Los aspectos jurídico y político en torno a la elección de la capital están completamente anudados. Veamos. Primero, ante la impugnación del PRI del resultado electoral, el Tribunal Estatal emitió una resolución dividida donde de dos a favor y dos en contra, pero la calidad del magistrado presidente lo permitió votar dos veces en el mismo sentido. El debate al interior de la sesión del tribunal fue claramente superior en contra del ponente que, valga apuntar, no defendió su ponencia; es decir, los magistrados que se oponían a la anulación de la elección dieron argumentación más contundente, pero los derrotaron en la votación sui generis de 2 personas que emitieron 3 votos. Después el litigio llegó a la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Federal, y éste emite un dictamen que ratifica la anulación pero por razones distintas a las del Tribunal de Zacatecas. Lo cual podría interpretarse como que al no retomar las razones de este Tribunal, las consideraron débiles o fuera de tino. Es decir, en los hechos, la Sala Regional de Monterrey descalificó las razones del Tribunal local y fundamentó su dictamen en otras razones. Ese es un detalle significativo. Otro elemento a considerar es que el partido Morena cometió errores de procedimiento en Monterrey, donde la estrategia del PRI fue basar sus alegatos alrededor de la ilegalidad de la figura llamada “Promotores de la Soberanía Nacional” (PSN).
Morena usa la figura de PSN para hacer visibles sus cuadros que pudieran o no convertirse en precandidatos. La cosa es que en muchos casos, los PSN no se convirtieron en candidatos y fueron superados por otros miembros de ese partido cuando fue emitida la convocatoria formal para la elección de candidatos. Es decir, es una figura ambigua y polémica (incluso al interior de Morena), pero no alcanza a ser motivo suficiente para convertirse en elemento determinante para anular toda una elección. El problema sigue siendo las débiles razones que dan los tribunales para aplicar la máxima pena (anulación de la elección) al proceso. Es como dar cadena perpetua por el robo de un carro. Robar un vehículo sí es un delito, pero sería desproporcionado castigar con cadena perpetua al ladrón. Por ello, la molestia de una parte importante de la ciudadanía, que ve razones nimias en los magistrados, y eso da fuerza política al reclamo.
Así, la toma del recinto del Poder Legislativo local por parte de Morena, se ha convertido en un problema de gobernabilidad, lo cual significa que entrará a la mesa del secretario de Gobernación. Ahí se dirimirá el caso, aparte de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. Pueden tomar la vía autoritaria del desalojo y represión, pero con costos políticos para el gobernador que apenas inicia. Además, está la opinión de una parte de actores del PRI en el sentido de soltar ese caso y permitir que Morena gobierne la capital. Es decir, a la fecha el PRI está dividido en este caso. Hay una semana para lograr algún acuerdo político que desate el nudo que se ha formado. Sin embargo, si llega a solucionarse el asunto por vía política, en automático los tribunales quedarían desacreditados, es decir, se evidenciaría que no actuaron por razones puramente jurídicas. Un verdadero nudo.
