En la construcción de un gobierno democrático, incluyente y solidario, la cultura se debe establecer como una prioridad y como estrategia política para el desarrollo social y económico del estado.
La cultura implica la visión y concepción del proyecto de sociedad que queremos para el futuro y las nuevas generaciones, deberá ser uno de los ejes trasversales de las políticas públicas.
Es necesario un ejercicio para reflexionar de manera crítica e integral de los avances y rezagos de lo que se ha construido como modelo cultural en los últimos años en nuestro estado.
La cultura refleja las identidades simbólicas y sociales, así también las diferencias y cambios que caracterizan el siglo XXI, es interesante académica y teóricamente describirlos y conceptualizarlos.
Es una responsabilidad del estado definir y conducir una política cultural para crear las condiciones que propicien la más amplia participación de los ciudadanos reconociendo la diversidad y pluralidad simbólica, así como social, étnica, política, ideológica, de género en el contexto de una tensión entre la tradición y la modernidad, entre lo local y lo global, la emergencia de nuevas y demandantes generaciones de jóvenes.
Es en el campo cultural donde las sociedades han concentrado necesidades humanas tan diversas (y aparentemente secundarias) como la memoria colectiva, en su sentido más genérico de identidades universales, étnicas o locales; el ejercicio de la belleza y el placer, en sus versiones más generalizadas del arte, la gastronomía y la fiesta; el territorio de la imaginación pura, por los caminos de las ficciones artísticas, las utopías y los modos de vida “contraculturales”; y los modos de poner en escena la trascendencia de la experiencia humana a través de los imaginarios estéticos que recrean la maravilla y el horror, la tragedia y la felicidad, en tanto componentes inexorables de la experiencia humana a los que todos debemos enfrentarnos.
Por esta razón hay que distinguir muy claramente entre el sistema cultural y las políticas culturales. El sistema cultural, para seguir las conceptualizaciones de José Joaquín Brunner, es la cultura real y concreta de una sociedad, que nunca se reduce a las intervenciones del Estado y sus instituciones, ni a las del mercado y sus operaciones, y se conforma a la manera de un “ecosistema” en donde se entrecruzan, conviven y se recrean productos, mensajes y prácticas culturales tan diversas como los provenientes de los massmedia, los cultos religiosos, los discursos institucionales, los fenómenos contraculturales, la memoria popular tradicional, los valores de la nacionalidad o los ritos de la vida familiar.
Las políticas culturales, en cambio, son intervenciones, consientes, intencionadas, formales, racionales y estratégicas realizadas desde el Estado para tratar de incidir sobre un determinado sistema cultural, apuntando a corregir sus fallas, compensar sus carencias o reforzar sus potencialidades. La puesta en marcha de políticas culturales enfrenta un gran número de retos para su adecuada y próspera ejecución. Por ello, es menester la elaboración de políticas públicas consistentes que establezcan parámetros y lineamientos a largo plazo. En buena parte de los casos, ello implica asumir decisiones de complejidad y avanzar asumiendo obstáculos, imprevisiones e imprecisiones constantes.
Los principios fundamentales en los que se basan las políticas culturales, son:
La promoción de la identidad cultural; La protección de la diversidad cultural; El fomento de la creatividad, y La consolidación de la participación ciudadana.
Los derechos culturales deben ser entendidos como derechos de carácter fundamental según los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Su ejercicio se desarrolla en el marco del carácter integral de los derechos humanos, de forma tal, que ese mismo ejercicio permite y facilita, a todos los individuos y grupos, la realización de sus capacidades creativas, así como el acceso, la participación y el disfrute de la cultura.
Estos derechos son la base de la plena ciudadanía y hacen de los individuos, en el colectivo social, los protagonistas del quehacer en el campo de la cultura.
La participación ciudadana es esencial para el desarrollo de las culturas, deben existir marcos normativos e institucionales que faciliten dicha participación en todas sus manifestaciones.
En el conjunto de las actuaciones públicas, es esencial tomar en cuenta la dimensión cultural que puedan presentar para el fomento de la diversidad y la consolidación del espacio cultural.
Los programas y las acciones culturales deben reflejar la complementariedad existente entre lo económico, lo social y lo cultural, teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer el desarrollo económico y social
Las actividades, bienes y servicios culturales son portadores de valores y contenidos de carácter simbólico que preceden y superan la dimensión estrictamente económica.
Los procesos de desarrollo económico y social sustentables, así como la cohesión e inclusión social, sólo son posibles cuando son acompañados por políticas públicas que toman plenamente en cuenta la dimensión cultural y respetan la diversidad.
Los Estados tienen la facultad y la responsabilidad de formular y aplicar políticas de protección y promoción de la diversidad y del patrimonio cultural en el ejercicio de la soberanía nacional
La ejecución de estas políticas implica institucionalizar las organizaciones que han de asumir los encargos; diseñar los canales de negociación e interlocución con los diferentes actores culturales y definir las acciones previstas en las organizaciones estatales, sector privado, educativas y sociedad civil.
Como líneas estratégicas para una política cultural proponemos:
- Afirmar el valor central de la cultura como base indispensable para el desarrollo integral del ser humano y para la superación de la pobreza y de la desigualdad;
- Promover y proteger la diversidad cultural que es origen y fundamento de la cultura, así como la multiplicidad de identidades, lenguas y tradiciones que la conforman y enriquecen;
- Consolidar el espacio cultural como un ámbito propio y singular, con base en la solidaridad, el respeto mutuo, la soberanía, el acceso plural al conocimiento y a la cultura, y el intercambio cultural;
- Facilitar los intercambios de bienes y servicios culturales en todos el espacios culturales en el estado
- Hacer de la política cultural un componente central de la política de desarrollo social y sustentable.
- Promover en la Ley de Cultura el derecho a el disfrute de los bienes y participación de las obras culturales y artística para todos los habitantes ■
