Antes de la reforma laboral, donde se mostró claramente la vulneración de los derechos de los trabajadores en las relaciones directas con las instituciones de educación superior, se inició un proceso para convertir a los sindicatos en objetos de museo: la promoción de nivel salarial se empezó a hacer por fuera de los Contratos Colectivos de Trabajo; es decir, la conquista de mejoras en las condiciones de ingreso y de seguridad en el empleo, dependen de méritos individuales y de buenas relaciones con la patronal, sin tener que pasar por el sindicato. Por tanto, se provocó una ruptura generacional entre los profesores que construyeron su carrera laboral con base en las conquistas colectivas, y las nuevas generaciones que van armando sus trayectorias sobre la individualizada competencia meritocrática, y por tanto, no relacionan su mejora en el empleo con la participación sindical. Sin embargo, la disminución de las bolsas para sostener los programas meritocráticos y el incumplimiento de las autoridades para depositar los recursos correspondientes a las cuentas individuales, ha provocado que la tendencia de los jóvenes profesores a la atomización laboral se frene y vuelvan la mirada a las estructuras sindicales. Así las cosas, las jóvenes generaciones de profesores universitarios están en una condición de ambigüedad.
Por el lado del Estado, su conducta contra los derechos sindicales no se ha modificado. De tal manera que la solución que propone a los pasivos laborales es el recorte de las cláusulas contractuales más significativas o costosas. Y defender dichas cláusulas se hace difícil porque sólo benefician a profesores de mayor antigüedad. Pero la política en relación a la jubilación y al pago de pensiones afecta a todos: el Estado ha decidido desentenderse de dicha responsabilidad. Y los docentes de las universidades estatales son los que presentan la situación más complicada en el tema de pensiones en todo el país. Hay universidades que deben desembolsar el equivalente a 80 por ciento del costo de su nómina de docentes activos en el pago de jubilaciones. Es una situación insostenible. ¿Pueden las universidades estatales ser objeto de un programa de rescate? Pues es poco probable que esto ocurra dada la política de Gobierno Federal en el tema. A menos que los sindicatos de las universidades de los diferentes estados se unan y logren negociar un pliego petitorio conjunto con las autoridades federales. Pero vemos a las representaciones sindicales muy lentas en estos temas. Están concentradas en sus problemas locales e internos, cuando la solución es externa y en conjunto. Si no logran tejer una coordinación bajo una agenda común, los sindicatos universitarios de los diversos estados de la República, están destinados a sufrir los efectos de la desincorporación del Pensionissste del ISSSTE, sin más. Si no logran construir una acción conjunta, perderán su derecho a una pensión de calidad. En suma, los sindicatos pueden tener relevancia en la situación actual, pero depende de que superen la fragmentación y la pasividad y den paso a la acción decidida e inteligente de sus miembros y dirigencias.
