Diputados y diputadas de la Sexagésima Cuarta Legislatura del estado, solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas su “urgente intervención” para investigar las violaciones graves de los derechos de las personas desplazadas de las comunidades pertenecientes a los municipios de Jerez, Tepetongo, Valparaíso, Fresnillo y Monte Escobedo, y en su caso, formule las recomendaciones a las autoridades responsables de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas afectadas, para que den solución al problema referido.
Asimismo, solicitaron desde tribuna, se remita un informe a esa Soberanía Popular sobre el avance de la investigación y demás documentación derivada de su actuación respecto al desplazamiento forzado interno en la entidad. También, pidieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) coadyuve con la CDHEZ para investigar las violaciones graves de los derechos humanos y la probable comisión de delitos en contra de las personas desplazadas.
El desplazamiento interno, refirieron los legisladores en su exposición de motivos, es una problemática generalizada que según la Organización de las Naciones Unidas afecta a más de 79.5 millones de personas en todo el mundo, como consecuencia de conflictos violentos, violaciones manifiestas de los derechos humanos y causas en las que la discriminación tiene un papel significativo y generan, casi siempre, condiciones de sufrimiento para las personas afectadas, puesto que cortan los lazos sociales y culturales, ponen término a relaciones de empleo sólidas, perturban las oportunidades educativas, niegan el acceso a necesidades vitales como la alimentación, la vivienda y la medicina, y exponen a personas inocentes a actos de violencia en forma de ataques a los campamentos, desapariciones y violaciones.
Pero este no es un problema lejano que sólo suceda en otros países u otros estados, señalaron, sino que es un problema que ha comenzado a afectar, de manera significativa, a la ciudadanía zacatecana. Ante ello, aseguraron, todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; y en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
“En razón a lo anterior, esta Legislatura tiene el deber de actuar, en ese sentido, aun cuando nuestras facultades no son de impartición ni procuración de justicia o de autoridad investigadora, si tenemos la facultad de solicitar a quien le corresponda, intervenir para dar soluciones a situaciones tan graves como la que hoy nos ocupa”.
Por ello y con base en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, que en su artículo 23, establece que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas será la encargada de la defensa y promoción de los derechos humanos en el estado, y la que formulará recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas y que todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presente la Comisión es que realizaron dicha solicitud.
En Zacatecas, agregaron, se manejan cifras aproximadas de alrededor de 10 mil personas desplazadas por la inseguridad que aqueja al estado, y que en este momento están necesitadas de protección y asistencia, que lo menos que esperan de las autoridades es que en cumplimiento a los principios constitucionales, actúen de manera inmediata para contener el agravio a sus derechos humanos. “Estamos en una situación de emergencia y hoy nuestros paisanos necesitan del apoyo de todos”.
“En los últimos días, hemos sido testigos del grito de auxilio de los habitantes de las 16 comunidades de Jerez, que con tristeza expresan que han perdido animales, huertas, tierras, todo su patrimonio y todo ha quedado abandonado. Destacan la pérdida de la tierra y de la vivienda, pero las repercusiones van más allá, también hay afectaciones psicológicas graves, el desempleo, el empobrecimiento, el deterioro de las condiciones de vida, el incremento de las enfermedades y de la mortalidad, la pérdida del acceso a la propiedad, la inseguridad alimentaria y la desarticulación social, situación por demás desgarradora”.
Por esta razón, sentenciaron, es fundamental que la Comisión de Derechos Humanos del Estado intervenga ante tal agravio, por ser la institución de defensa de las zacatecanas y zacatecanos ante actos de autoritarismo, abusos, ilegalidades, injusticias e impunidad.
“El interés y la voluntad de esta soberanía por sumar esfuerzos en conjunto con el Gobierno Federal, estatal, los gobiernos municipales y Organismos Autónomos para devolverle la tranquilidad a todas esas personas que ahora viven un trágico momento en sus vidas, se ha externado en repetidas ocasiones en esta Tribuna, con el objetivo de que Zacatecas le vaya bien, dejando de lado creencias ideológicas y partidistas, porque impera el deseo de ver un Zacatecas próspero y seguro, porque queremos ver a todas esas familias regresar a sus casas, a labrar la tierra y cuidar su ganado; porque queremos devolverles un poco de lo mucho que la gente de nuestras comunidades nos han dado”, concluyeron.
La iniciativa la firmaron las diputadas María del Refugio Ávalos Márquez, Gabriela Monserrat Basurto, Maribel Galván Jiménez, Susana Andrea Barragán, Roxana del Refugio Muñoz González y Georgia Fernanda Miranda Herrera, así como los diputados José Guadalupe Correa Valdez, José Xerardo Ramírez Muñoz y Gerardo Pinedo Santacruz.
