No hay delito que perseguir en los bonos de productividad que funcionarios de gobierno reciben mensualmente, no son percepciones propias del Ejecutivo, sino también del Legislativo y Judicial, advirtió el secretario de la Función Pública, Guillermo Huizar Carranza, durante su comparecencia ante la 61 Legislatura con motivo del cuarto Informe de Gobierno de Miguel Alonso Reyes.
La llegada inesperada de la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Soledad Luévano Cantú, previo al inicio de la sesión, para entregar al priísta Cliserio del Real las presuntas pruebas de la nómina secreta de gobierno, que sería de 634 millones de pesos en lo que va del sexenio, obligó al encargado de fiscalizar los recursos públicos a responderle en su discurso y pedirle tenga un “poco de vergüenza” porque cuando ella fue funcionaria en el sexenio de Ricardo Monreal se llevó por ese concepto, 52 mil pesos mensuales en tres años.
Guillermo Huizar, durante la glosa, presumió que el Ejecutivo tiene una calificación de 98.5 sobre 100 en transparencia, según la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP); la SFP en el último año realizó 74 auditorías con observaciones por un monto de 444 millones de pesos, y de 662 procesos de licitación, sólo uno tuvo inconformidad y hay toda una estrategia para detectar el diezmo. Sin embargo, el mensaje más directo lo dirigió a la diputada ausente, la cual en últimos meses ha acusado al Ejecutivo de varios hechos de corrupción.
A la petición de la diputada de eliminar esas partidas, el secretario de la función pública opinó que esa solicitud tiene una intencionalidad política evidente. “No se vale que cuando fue funcionario lo recibió, ahora que está del otro lado pide se elimine; debe prevalecer la congruencia y no sólo hacer acusaciones denigrantes al aire”.
Justificó incluso que los bonos tuvieron razón de ser para disminuir el efecto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), pero ahora no se le llama bono, porque la compensación está sujeta al salario íntegro, de modo que son cantidades que todos conocen al ser públicas, aunque sin dar cifras, aseguró que el dato de los 634 millones de pesos es falso.
Descartó por tanto iniciar una investigación al respecto, y pidió que no se maneje el tema como si fuera un descubrimiento, porque todo indica dolo e intencionalidad política para dañar a las instituciones y la sociedad.
