■ Mantenían un bloqueo en demanda de renegociar un convenio con minera Peñasquito
■ Acusan que fueron “levantados” por agentes, sin que mediara flagrancia ni orden de aprehensión
Alrededor de la 1 de la mañana de este jueves 7 de mayo elementos de las policías Estatal y Ministerial de Zacatecas desalojaron y se llevaron a 10 de los ejidatarios de Matamoros, del municipio de Melchor Ocampo, ubicado a 400 kilómetros de la capital del estado, en la zona del semidesierto.
Los campesinos hacían guardia para mantener el bloqueo iniciado el pasado 20 de abril para impedir trabajos de una subestación eléctrica y otra de rebombeo hidráulico que realiza la minera Peñasquito en sus terrenos, en demanda de la apertura de diálogo para lograr una renegociación del convenio firmado con la empresa en 2013.
Ramón Cisneros Hernández, Francisco Cisneros Hernández, Víctor Cisneros Domínguez, J. Asunción Alvarado García, Carlos Treviño Cisneros, Ricardo Cisneros Rodríguez, Ramiro Cisneros Domínguez, Jesús Ruíz del Río, Rodrigo Esquivel Báez y Jesús Esquivel Báez, fueron “levantados”, ya que el procedimiento policiaco se realizó sin que mediara flagrancia ni orden de aprehensión, y durante horas no se supo de su paradero ni se les permitió comunicarse con sus familiares o conocidos.
Así expusieron su versión, recuperada por separado por La Jornada Zacatecas, tanto el representante del citado ejido, Rodolfo Cisneros; como el líder del Frente Popular de Lucha de Zacatecas, Felipe Pinedo, este último quien ofreció una conferencia de prensa en la capital del estado ayer.
Alrededor de las 14 horas del mismo día, Rodolfo Cisneros informó que luego de que madres de familia de algunos de los retenidos buscaran interponer una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado en el municipio de Concepción del Oro, fue que dieron con el dato de que sus familiares habían sido presuntamente arrestados por el delito de extorsión y se encontraban ante el Ministerio Público.
Sólo Ramón Cisneros Hernández, de entre los detenidos, precisó el representante del ejido, había sido demandado por la empresa ante la Procuraduría General de Justicia del Estado en días pasados.
Y contrario a lo expuesto por el secretario general de Gobierno, Jaime Santoyo Castro, acerca de que el 5 de mayo se les convocó a una mesa de negociación a la que no acudieron, dijo, “ni siquiera nos informaron de nada”.
Lo que habían pedido las autoridades desde el pasado 20 de abril agregó, fue que se retiraran del lugar que mantenían en control, presuntamente para dar inicio al diálogo, pero los ejidatarios desconfiaron que así sucediera, dijeron, por experiencias previas.
Al momento de llegar las fuerzas policiacas al terreno en disputa entre Peñasquito y los ejidatarios, y que presuntamente refiere un “paso de servidumbre”, la guardia del bloqueo la componían 13 personas, entre ellas cuatro mujeres y un menor de edad, que fueron dejados en libertad.
El argumento de que las acciones de los ejidatarios son extorsiones, así expuestas por directivos de las empresas mineras, Felipe Pinedo dijo en la conferencia prensa ofrecida para dar a conocer los hechos de la madrugada de ayer, “en realidad es de dar risa”.
Expuso, los que han sido extorsionados, timados y robados en despoblado son los ejidatarios, “yo no sé desde cuándo se extorsiona cuando se piden derechos”.
Calificó de lamentable la declaración de los directivos de Peñasquito y agregó que la nota periodística, cuyo titular recuperó así la acción de los inconformes “fue el preámbulo de lo que ya tenían premeditado hacer”, pues se sustentó en una mentira.
Al respecto, Rodolfo Cisneros, con quien este medio habló en varias ocasiones ayer, quiso precisar que el registro en la citada nota periodística, acerca de una presunta solicitud por parte de los ejidatarios a la minera de 10 millones de dólares “es una vil mentira, de a tiro la riegan”.
Dijo que el convenio firmado por los ejidatarios en 2013 con Peñasquito, realizado entonces sin asesoría legal ni técnica, refiere “un paso de servidumbre”, por el que se acordaron 3 millones de pesos por su uso durante 30 años, mismo que no incluye el derecho de la empresa para extraer agua.
Lo que solicitan no 39 de ellos, como se señaló en medios, sino los 260 que conforman el ejido Matamoros “por el uso de nuestras tierras y del agua que es un medio natural indispensable para la vida”, son 2 millones 300 mil dólares.
“Ellos se van a llevar toda el agua de los alrededores de nuestro ejido, rentaron un predio aquí donde tienen el campamento e hicieron demasiados pozos y aquí al otro lado de nuestro rancho tienen perforaciones y a nosotros nos van a acabar el agua”, advirtió.
Definen su reclamo como una “gratificación”, pues luego de que la empresa explote el líquido “no vamos a tener absolutamente nada de agua y ¿qué vamos a hacer nosotros aquí?”
Sobre este aspecto Felipe Pinedo recordó que en 2014 Peñasquito buscó concretar un convenio con el municipio coahuilense de Ramos Arizpe, para traer aguas tratadas de aquella región, sin embargo, el cabildo de la demarcación finalmente se negó a ello, por lo que ahora buscan conseguirla a como dé lugar en territorio zacatecano.
Precisó que la empresa, filial de la canadiense Goldcorp, requiere por cada tonelada del material que muele, una tonelada de agua. Por lo que cada día le son necesarias 130 mil toneladas del vital líquido. El número de pozos perforados sólo en inmediaciones del ejido Morelos son 28, mediante los que se extrae agua cada vez a mayor profundidad.
Refirió que el líquido obtenido mediante concesiones por parte de la Conagua para uso agrícola y potable son contrarias a la ley, pues las utiliza para la industrialización y luego de ocuparse para la molienda de minerales y ya contaminada se filtra nuevamente a los mantos freáticos, afectando a su paso también el suelo.
Finalmente Pinedo Hernández hizo un llamado a Gobierno del Estado para que coadyuve a la negociación entre ejidatarios y empresarios mineros, “y no sea tan burdamente parcial a favor de minera Peñasquito”.
Subrayó que las acciones de uso de la fuerza no sólo no replegaron a los ejidatarios, sino que provocaron un conflicto mayor, pues decidieron organizarse para obstruir la carretera que corre de Melchor Ocampo a San Jerónimo, y mediante la que se accede a los 28 pozos citados, y la que va de Matamoros a Cedros, “es decir en lugar de amedrentarse reaccionaron”.
Informó finalmente que las acciones contra los ejidatarios, que calificó como violatorias de sus derechos humanos, serán denunciadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Confirma PGJE la detención de 10 personas que protestaban contra Peñasquito
El subprocurador de Justicia del estado de Zacatecas, Osvaldo Cerrillo Garza, confirmó que la madrugada de este jueves fueron detenidos 10 ejidatarios de la comunidad de Matamoros, del municipio de Melchor Ocampo, que protestaban contra la Minera Peñasquito.
Expuso que este operativo se derivó de “una orden girada por el Ministerio Público, para la presentación dentro de la investigación que se tiene ya en la denuncia”.
Una denuncia que, recordó, se interpuso por parte de la compañía el pasado 24 de abril contra quien resulte responsable de los delitos de amenazas, extorsión, despojo y los demás que se concluyan en las investigaciones de la Procuraduría.
Señaló que estas personas fueron llevadas a la agencia del Ministerio Público que se encuentra en el municipio de Concepción del Oro y que a lo largo de este jueves comenzaron las reuniones entre los representantes de la minera y tanto abogados como familiares de los detenidos, a fin de llegar a una conciliación.
Para alcanzar este tipo de acuerdos, que es una posibilidad que existe con el nuevo sistema de justicia penal, informó que se tienen 48 horas desde la detención.
En relación a este proceso, comentó que una vez que se ponen los detenidos a disposición del MP, esta instancia tiene dos días “para poder determinar si las personas que estaban ahí (en la protesta) sí son responsables de algún delito”, por los que son señalados en la denuncia ya interpuesta.
Cuando concluya este plazo, explicó Cerrillo Garza, el asunto pasará a desahogarse con un juez en una audiencia denominada Control de Detención, en la que puede tenerse como resolución que “los deja en libertad o en su caso podría archivar ese asunto siempre y cuando no haya delito de los hechos investigados o, si habiendo delito, llegan en el transcurso de hoy y mañana (ayer y hoy) a una negociación y por conciliación quedan archivados”.
Los ejidatarios buscaban renegociar un contrato que firmaron con la empresa, para solicitar la cantidad de 10 millones de dólares por el concepto de servidumbre de paso para la utilización, por parte de la minera Peñasquito, de unos pozos de agua.
Aunque en la denuncia no aparecen todos los nombres de los ejidatarios, sino sólo algunos, Cerrillo Garza indicó que “por supuesto que es válido” que se les haya detenido a los demás que no aparecen mencionados en la denuncia, puesto que “al momento de estar obstruyendo, al momento de estar cometiendo un delito en flagrancia se puede detener a cualquier persona, esté identificada o no”.
Al margen de la obstrucción, previamente el subprocurador señaló que “el delito por el cual los pusieron a disposición fue por extorsión”.
El funcionario estatal subrayó que son 10 detenidos, pero son alrededor de 40 las personas que están involucradas en los hechos denunciados. Expuso que desde hace varios días se había tratado de entablar diálogo con los pobladores inconformes y con sus abogados, a fin de llegar a una solución del conflicto.
En cuanto a las razones por las que se llevó a cabo la detención en ese momento, que según los ejidatarios fue cerca de las 12:30 de la madrugada de ayer, indicó que “no depende de mí la Policía Estatal, pero por horas estratégicas realizaron el operativo”.
