Zacatecas es hoy uno de los escenarios más violentos a nivel nacional y en gran medida sabemos de lo que acontece por medio de la labor ejercida por las personas periodistas, quienes documentan estos hechos. Muchos en la categoría de freelance, condición que precariza su ya de por sí vulnerable situación en materia de salario y prestaciones, pero que además les sitúa en una condición de riesgo extremo debido a los temas que documentan, entre los que destacan la corrupción y violencia, seguridad y justicia, derechos humanos, protestas y movimientos sociales y la defensa territorial.
Distintas organizaciones, entre ellas Reporteros Sin Fronteras (RSF), señalan el 2022 como el año más mortífero para los periodistas. Hasta el pasado mes de noviembre ya eran 17 profesionales de esta área quienes habían sido asesinados y por los menos 10 de estos casos en relación directa con su labor informativa, especialmente en estados con altos índices de corrupción y crimen organizado (Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas y Sonora), que concentran el 56% de los asesinatos en los últimos veintidós años. Esta misma organización señaló a México, por tercer año consecutivo, como el primero lugar de mortalidad para ejercer la profesión, por encima de países en guerra como Ucrania o Yemen.
Hay dos líneas de acción en las que se han perpetrado las agresiones y asesinatos en contra del gremio, una por parte del crimen organizado y los grupos armados, y la segunda como lo han expresado algunos colegas, porque grupos de distintos medios de comunicación son portadores de líneas políticas o económicas donde evidentemente la libertad de prensa se ve comprometida. Según Artículo 19, cada 14 horas se agrede a una persona periodista y es el Estado mexicano el principal agresor, seguido por los funcionarios públicos, las fuerzas de seguridad civiles y los grupos del crimen organizado.
Un claro ejemplo fue la persecución y las amenazas en contra del fotoperiodista Rubén Espinosa, que le obligaron a irse de Xalapa, por sus denuncias acerca de la corrupción en el gobierno del exgobernador Javier Duarte, en Veracruz y que posteriormente terminaron con su asesinato, aún sin esclarecer. O el caso en Zacatecas del periodista Juan Carlos Muñiz, quien trabajaba en el portal Testigo Minero, cubriendo temas de seguridad y justicia y fue acribillado el pasado mes de marzo mientras manejaba un taxi en Fresnillo. Así como Muñiz, muchas de las personas periodistas deben trabajar para más de un medio o tener otro empleo adicional para solventar los bajos salarios.
Desde la perspectiva de género, de las 331 agresiones en el primer semestre de este año, 89 fueron dirigidas contra mujeres periodistas, quienes fueron atacadas mediante intimidaciones y hostigamientos, algunas ante las amenazas digitales a sus redes sociales, los ciberataques e interceptaciones a los teléfonos, terminaron por autocensurarse o irse. En 15 años ya son 19 mujeres periodistas asesinadas, como fue el caso de la reportera Lourdes Maldonado, este año en Tijuana, quien había denunciado amenazas de muerte por un conflicto contra el exgobernador del estado. Sin embargo, como lo reconoció la propia Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), más del 90% de las agresiones contra periodistas queda en la impunidad.
Además de los asesinatos y la precarización de las condiciones laborales, se enfrentan a las desapariciones forzadas (al menos 27) sin ningún responsable, por lo que RSF y Propuesta Cívica presentaron una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para exponer cómo en México estos hechos están marcados por la impunidad y la ineficacia en las investigaciones, específicamente en los casos de Mauricio Estrada y Ramón Ángeles, desaparecidos hace más de una década en Michoacán. Otra de las agresiones documentadas es el desplazamiento interno forzado y el exilio de periodistas, quienes han debido dejar sus hogares por la falta de garantías hacia su labor en medio del recrudecimiento de los contextos de violencia que imposibilitan su retorno.
Existe, además, una creciente estigmatización y criminalización contra la prensa, como la que se dio el pasado mes de marzo en Zacatecas, por parte del actual Gobernador, quien mientras hablaba del Plan Zacatecas II, acusó a los medios de ser “promotores de las organizaciones criminales” encargados de infundir terror para intimidar a la sociedad. Sin embargo, en lo que va del año, Zacatecas ha sido blanco de la violencia por el control geoestratégico del territorio; es la entidad con mayor número de homicidios en el país según el INEGI, con una tasa de 109 por cada cien mil habitantes. Hace pocas semanas fue asesinado el Coordinador de la Guardia Nacional, José Silvestre Urzúa, en un operativo en el municipio de Pinos. Hemos presenciado las noticias de decenas de cuerpos desperdigados, encobijados y colgados en distintos municipios, y la proliferación de distintos ataques de narcoterrorismo contra la población civil con acciones como bloqueos, incendios y quema de camiones, de los cuales el gremio de periodistas ha informado, exponiendo su integridad física.
Aunque el sector de periodistas no tiene una larga tradición de protesta, sino más bien en el cubrimiento de éstas. Durante este año han sido distintos los pronunciamientos y manifestaciones de cientos de comunicadores en toda la República, quienes reclaman mediante las consignas: “No se mata la verdad matando periodistas”, “Ni silencio ni olvido”; a hacer un llamado para exigir justicia.
Sin duda se necesitan mecanismos urgentes de protección y para dignificar la labor periodística. Además de una perspectiva diferenciada ante estos crímenes como lo dicta el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión. En México necesitamos poder ejercer nuestra profesión sin miedo, incertidumbre ni señalamientos, amparados en los principios de la protección y la libertad de información.
¡Que no se entierre la verdad!
*Docente-investigadora. Unidad
Académica de Ciencia Política. UAZ.
