México, DF. En respuesta a la obispos miembros de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el gobierno de la República destacó los alcances y beneficios que desde su perspectiva traerán las reformas constitucionales alcanzadas el año pasado en materia educativa, hacendaria, político-electoral, energética, y en telecomunicaciones.
En dos escritos, uno de 13 cuartillas, en versión sintetizada, y otro de 58 en una respuesta amplia, el gobierno federal respondió a la jerarquía católica cinco preguntas que los obispos católicos le formularon al presidente Enrique Peña Nieto en su pasado encuentro del 2 de mayo en las instalaciones de la sede episcopal de Lago de Guadalupe, Estado de México.
Las respuestas, subidas en la página Web de la Presidencia de la República, repasan una a una las bondades que desde la visión oficial tienen dichas reformas.
Así, por ejemplo, afirma que los cambios en materia educativa, elevarán la calidad con la que se imparte, reducirá la desigualdad, y promoverá la participación social.
De la reforma hacendaria, asegura que aumentará la recaudación y que el cobro de los impuestos será justo, que ampliará la base de contribuyentes y reducirá la informalidad y la evasión fiscal, además de que dará mayor transparencia y eficiencia al gasto público.
En materia político-electoral, el gobierno federal que los cambios “consolidarán una democracia de resultados”, con un fortalecimiento en el equilibrio de poderes y mayores derechos de los ciudadanos.
Por lo que toca al tema energético, la respuesta del gobierno federal señala que el objetivo es aprovechar nuestros recursos naturales con el fin de impulsar un desarrollo
equitativo, armónico y sostenido en beneficio de los mexicanos.
Añade que esta reforma atraerá mayores inversiones, aumentará la explotación de gas, además de un incremento en la renta petrolera. De igual forma, se señala que esta reforma permitirá transformar el sector eléctrico.
Finalmente, en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, el documento refiere la elevada concentración que existe actualmente en estos sectores, lo que limita el desarrollo económico, social y cultural del país, y genera ganancias extraordinarias en detrimento del bienestar de la población.
Dice que una vez que se aprueben las leyes secundarias, México contará con un contexto de competencia efectiva, con mayores niveles de cobertura y penetración de los servicios, “en particular en zonas en donde habitan los que menos tienen, en condiciones de calidad y buenos precios. De esta forma, se fortalecerá el derecho de los mexicanos para acceder a información oportuna y plural, a contenidos de calidad, a la educación, salud y servicios de gobierno eficientes y rápidos”.
