En el actual escenario político que vive nuestro país se da por sentado para la clase política e incluso para muchos analistas e intelectuales que el sistema político es un modelo que permite la disputa y legitimidad del poder de manera racional y ordenada, que el sistema de partidos como funciona actualmente no merece ni críticas ni adjetivos… que el proceso de transición democrática y la alternancia que se ha vivido en los últimos procesos electorales es una ganancia de los ciudadanos, sin embargo, no podemos esconder que la representatividad y legitimidad de los partidos políticos, de las estructuras del sistema electoral, del mismo árbitro electoral y de la clase política toda, está cuestionada desde las elecciones federales del 1988, del 1994, del 2000 agravándose de manera peligrosa para la gobernabilidad nacional en el 2006 y las por demás cuestionadas en la elección del actual presidente Peña Nieto de 2012, las dudas de la intervención de los señores del dinero, de la compra de votos, de la intervención descarada de las grandes cadenas televisoras que se pusieron al servicio del candidato del PRI.
La compra de votos y el clientelismo son una práctica común de las democracias poco desarrollas incluida la mexicana, es una actitud que de manera cínica aceptan todos los partidos, con el argumento de que es la única vía para ganar elecciones y acceder al poder, dadas la dificultades para demostrar y por lo tanto perseguir la compra de votos, lo mejor sería, una tarea fundamental seguir la pista del dinero mediante una más estricta fiscalización del origen y destino de los recursos gastado en las campañas locales y federales, se dice en la Ley Electoral que una causal de nulidad es el exceso en los gastos de campaña, pero resulta difícil, según el mismo árbitro electoral (INE) establecer si tuvo o no impacto determinante en los resultados electorales , por lo que quiere decir que los gastos de campaña no son vinculantes, o sea, que es indemostrable y además no es un elemento fundamental para determinar el ganador en un contienda electoral, por lo que se puede concluir que hay muchas formas de comprar un campaña, desde no sabemos que orígenes de dinero, o sea, las elecciones también se vuelven un espacio de mercadeo, no solo de consciencias, voluntades, presencias televisivas, sino de los grandes interés económico y financieros nacionales e internacionales, ellos son los verdaderos electores.
Si los partidos políticos, el sistema político todo, no revisa, el mismo INE no atiende, como un problema que pone en riesgo la incipiente y joven democracia mexicana el riesgo de que el poder o los poderes, lo tomen de manera ILEGÍTIMA los grandes consorcios nacionales y trasnacionales, sean finalmente los grandes electores, poniendo en crisis el fundamento, origen y centro de cualquier democracia o sea, que el ciudadano independientemente de su condición económico, social, cultural, lingüística y sexual, sea a partir de su libre voluntad elegir sus representantes, este proceso que le ha costado tanto a las últimas generaciones de mexicanos con la esperanza de transitar a una verdadera democracia representativa y participativa quedará enmascarada en una dictadura oligopólica que con la frase de “un ciudadano, un voto“ dirijan los destinos políticos, sociales, culturales, o sea el proyecto de país no en la búsqueda de grandes acuerdos y consensos sino en las grandes intereses de los poder facticos.
Problema no menor, y que vulnera también la credibilidad de esta democracia es el papel que han jugado los grandes medio de comunicación monopólicos, ya que el lugar de ser parte y acompañantes en el fortalecimiento de una cultura democrática, crítica, reflexiva y demandante hacia los partidos y la clase política, o sea, un acompañante en el fortalecimiento de los derechos políticos ciudadanos, se convirtieron en parte de los intereses de esa clase política encerrada en sus privilegios, a cambio de continuar ejerciendo en el caso de las televisoras el duopolio de la imagen, del discurso, del entretenimiento y de la conciencia pública para mantener y obtener grandes beneficios, entre otros evasión de impuestos, en los procesos electorales se convirtieron en realidad en voceros de los interés económicos y oligárquicos de los magnates y los hombres del dinero en nuestro país.
Existe también un absoluto rechazo a la forma en que se han conducido los partidos políticos mexicanos, si bien es cierto que la frase que dice que, no existe democracia sin partidos políticos y que la democracias es precisamente las acción política de los ciudadanos a través de los partidos es correcta lo que se cuestiona es la clase de partidos existentes en México, esto es, partidos que tiene como lógica fundamental mantener los privilegios solamente para aquellos que son parte de las altas burocracias de los partidos mismos, tan es así que ya se les califica en los análisis políticos como una partidocracia corrupta y corruptible y que ya no responde a los intereses en la construcción de una sociedad más equitativa, moderna y desarrollada.
La demanda ciudadana ante este escenario político en donde las lecciones de los últimos procesos electorales permiten reflexionar y demandar cambios en el sistema político mexicano y por lo que como parte de las conclusiones compartimos lo que algunos analistas han puntualizado.
Terminar con la monarquía presidencial y remplazarla por un sistema semi-parlamentario.
Facilitar la expresión política de los independientes y los movimientos ciudadanos, o sea reconocer, las organizaciones civiles como elementos del nuevo cambio político,
Incorporar las figuras de la democracia directa: plebiscitos, iniciativa popular, revocación de mandato
Reglamentar y controlar a los partidos políticos en materia de financiamiento
Exigirles democracia interna y padrón de militantes.
Reconocer a las organizaciones políticas de masas y, tal como ya lo determino la Suprema Corte de la Nación, las Candidaturas Ciudadanas con plenos derechos en todas las elecciones, sean locales o federales.
Se requiere arribar a una democracia plena, que sea reconocida, valorada por todos los actores políticos, fundamentalmente por los ciudadanos, que se sientan partícipes, actores y conductores, con capacidad de diálogo, de acción y decisión, que nos permita a todos, enfrentar las grandes demandas estructurales que tenemos como país. ■
