Hasta el momento han sido aprobadas 17 leyes estatales. En algunos casos hay retrocesos respecto a la LGDNNA, como es el caso de Chiapas, donde la ley local manda a un rincón administrativo la máxima autoridad del sistema estatal, o como el de Zacatecas, que desecha del anterior ordenamiento la paridad entre sociedad civil y gobierno en el consejo estatal y los consejos municipales, para establecer que los representantes de ésta tendrán que ser nombrados por un sistema donde el gobierno tiene mayoría. En resumen, en el mejor de los casos, las leyes locales serán copia de la LGDNNA.
Las preocupaciones y recomendaciones del CDN tendrán que ser atendidas por el gobierno con base en el nuevo marco legal. También, mientras las cosas no cambien, con la institucionalidad actual y los recursos actualmente asignados.
Desgraciadamente son reales las señales de un gobierno que mira el futuro por el espejo retrovisor. No acaba de tomar conciencia de que la mejor forma de inutilizar a los sistemas nacional, estatal y municipales, corazón de la ley de infancia, es la negativa a funcionar de forma articulada y a través de políticas que asuman la complejidad de la realidad de niñas, niños y adolescentes, una Procuraduría débil, y la insistencia en no colocar por delante los recursos que se requieren para la transformación de la política de infancia del país.
También hay que decir que sigue la reticencia a la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil (no se diga a definir mecanismos para la participación infantil). El Gobierno Federal mandó la “línea” de que no se permitiera intervenir en la construcción de la armonización legislativa en los congresos locales a la REDIM y a otras muchas organizaciones locales porque se les considera un obstáculo para que el gobierno determine leyes locales a su antojo. Una intención real ha sido, y sigue siendo, asegurar que sólo las organizaciones a modo tengan voz y voto en el sistema. Como me dijo un funcionario cercano al Congreso de Veracruz: “al gobierno no le gusta la participación de la sociedad civil”
La propuesta gubernamental de reglamento de la LGDNNA es realmente muy pobre, tanto en términos de la participación de las OSC, como del funcionamiento del sistema nacional. Las OSC impulsan un diálogo intenso con el gobierno que, hay que reconocer, cada vez es más receptivo y cuidadoso de las formas, pero no sale de su impulso natural de ir hacia atrás.
Al gobierno de México le cuesta mucho trabajo funcionar bajo el escrutinio internacional y reconocer a plenitud la actuación de las organizaciones que defienden los derechos de niñas, niños y adolescentes. El gobierno de México debe superar una actitud que recibe las recomendaciones internacionales como agresiones directas y enfocarse en la solución de los problemas, y asumir como legítimas las propuestas de los ciudadanos en tanto parte interesada en la garantía y promoción de los derechos humanos.
Sobre todo ya es tiempo de que el gobierno, de una vez por todas, asuma que el debate es la mejor forma de tener una conversación pública civilizada, orientada a colocar luz sobre los problemas y encontrar soluciones plausibles. Lo demás es ir contracorriente.
A la sociedad civil le toca asumir el desafío de impulsar la agenda que marca el CDN proponiendo, con base en buenas prácticas y la experiencia internacional, la política y la institucionalidad que se requiere para garantizar los derechos de cada niña, niño o adolescente en el terreno local.
La ley general es un logro indudable de legisladores, organizaciones y organismos internacionales, que nos coloca en la línea de los estándares globales en la materia. Sin embargo, nuestra realidad presenta desafíos para garantizar derechos en todos los estados y municipios.
La ley general, como señala Isabel Crowley, representante de Unicef en México, “será trascendental para el presente y el futuro de la infancia en el país y por lo tanto para el desarrollo de México en términos sociales, económicos y de justicia”, por lo que resulta estratégico “asegurar su adecuada implementación y garantizar que los nuevos mecanismos e instituciones previstos por la misma tengan condiciones para operar de manera eficiente”.
En ese momento estamos, precisamente, en el de defender lo que logramos y de limitar lo más posible la cultura política en la que “se obedece pero no se cumple”.
Queremos que las nuevas LGNNA y las leyes locales sepan a garantía de derechos. Queremos leyes y actos políticos que sepan a efectividad para garantizar el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la protección especial, el derecho a la justicia, no a leyes que sepan a leyes de papel o a dádivas o a limosnas. La LGNNA está muy bien, pero debemos actuar para ponerle sabor a los derechos con lo único que pueden saber a algo: políticas públicas sólidas y presupuestos adecuados, con participación ciudadana en su ejercicio. Ya estamos hartos, al igual que el CDN, del “Efecto Dorito” en materia de garantía de derechos humanos. ■
