Al repasar el proceso de transición a la democracia, el enfoque más común suele ser aquél que pone toda su atención en el diseño y evolución del Instituto Federal Electoral, hoy INE. A menudo se pasa de largo en otros tantos procesos que la pluralidad política impulsó como elementos indispensables de una democracia plena, que hoy podemos adjetivar como “constitucional”, en consonancia con un modelo al que pretendemos alcanzar y al que, sin duda, hemos logrado acercarnos mucho en el actuar de esas instituciones que fueron resultado de nuestro proceso de transición democrática. Hablamos del INE, desde luego, pero también de otros tantos órganos como los que conforman el actual sistema de rendición de cuentas. Pero, no solo eso: también nos debemos referir en este proceso a los tribunales, y en particular, desde luego, al Poder Judicial de la Federación, que experimentó una mutación, que lo ha llevado, de un tribunal de legalidad, en un esquema que no se ajusta ya a la realidad política y jurídica de nuestro país, a un tribunal constitucional, con todas las atribuciones y características que esto conlleva. No nos detengamos: también es importante valorar, justo en el contexto por el que atraviesa nuestra democracia electoral, el rol y la función del Tribunal Electoral, que se ha ido perfeccionando al grado de encontrarse hoy como un pilar fundamental para el adecuado desarrollo de nuestros procedimientos electorales, para que estos se apeguen, ya no solo a la legalidad, sino también y más importante aún, a la Constitución, máxima expresión del pacto social.
Por ello mismo, resulta paradójico, pero también demostrativo, que a pocas semanas de la marcha multitudinaria que congregó a diversas fuerzas de la oposición partidista, junto a la expresión simultánea y ejemplar de incontables personas sin afiliación política-partidista, hoy casi todas esas expresiones de la oposición, unan su quehacer parlamentario al del oficialismo, del cual buscaron distanciarse con las más feroces expresiones de oposición al Plan A, B e incluso C, del presidente, respecto al INE, para atropellar, sin escrúpulo ni reparo, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en lo que se pretende, sea una reforma que limite el control constitucional que éste puede ejercer tanto en la vida interna de los partidos políticos, como en actos parlamentarios, que violenten derechos humanos.
En la cultura jurídica y política mexicana, fue costumbre, por décadas, tratar a la Constitución como una “mujer dormida”, en atinada expresión de Jesús Silva-Herzog Márquez. Es decir, la Constitución era un texto de buenos deseos, demagogia inclusive, tinta de discurso autocumplido en la sola reforma. Con los cambios que trajo consigo la transición jurídica, esta realidad ha quedado más o menos superada: el control de constitucionalidad e incluso de convencionalidad, que ejerce el Poder Judicial, no permite que los derechos fundamentales sean expresiones autocumplidas, sino que se obliga a las instituciones a realizar las acciones que garanticen las condiciones para que se cumplan.
En este sentido, los partidos políticos, del viejo y nuevo régimen, realizaron las más interesantes y progresivas reformas en temas como equidad de género, transparencia y derechos políticos, suponiendo que, al final, cumplirlas sería cosa de voluntad. No ha sido así, y en eso ha intervenido un Tribunal, que por citar un ejemplo, ha impuesto serias sanciones a la falta de transparencia o la ausencia de mecanismos de fiscalización, inclusive, determinando que la presidencia del INE debería ser ocupada por una mujer en el periodo que recién inició la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.
La reforma que se pretende realizar, y en la que parece haber un cuasi consenso, limitaría al Tribunal Electoral en relación al control de constitucionalidad y medidas afirmativas, pasando las primeras funciones directamente a la Suprema Corte de Justicia, y las segundas al Congreso. Ni qué decir de la garantía para el principio de equidad de género, que quedaría en manos de los partidos políticos.
Cierro y reitero: la primera reforma que requiere nuestra democracia es una reforma a los partidos, que los transparente, los obligue a rendir cuentas a sus militantes y a la ciudadanía en general, los democratice en sentido amplio y, sobre todo, garantice mecanismos para hacerles exigible la decencia política a las élites que los dirigen.
@CarlosETorres_
