La crisis política que vivimos es como un nudo gordiano que parece más fácil cortar que intentar desatarlo, tal como sugieren los aragoneses medievales. Tenemos un Estado en manos de poderes privados, y el acceso al mismo esta monopolizado por un sistema de partidos políticos igualmente cooptado por los mismos poderes e impregnado de una ética del cinismo gobernada por la avaricia. Este panorama lleva a visualizar un escenario en el cual nadie con mínima decencia quiere verse envuelto: es la natural tendencia de alejarse de un paraje lleno de intolerable hedor por la putrefacción de las instituciones. El alejamiento se traduce en la negativa a participar en procesos políticos en los que el dinero genera los resultados electorales, ¿qué sentido tiene invertir tiempo en una empresa donde los grupos honestos pueden tener ideas, pero no tienen dinero? Parece el fracaso seguro. Y además, en el sistema donde la mayoría de los votos se compran, ¿tiene sentido sufragar? De ahí viene la idea de ciertos colectivos ciudadanos que llaman a no votar o, incluso a boicotear los procesos electorales, con la esperanza de que la ausencia de la ciudadanía de los comicios termine por deslegitimar el sistema de partidos y, con ello, orillar a una reforma. Sin embargo, aunque esta razón tiene méritos ¿es posible y efectiva en un escenario de abierto cinismo? Pueden sacar votaciones abajo de 40 por ciento de la lista nominal y, aun así, tomar el poder y seguir gobernando con los mismos parámetros. Además, ante un Estado ocupado por los poderes fácticos, suena poco plausible predicar el abandono: el problema consiste en que la ciudadanía está excluida del ejercicio del poder público, por ello, la solución no es radicalizar la exclusión abandonando la ruta hacia el Estado, sino justamente lo contrario: la solución es encontrar la manera de lograr el control social del poder público.
Lo que vivimos es de las paradojas que salen de los cántaros anarquistas: llegan a las mismas conclusiones que el neoliberalismo. En el caso de los partidos políticos, cerrados por castas dueñas de los mismos: los Monreal en dos partidos de izquierda, el Verde como simple peón del PRI, avalando y beneficiándose de la corrupción; el PAN y el PRD recogiendo lo que sembraron con el Pacto, ¿y Morena? Pues justo en la interrogación. En este desolado contexto, una ruta hacia el rescate del Estado por la sociedad puede consistir en que los diversos colectivos impulsen la elaboración de compromisos programáticos concretos en temas de políticas de gobierno y legislativos, orientados a la mayor transparencia y a contrarrestar la fuerza de los poderes fácticos sin poner en riesgo la autonomía de la sociedad civil organizada. Es decir, el objetivo debe ser lograr cambios efectivos en los mecanismos del sistema de partidos y en el ejercicio del gobierno que recuperen la presencia del pueblo en el poder público. Sin modificaciones esenciales del Estado no será posible cambiar la ruta del despojo nacional, ni los criterios presupuestales regresivos, ni políticas económicas neoliberales, ni lograr sustentables sistemas de justicia. Si el objetivo es mandar obedeciendo o el así llamado Poder Obediencial, se debe participar en el rescate del Estado de los poderes fácticos y en hacer efectiva la representación del sistema de partidos; no predicar su abandono.
