Acostumbrados a brincar de aquí para allá; habituados a ver las alianzas como cuestión de oportunidades y no de afinidades ideológicas, los profesionales de la política se ven con frecuencia en la complicación de ganar notas y titulares sin perjudicar o causarle molestias a los aliados reales o potenciales, futuros o presentes, ocultos o abiertos.
En esa disyuntiva, hay siempre una prudente salida: dirigir los reclamos y llamados (según la distancia política) sobre los problemas que aquejan al estado, al gobierno federal.
En particular los lugares más seguros, y por tanto más comunes, son dos: la necesidad siempre de mayor presupuesto, y que se garantice más seguridad.
El encuentro que se pudo haber sostenido con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en su visita a Zacatecas, hubiera facilitado que esos llamados no fueran simples botellas al mar, perdidos en las páginas de los medios locales, sino cuando menos diálogo republicano entre representantes locales y el funcionario federal de más importancia luego del presidente de la República.
Pero no fue. La oportunidad quedó desperdiciada por un problema de formas, pues a decir de los diputados locales, se enteraron de la visita del secretario porque su equipo realizaba tareas logísticas en el Congreso del Estado, y por lo trascendido en los medios de comunicación.
Dicen que nadie ni la delegación de Gobernación en Zacatecas ni la Secretaría de Gobierno estatal se habían tomado la molestia de oficializar el encuentro para que la presencia de Adán Augusto López Hernández en la Legislatura fuera posible.
Y así, aunque ya se había informado a medios de comunicación que el funcionario estaría presente en el Congreso, alrededor de las 2 de la tarde, un par de horas antes se advirtió en conferencia de prensa, que esto no sería posible, toda vez que los legisladores se sentían agraviados en su autonomía.
Ante el evidente desgobierno, se dio por cancelado el evento en Zacatecas y el secretario de Gobernación apareció en el vecino Aguascalientes más o menos a la misma hora en la que estaba anunciado en nuestra entidad.
Ahí, con los hidrocálidos, se presentó en el poder legislativo sin el menor problema, y se reunió con la gobernadora de ese estado, quien lo recibió con cortesía política y el compromiso de trabajar en conjunto por el bien de Aguascalientes.
Con ese elemental trato político como fondo, luego fueron noticia los acuerdos y aproximaciones para resolver el abasto de agua en aquella entidad y los trabajos conjuntos para fortalecer (aún más) la seguridad en ese estado.
Acá en cambio permaneció la ingobernabilidad y el mutuo reproche entre el legislativo y el ejecutivo de haber dejado ir la oportunidad del encuentro por infantiles caprichos políticos.
Acá quizá ni siquiera vislumbramos la muy posible y quizá próxima escasez de agua, sin que se concrete el proyecto Milpillas, o surja otro alterno que lo sustituya.
Acá el diálogo político se limita a reproches en forma de tweets, posts de Facebook y cuando mucho, puntos de acuerdo legislativos para exhortar a que Gobierno Federal otorgue más recursos para ese y otros castillos en el aire.
Se omite que hace poco más de un año, el presidente López Obrador manifestó que el proyecto de Milpillas, de acuerdo a los estudios nacionales era viable, y que habría dinero para éste, siempre y cuando los dueños de las tierras necesarias estuvieran de acuerdo con que se realizara.
A doce meses de esta declaración, no conocemos el más mínimo avance en negociaciones para que Milpillas sea posible, o siquiera otro proyecto de igual o mayor envergadura si es que éste no convence.
Pero ni Milpillas avanza ni el muy abultado presupuesto en obras públicas se ejerce. Tampoco se fortalece a las fuerzas estatales para prescindir de las nacionales. Y mientras tanto, los zacatecanos no reciben de su muy cara clase política nada, más que estridentes titulares.
Al final, el secretario de Gobernación siguió su camino, y la reforma constitucional para prolongar la presencia del Ejército en las calles que motivaba su visita ya cuenta con el aval mínimo que necesitaba, es decir el de 17 congresos estatales.
Pero la ingobernabilidad quedó al descubierto y la pasividad política local permanece sostenida en supuestas defensas de autonomías y divisiones de poderes que ya antes hemos escuchado, aunque se han esfumado cuando las decisiones reales y las votaciones importantes han tocado.
