La semana pasada se hicieron públicos los privilegios de que gozan los magistrados estatales frente a las precarias condiciones de la inmensa mayoría de los zacatecanos, mientras que en el plano nacional se conocieron los casos de abuso laboral e incluso sexual, además de nepotismo existentes en el Poder encargado de administrar justicia a los mexicanos. Tales señalamientos acompañan a la sanción del magistrado federal Jorge Figueroa Cacho por presuntas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales, ya que se detectaron movimientos inusuales en sus cuentas bancarias por casi 3 millones de pesos. Cabe recordar, asimismo, que el pasado miércoles el propio órgano de vigilancia jurisdiccional anunció el inicio de un proceso penal en contra del magistrado José Guadalupe Luna Altamirano, por probables conductas relacionadas con el crimen organizado y por la detección de irregularidades muy serias en los expedientes de nueve procesos judiciales que condujo.
Con independencia del derrotero que tendrán los procesos referidos en las instancias judiciales correspondientes, estos casos revelan el deterioro que experimentan las instituciones de impartición de justicia en el país y Zacatecas, hundidas en el descrédito a consecuencia de una indignante e inaceptable impunidad y por la inmoralidad que se expresa en las percepciones y jubilaciones astronómicas y otros privilegios indebidos, que los magistrados y ministros de todos los estados y la Federación se otorgan a sí mismos.
Si bien es cierto que dicha descomposición no sólo afecta a las dependencias del Poder Judicial, sino al conjunto de las instituciones del país, en el caso de las primeras resulta particularmente aberrante, en la medida que su función sustantiva consiste en vigilar la correcta aplicación de las leyes y salvaguardar las garantías individuales. En cambio, cuando están a punto de cumplirse dos décadas de las reformas constitucionales que derivaron en una restructura profunda de las instancias encargadas de impartir justicia, queda en evidencia que tales modificaciones sirvieron de muy poco para revertir la corrupción, el abuso y el empleo de los cargos públicos como mantos de impunidad y fueros de hecho para que malos funcionarios del Poder Judicial puedan delinquir.
Frente a la evidencia de una institucionalidad que se ha erigido en vehículo de un ejercicio del poder cada vez más arbitrario e ilegal, el país y Zacatecas requieren una reacción mucho radical y profunda que el poder Legislativo debe de atender a la brevedad. La impunidad y los sueldos de jeques no pueden continuar ni en Zacatecas, ni en México.
