■ Iniciativa pretende responder a problemas de enriquecimiento ilícito e inexplicable, dicen
■ Plantea también dar a conocer propiedades del cónyuge y dependientes económicos directos
Diputados perredistas y del PAN propusieron, en sesión del Congreso, obligar a los funcionarios estatales, municipales, diputados y magistrados a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales durante el tiempo de su encargo público y dos años posteriores a su conclusión.
La iniciativa de reforma con proyecto de decreto a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley de Transparencia leída ayer en la 61 Legislatura y enviada comisiones, pretende dar respuesta a los problemas de enriquecimiento ilícito e inexplicable, de modo que se emprendan acciones reales de combate a la impunidad.
Los perredistas Eugenia Flores, Iván de Santiago, Juan Carlos Regis y la panista María Guadalupe Medina plantean que bajo protesta de decir verdad, la declaración patrimonial se presente a la Auditoría Superior del Estado (ASE) o en su caso la Secretaría de la Función Pública en los siguientes 30 días de iniciar su gestión.
Si bien reconocieron que la medida no será la panacea, se deben emprender algunas acciones, teniendo en cuenta que el corrupto algunas veces opta por poner parte de su patrimonio a nombre otros, generalmente de personas cercanas y de su confianza.
De modo que la reforma establece que en la declaración patrimonial del servidor público también se den a conocer las propiedades del cónyuge, concubina o concubino y sus dependientes económicos directos, aun cuando se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos y motivos ajenos al servidor público.
Los legisladores de oposición justificaron su propuesta ante el hecho de que la clase política está en una severa desacreditación por la develación de signos que indican enormes posibilidades de corrupción, no sólo en el Ejecutivo local, sino también en el gobierno de la República y aludieron al escándalo de la adquisición de la Casa Blanca, propiedad de la primera dama, Angélica Rivera, y cuyo costo fue de 87 millones de pesos.
De ahí que los ciudadanos tengan el derecho a conocer sobre el patrimonio de sus gobernantes, toda vez que existen muchos antecedentes de figuras que se han enriquecido al día siguiente de concluir un cargo público y algunos otros desde el primer día de ejercerlo.
Aludieron los casos de Arturo Montiel, en el Estado de México; el de peculado y defraudación fiscal de Andrés Granier, en Tabasco; Tomás Yarrington, en Tamaulipas; Humberto Moreira, en Coahuila, por mencionar algunos.
En tanto, en Zacatecas, denunciaron, existen acusaciones que no han perdido vigencia respecto del presunto dispendio de 16 millones de pesos aplicados aparentemente a la Casa de Gobierno o Casa Bellagio; las adquisiciones de cinco inmuebles en apenas dos años por parte del Ejecutivo o las acusaciones en contra del ex secretario de Obras Públicas, Alfonso Peschard, señalado por enriquecimiento ilícito.
Es así que las leyes sobre rendición de cuentas, transparencia y responsabilidades públicas deben ser revisadas para evitar vacíos y en su caso haya sanciones de carácter penal.
Además, la declaración pública no se deberá hacer de forma resumida o simbólica, sino que por el contrario, fortalecer el régimen público y sea de forma completa sobre sus bienes, valor y procedencia, así como las cuentas bancarias que superen las 500 cuotas de salario.
Los proponentes se dijeron conscientes de que la medida generará alarma entre los servidores públicos, quienes argumentarán que es peligroso y además, se trata de datos personales protegidos, porque de lo contrario se expondrían ante la delincuencia.
Sin embargo, está por encima garantizar a la sociedad que enriquecerse no es la intención para llegar a un cargo.
Respecto de las sanciones que los diputados proponen en caso de que llegaran a incumplir con esta obligación, se prevé trabajo comunitario, suspensión de tres días a seis meses, inhabilitación de seis meses a un año, siempre y cuando no se causen daños o perjuicios.
De lo contrario, se propone la inhabilitación de uno a 10 años cuando se trate de un acto u omisión que implique beneficio, lucro, cause daños o perjuicios; si el monto del daño excede de 200 veces el salario mínimo, la inhabilitación sería de 10 a 20 años.
De igual manera, en el Código Penal se establecería que la omisión de las declaraciones patrimoniales se presumirá como el delito de enriquecimiento ilícito.
A quienes se les aplicaría le ley serían a funcionarios públicos de primer nivel, los de cargo de elección popular y del Poder Judicial los magistrados, el secretario general de Acuerdos, los secretarios de Acuerdos de Sala, jueces de primera instancia, oficial mayor y directores generales.
La difusión de las declaraciones sería a través de Internet y medios impresos aplicables de oficio.
10 millones a indígenas
Por lado, el legislador José Guadalupe Hernández presentó un exhorto a la propia Legislatura para que apruebe un monto de 10 millones de pesos para la integración de un fondo denominado de Atención a Grupos Indígenas en el Estado.
En el entendido de que en Zacatecas, según el Censo de Población y Vivienda 2010, hay 5 mil 157 indígenas, de los cuales 2 mil 500 viven en zonas urbanas, quienes en su totalidad demandan espacios para promocionar sus artesanías, tener créditos de vivienda, acceder a la atención médica pública, garantizar el acceso a la educación gratuita, becas y desayunos escolares.
Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Social del estado no sólo no atiende a ese sector, sino que en su presupuesto no aparece una sola mención para grupos indígenas, ni mucho menos un solo centavo asignado para su atención, comentó Hernández.
También se leyó un punto de acuerdo de la panista Guadalupe Medina, para exhortar a diversas autoridades que detengan “inmediatamente” los constantes aumentos en el precio de la gasolina, pero no se aprobó de urgente resolución.
