Guillermo Almeyra, en su artículo en La Jornada del domingo 10 de julio, caracterizó a Morena en los siguientes términos: “…es un partido-movimiento burgués, con un programa ilusorio de reformas del capitalismo, con una dirección personal-caudillista y cerrado además a la comprensión del contexto internacional, pero que es apoyado por millones de trabajadores, por una base plebeya, que quiere conservar las conquistas de la revolución mexicana”. Como en su artículo previo al citado, Almeyra interpreta el ofrecimiento de López Obrador al gobierno federal de formar un gobierno de transición como un sometimiento. No es el único. A la zaga de Almeyra, en dos artículos en “La Jornada Zacatecas”, Daniel Salazar ha comentado sobre el significado del ofrecimiento de López Obrador al gobierno federal. Así, la propuesta de AMLO, el “caudillo” de Morena, hacia el gobierno federal consiste en frenar y encauzar las luchas para, entendemos, liquidarlas definitivamente cuando él sea presidente (¿formará la república amorosa?). Ambos comentaristas, sin cuestionar las intenciones del caudillo, asumen que lo planteado por AMLO no es viable porque equivale a un pacto en la cúpula que deja en la orfandad a los movimientos que están detrás de Morena. Por supuesto la inviabilidad de la propuesta de AMLO es evidente debido a la heterogeneidad de la “izquierda mexicana”, patente en la facilidad con la que aparecen rupturas, recomposiciones y “traiciones” en ese campo ideológico. En otras palabras, esa heterogeneidad impide que un caudillo pueda subordinarla a sus fines. Y si no puede con la izquierda menos aún con el conjunto de movimientos que emergen aquí y allá vindicando todo tipo de demandas. Así que podemos ver que existen movimientos de protesta, pero no tienen cohesión organizativa, por lo que sus demandas se supeditan a eventos fuera de su control que permitan ser retomadas, y reinterpretadas, como parte de vindicaciones más generales que atañen a contingentes más amplios de personas. Las demandas del CNTE han sido retomadas en varios puntos del país donde esa organización tiene poca o nula presencia. Por ejemplo en Zacatecas, donde según María Amparo Casar (Excelsior, 6 de julio de 2016) la CNTE debe tener poco control, ha habido manifestaciones exigiendo la abrogación de la Ley General del Servicio Profesional Docente y la separación de Aurelio Nuño Mayer del cargo. El curso de las negociaciones ha demostrado que la CNTE no ha podido aprovechar las ventajas que obtuvo de los eventos de Nochixtlán (¿y los culpables dónde están?) siendo, en algunos aspectos, rebasada por la Secretaría de Gobernación y el SNTE, que en conjunto ya están retomando los temas que movilizan a los miembros de la CNTE. Es decir, con la ayuda del SNTE el Gobierno Federal comienza a dominar la narrativa de los hechos, proponiendo, por boca de los líderes del SNTE, que la ley necesita una adecuación que no comprometa su funcionamiento. Algunos comentaristas creen que, en particular, la inclusión del SNTE como actor en el conflicto no ayuda al gobierno federal (Hugo Aboites, La Jornada del sábado 9 de julio) y que podría incluso generalizar el rechazo a las leyes educativas. Su apuesta es que en efecto las estrategias fallidas del gobierno permitan que más personas se sumen a la oposición y, finalmente, se abroguen las reformas. Otros ven que, debido a la atmósfera “insurreccional” del país, el gobierno deberá ceder (Víctor Flores Olea en La Jornada del lunes 11 de Julio) o concluir la militarización del territorio nacional. En el artículo de la semana pasada comentamos cómo en la UAZ todos los esfuerzos por evitar la “clientelización” (uno de cuyos esforzados opositores fue Benjamín Romo) fracasaron. Ese fracaso se debió a dos factores: (1).- el Grupo Universidad carece de todo proyecto educativo, de investigación o extensión (2).- controló tanto la rectoría como el Spauaz, lo que permitió el “rectoralismo” desmedido y el desastre. En el teatro nacional las cosas no son muy distintas. Podemos apreciar que ni el SNTE ni la CNTE tienen un proyecto educativo definido o claro porque no es esa su función, su papel es “mejorar las condiciones laborales de sus agremiados” aunque para ello deban corporativizarlos y manipularlos. Las evaluaciones llevadas a cabo por un organismo ajeno a esas dos organizaciones, disminuye el control que ellas tienen sobre las plazas, las promociones y la adscripción de su personal, así que, al margen de si esas evaluaciones están bien o mal hechas lo que para los sindicatos representa inmiscuirse en ellas es capacidad de control de sus agremiados y lucro. Por eso el SNTE ya está dentro de la jugada, y de ella obtendrá amplios beneficios sin insurrección de por medio. Lo que tristemente significa que la educación no mejorará, y cualquier cosa beneficiosa de la reforma estará obliterada. Muchos comentaristas tienden a ver en el problema educativo un medio para el fin más amplio de que algún partido gane la presidencia de la república. Esa perspectiva deja de ver los árboles para ver el bosque, olvidando que la educación y la investigación son fines, no medios, y que su adecuado funcionamiento no implica que algún caudillo ganará la presidencia de la República. ■
Sobre caudillos e insurrectos
