La noticia del asesinato de Gisela Mota –presidenta municipal de Temixco, Morelos– vino a confirmar el grado de descomposición política y social que se vive. Apenas en agosto del año pasado, se había decretado en aquel y en otros siete municipios del estado, la Alerta de Violencia de Género, advirtiendo del creciente feminicidio en aquellos históricos lugares del sur de México.
Pero con todo y la Alerta, los asesinatos de mujeres por razones de género continúan en Morelos y por todo el país; la violencia causada por el crimen organizado se acrecienta con esta particular crueldad hacia las mujeres. Los feminicidas son generalmente hombres motivados por el odio, el desprecio o el placer; misoginia o machismo de sentirse superiores a ellas. México se encuentra en el Top 10 de los países con más feminicidios en el mundo.
Quienes ahora forman parte de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., nos dejan ver a través de un comunicado reciente, que la inseguridad y la violencia que se padece en el país o en el estado de Morelos, no se generan de manera espontánea; que todo lo contrario, obedecen a causas profundas, mediatas o inmediatas. Y es que el Estado mexicano –funestamente garante de la desigualdad social– hace tiempo que desmanteló el espíritu de la Constitución y abandonó las políticas públicas que garantizaban los derechos de las personas. En su lugar y buscando recuperar el monopolio de la fuerza, ha priorizado el uso desmedido de las armas. La recurrente utilización de la armada de México y los patrullajes y retenes del Ejército y la Marina, son presentados a la sociedad mexicana, como “garantía de gobernabilidad” desde la perspectiva de la militarización del país. Pero nosotros hemos visto y vivido, que la militarización no ha resuelto el problema de la inseguridad, pero sí disparado la espiral de la violencia y la transgresión de los derechos humanos a partir de la criminalización de la protesta y los abusos del poder.
Por eso es que organismos independientes y organizaciones democráticas, han señalado reiteradamente, que no será con el fortalecimiento de las instituciones policíacas y/o militares, como se garantizará la tranquilidad de la población mexicana. Y lo mismo, que el debate sobre la estrategia de seguridad, no puede ser evadido frente a la nación, puesto que se trata de un problema complejo que tiene en su haber decenas de miles de muertos y desaparecidos junto a la cotidiana zozobra de más de cien millones de mexicanos.
Se sabe por experiencia, que cuando se opta por “perder libertades a cambio de seguridad”, se avanza peligrosamente en el terreno del autoritarismo y la antidemocracia. De esta manera, el llamado Mando Único aprobado en diversos municipios y más recientemente en el estado de Morelos, se encamina en esa dirección, trastocando el municipio libre y respondiendo a la lógica centralizadora de la economía de mercado, reclamando para sí el monopolio de la violencia y alejándose del Estado garante de las libertades y del desarrollo económico y social.
Sacando provecho de la intranquilidad generalizada, el gobierno coloca a la población en la falsa disyuntiva de escoger entre seguridad pública o los derechos humanos; de esta forma, alienta iniciativas orientadas a promover el endurecimiento de las penas, la cadena perpetua, la pena de muerte y esta idea llamada Mando Único Policial, valiéndose siempre del miedo ciudadano y la falta de cultura sobre derechos humanos fundamentales.
Las causas de la violencia y del crimen no pueden ser combatidas con más violencia. Habrá que atender y resolver antes el fondo de la cuestión: la injusticia social y económica, la división de la sociedad en clases con su repugnante exclusión y discriminación social, el desempleo, el mal gobierno, etc., todos ellos, problemas estructurales del capitalismo que son aprovechados tanto por inversionistas como por el narcotráfico al buscar en comunidades en descomposición, en colonias y barrios pobres, en la desunión familiar y entre los jóvenes sin oportunidades de estudio y trabajo, la mano de obra barata que soporte sus proyectos.
El narco ha podido penetrar las comunidades rurales y urbanas porque ofrece trabajo e ingreso que el Estado es incapaz de generar. Actúa haciéndose de una base social, promueve la cultura de la violencia y corrompe policías y autoridades; no actúa solo y ha penetrado la estructura del poder político, económico y financiero. Por todo esto, es que la seguridad pública no podrá venir de ninguno de los gobiernos actuales, sean estos municipal, estatal o federal.
Actualmente existen en diversas regiones de México, comités ciudadanos o rondas comunitarias, es decir, procesos de auto organización en pueblos y colonias, que serán fundamentales para una verdadera seguridad ciudadana.
Los mexicanos no podemos permanecer por más tiempo indiferentes. La seguridad ciudadana basada en la auto organización, es la alternativa a la crisis ■
Fuentes: Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste A.C. (BCN) [email protected]
