Cuando hay un problema público el Estado interviene sobre la realidad social para eliminar la situación que se percibe como problemática y, al hacerlo, generar necesariamente cambios sociales. Así las cosas, la acción del Estado debe evaluarse por los efectos en aquello que tituló “problema”. Pues bien, el tema que se quiso atender fue el consumo de las drogas, las cuales, claro está, dañan al organismo y la vida psíquica de las personas que las consumen. Luego se pensó que la manera de evitar el consumo era prohibiendo su comercio: si nadie las ofertaba, no podían consumirse. Y a su vez, prohibir el comercio legal de dichas sustancias implicaba persecución penal a quienes lo hicieran. Este fue el esquema sobre el que se basó la política de drogas del gobierno mexicano, obedeciendo instrucciones del norteamericano desde la época de Nixon.
Así, la idea de que prohibiendo el consumo de drogas bajo amenazas penales se elimina su consumo, ha resultado falsa: las cifras del consumo en plena época prohibicionista evidencian que no sólo no ha disminuido, sino que sufrió un franco aumento. En estos 10 años, el consumo de la cocaína (por ejemplo) ha crecido 30 por ciento. Y la prohibición ha provocado un aumento del precio de estas sustancias al grado que ha enriquecido a los narcotraficantes al nivel de jeques árabes. Las ganancias de estos sujetos son estrambóticas y fuera de toda razón. Pero es la política del gobierno quien (indirectamente) los ha enriquecido de esa manera. En suma, la hipótesis con la cual se construyó la política de drogas es falsa y debe ser cambiada.
Sin embargo, no sólo no se cambia la hipótesis, sino que se profundiza: se hace una declaración de guerra al narco. Y se hace sin previo análisis de capacidades institucionales para enfrentar un reto de esa magnitud. ¿Y qué ocurre? Que con la gigantesca capacidad financiera de las organizaciones criminales se perforó a las organizaciones estatales. Resultado: corrupción incontrolable y destrucción de la autonomía estatal. Esto es, no solamente no se resolvió el problema del consumo de drogas, sino que se creó un problema nuevo que es más letal que el original. El daño del narcotráfico violento es más dañino que el consumo de estas sustancias en algunos grupos sociales. Lo cual significa que el Estado intervino echándole agua a los Gremlins: reprodujo los problemas y los hizo más letales. Hubiera sido mejor que no hubiera hecho nada. Por ello, el sexenio de Calderón no fue solamente malo, sino una verdadera catástrofe humanitaria en el país. Y lo peor es que el gobierno que le siguió en lugar de corregir esa locura fehacientemente demostrada, la ha continuado. Peña ha resultado discípulo estratégico de Calderón. Pero ahora se requiere que cambie la estrategia y no se ven signos en este sentido. La desesperación se está convirtiendo en desesperanza. Se requiere la medida de un estadista en la Presidencia de la República (como lo fue Lázaro Cárdenas) para enfrentar esta situación.
