal y dos magistrados de la Sala Superior, la siguiente facultad: «31. Determinar, en su caso, el haber de retiro de los magistrados de la Sala Superior», adición que en reiteradas ocasiones había sido rechazada por legisladores de oposición.
Ese “haber de retiro” se remonta a la reforma constitucional de finales del año pasado, cuando Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia, quiso meter, a través de dos transitorios a la Constitución, dos beneficios para los siete magistrados: ampliar su período cinco años y homologar el sistema de pensiones a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que significaría un «haber de retiro» o una pensión vitalicia, lo que fue detenido en las discusiones sobre en la reforma constitucional.
Habría dos magistrados que recibirían los mayores montos por el «haber de retiro» son la ex presidenta del tribunal, María del Carmen Alanís (185.6 millones de pesos), y Salvador Olimpo Nava Gomar (196.8 millones de pesos), ambos fueron previamente operadores en este tribunal para obtener resoluciones favorables a los intereses del PRI.
Carmen Alanís fue fundamental en el litigio que envolvió a Alejandro Encinas por la dirección nacional del PRD en 2008 donde votó a favor de Jesús Ortega, que quedo como presidente de este instituto político, y fue ventaneada por un encuentro que tuvo en su casa con representantes del gobierno de Peña Nieto en vísperas de resolver el uso ilegal de recursos públicos del Estado de México, utilizados para promover al entonces gobernador mexiquense en spots, y en el caso de Salvador Olimpo Nava Gomar, fue pieza clave para habilitar a Jorge Hank Rhon como candidato del PRI a la gubernatura de Baja California.
Sin, embargo, lo más grave de esto, es que existen aún asuntos pendientes extremadamente delicados en el escritorio de los magistrados para la vida social del país, integrantes de este tribunal, cruciales en la elección presidencial de 2012: el Monexgate y el presunto rebase de topes de gastos de campaña del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, asuntos de suma delicadeza, ya que implican la legitimidad del mexiquense como presidente de la república, casos, entre otros, que aún no se ha resuelto, no se ha emitido alguna resolución.
El presidente de la Comisión de Reforma del Estado, senador de extracción priísta, afirmó que este «haber de retiro» es necesario «para garantizar la independencia y autonomía judicial» de los magistrados.
En un comunicado de prensa enviado la noche del jueves 15, el legislador afirmó que el texto de la minuta aprobada en el Senado «estuvo en los correos electrónicos distribuidos por el suscrito, en mi calidad de presidente de la Comisión de Reforma del Estado, al grupo de trabajo integrado por las diferentes fuerzas políticas; e incluso sufrió modificaciones ese artículo en las mesas de trabajo previas a la dictaminación. La citada fracción 31 del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación fue parte del proyecto de dictamen y del propio dictamen aprobado en lo general por las comisiones dictaminadoras», y lo peor, afirmando que: “Es falso que se haya otorgado una pensión vitalicia a los integrantes de la Sala Superior del TEPJF», según justifico el legislador priísta.
Es de destacar el amplio rechazo generalizado que ha provocado este caso ante la sociedad, al punto que coordinadores del PAN, PRD, e incluso, algunos del PRI están declarando que buscaran los mecanismos para echar abajo esta resolución, que fue presentada en paquete en el marco de la aprobación de las leyes secundarias de la reforma político – electoral, en un caso que claramente pondría en entredicho todas las resoluciones futuras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (los funcionarios públicos mejor pagados del país) pudiera realizar de ahora en adelante, ensombrecidas con la sospecha de la corrupción, de una aplicación de la justicia sesgada y con línea a favor del régimen Priísta que mal gobierna al país.
Todo esto pone en tela de juicio la legalidad e imparcialidad del aparato de justicia electoral en su conjunto. Nuestro país, que ya comienza a recibir los impactos económicos de las presuntas “Reformas estructurales” no puede permitir más atentados contra la integridad de sus instituciones, que a estas alturas, no pueden garantizar su confiabilidad como árbitros de los siguientes procesos electorales, que seguramente serán complicados y manchados de antemano con la sombra de la corrupción y el fraude, que es lo único que puede garantizar este régimen corrupto y corruptor. ■
*Coordinador de la Comisión Operativa de
Movimiento Ciudadano en Zacatecas
