No es nuevo decir que Zacatecas atraviesa una grave y profunda crisis de desaparición de personas. Sólo para dimensionar la gravedad de la situación, en el estado tenemos más de 3.600 registros de personas desaparecidas y/o no localizadas según la Comisión Nacional de Búsqueda, y en los años 2021 y 2022 Zacatecas tuvo las tasas de desaparición de personas por cada cien mil habitantes más altas de todo México. Pero como si todo esto fuera poco, este 2023 las cifras se han agudizado y concluiremos con el peor registro histórico de víctimas de este crimen atroz. En este contexto la movilización de los colectivos de madres y familiares de personas desaparecidas ha crecido y se ha hecho cada vez más visible. Desde la dignidad de no claudicar a pesar del drama que implica la desaparición de un ser querido, los colectivos de víctimas en Zacatecas han apelado a diversas acciones como las marchas, acciones simbólicas, reivindicación de la memoria de sus seres queridos, pegas masivas de fichas de búsqueda, búsquedas individual y colectiva, e interlocución con las autoridades esperando respuestas. Las respuestas de las autoridades, hasta ahora, han sido principalmente simulación
Luego de la Ley Federal en materia de desaparición y la Ley estatal, las familias conquistaron un amplio catálogo de derechos. Uno de los marcos que movilizó con más claridad las reivindicaciones desde el movimiento nacional de víctimas fue la consigna “sin las familias no”, la cual deriva de la histórica desconfianza que se ha tenido frente a un Estado y gobiernos indolentes que no han sabido dar respuesta a la crisis de desaparición. Al mismo tiempo, es una demanda de reconocimiento y contra la invisibilización de quienes han cargado con el trabajo que no hacen los gobiernos: el resguardo de la memoria de las víctimas y la búsqueda.
En Zacatecas existe un diseño institucional que en teoría debería dar respuesta a la crisis de desaparición de personas y la localización de estas. Allí destaca el trabajo que debe realizar la Comisión Local de Búsqueda, la Fiscalía Especializada en la Materia y la Comisión de Derechos Humanos del Estado. El trabajo debe realizarse en coordinación con autoridades de todos los niveles de gobierno y con el impulso de las autoridades estatales. No obstante, los resultados son desastrosos y responden a un patrón de simulación. Tres datos son contundentes: 1) las desapariciones aumentan como nunca; 2) las localizaciones son pobres e insuficientes (si la persona no es localizada en los primeros días de su reporte tiene muy bajas posibilidades de ser encontrada); 3) persiste una impunidad absoluta alrededor de este crimen (menos de un puñado de sentencias). Quienes hemos tenido la oportunidad de acompañar en algún momento a las familias de las víctimas podemos advertir que estas instancias institucionales fungen más como administradoras del sufrimiento que como otra cosa.
Una muestra de lo anterior es lo recién sucedido con la organización de la Segunda Brigada Nacional de Búsqueda en Vida que debía realizarse entre el 1 y el 15 de noviembre de 2023 en el estado de Zacatecas, y para la cual se habían registrado casi 100 familiares de todo el país, con la esperanza de realizar lo que vienen haciendo hace años: la digna búsqueda de sus seres queridos. Los colectivos de familiares de Zacatecas (Buscadoras Zacatecas; Siguiendo tu Rastro con Amor; Amor, Esperanza y Lucha; Ranadez; Ángeles Rastreadoras con Amor; Familias en Búsqueda de una Esperanza) estuvieron sentados con la Comisión Local de Búsqueda e instancias correspondientes desde marzo del presente año impulsando la realización de la Brigada. Sin embargo, y por sorprendente que parezca, luego de más de medio año las autoridades de gobierno no pudieron resolver la logística de los trabajos que los colectivos solicitaban. En un comunicado conjunto publicado el 16 de octubre, los colectivos hicieron saber que la Brigada no se iba a realizar y que debió ser aplazada. En este documento señalan cosas tan básicas como que no tuvieron resuelto el asunto de los hospedajes para las madres buscadoras que asistirían de todo el país; que no existía un calendario acordado ni autorizado por todas las instancias competentes; o que las autoridades se resisten a realizar búsquedas en campo en zonas donde hay indicios de localización de cuerpos porque no existen condiciones de seguridad. Al respecto, con claridad advierten: “el argumento de no tener condiciones de seguridad para garantizar esas búsquedas va en contravía de los mensajes que a diario envían las autoridades de gobierno diciendo que la seguridad en el Estado está garantizada. O nos mienten a nosotras, o le mienten a la sociedad”.
Otro de los rubros que muestra el desdén institucional es la falta de un Programa de Atención y Prevención de la desaparición de personas, el cual están obligados por Ley a implementar. A pesar de llevar dos años en el gobierno, la administración Monreal tampoco ha diseñado un Programa Estatal de Búsqueda, lo cual muestra, nuevamente, la falta de importancia que tiene esta crisis para las autoridades. Esto es además muy grave pues retomando las palabras de Rubén Figueroa (valiente buscador que no claudicó hasta el último de sus días en la lucha por expandir la esperanza en todo el territorio nacional), “el problema es que sigue desapareciendo la gente. Todos los días. Es decir, no solo basta con encontrarlos o que encuentres más fosas. Necesitamos que las personas dejen de desaparecer”.
Este tipo de comportamiento muestran que las instancias correspondientes fungen, principalmente, como administradoras del sufrimiento, burocratizan y desmovilizan las demandas de las víctimas. Algo de complicidad existe con la impunidad autorizada por el gobierno y las Fiscalías. Por eso, ahora más que nunca, es importante seguir exigiendo cuentas a los gobiernos ante lo que son obligaciones por Ley. Más aún en un contexto nacional en el que se quieren modificar los registros de las personas desaparecidas incumpliendo la máxima ya citada: “sin las familias no”.
