■ Con la depuración en Calera sólo trabajan nueve agentes por turno, advierten
■ Piden que las pruebas de confianza se apliquen a Pinto Ortiz y Nahle García así como a funcionarios municipales y estatales
Más de 100 ex policías que fueron despedidos de corporaciones de seguridad de la capital de Zacatecas, Calera, Guadalupe, así como de las policías Ministerial y Estatal, y del sistema penitenciario, marcharon por las principales calles del Centro Histórico, ya que afirman que se registraron irregularidades en sus despidos, bajo el argumento de que habían reprobado los exámenes de control de confianza.
Los ex uniformados señalaron que hubo casos en los cuales no se aplicaron dichas pruebas, además de que algunos fueron realizados hace más de dos años. Exigen que se limpie su imagen al retirar sus datos de Plataforma México (donde están boletinados) y que les otorguen la liquidación que corresponde por ley.
La marcha inició a la altura de la Máquina 30-30 en la avenida González Ortega, de ahí descendieron a la avenida Hidalgo, continuando por el Callejón del Santero, hasta llegar al Congreso del estado.
Ahí se reunieron con los representantes de medios de comunicación y colocaron algunas cartulinas en los escalones de la entrada del edificio. Algunos de ellos mostraron al alcalde Carlos Peña Badillo con su familia, reclamándole que descuidaban a sus hijos por darles seguridad a los funcionarios.
También exigieron que las pruebas de confianza se apliquen al secretario de Seguridad Pública, Jesús Pinto Ortiz, y al procurador general de Justicia, Arturo Nahle García, así como a funcionarios municipales y estatales.
Los ex agentes de la policía capitalina señalaron que el ayuntamiento sólo les ha ofrecido el pago de tres meses de trabajo, y 12 días más por año laborado, sin tomar en cuenta la antigüedad laboral, puesto que algunos ya tenían en la corporación más de 20 años.
Después de haber permanecido unos minutos en la plancha del Congreso, salió a dialogar con ellos el diputado petista José Luis Figueroa Rangel, quien les comentó que se había propuesto a los integrantes de las siete fracciones parlamentarias atenderlos y escuchar sus peticiones.
Comentó que los ayuntamientos debieron reubicar a los elementos que no habían aprobado los exámenes de confianza, hacer una reestructuración y hacer una depuración interna, en lugar de generar desempleo. Además, debieron haber previsto un fondo emergente para el tema de liquidaciones.
El ex comandante Gorgonio López Oliva mencionó que el examen lo realizó en mayo de 2012, sin embargo, dos años después se le notificó que no lo aprobó y que debe ser despedido, y cuestionó a las autoridades municipales porque siguió trabajando si no se tenía confianza en su desempeño.
“Yo trabajé alrededor de 16 años, según la autoridad nos corresponden cerca de 93 mil pesos por haber entregado ese tiempo a cuidar a la sociedad. Queremos una liquidación justa y un trato digno. Que se lave nuestra imagen y públicamente nos den lo que merecemos. Si no era confiable, ¿por qué me dejaron seguir trabajando?”, dijo el ex uniformado.
Aurelio Márquez García, de 58 años, laboró durante nueve años en la Policía Municipal de Zacatecas, y debido a un accidente durante su tiempo de descanso, fue incapacitado para laborar, recibiendo una pensión mensual de 2 mil 40 pesos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero no recibió finiquito alguno por parte del ayuntamiento.
“A me tuvieron cinco meses trabajando, así con mi bastón, por un accidente, se me notificó pensión por invalidez. Tengo derecho a que me den algo, una liquidación decente después de haber trabajado tantos años. Pero la respuesta que me dieron en el ayuntamiento fue de que ya no había dinero y que se me pagaba quincenalmente la pensión, pero esa la paga el Seguro Social”, expuso el ex policía.
Elementos que fueron dados de baja del sistema penitenciario mencionaron que actualmente trabajan 15 personas por guardia, debido a esta depuración, lo cual resulta insuficiente para atender a la población de reos.
Por su parte, elementos que fueron cesados en el municipio de Calera, informaron que debido a esta depuración, actualmente sólo trabajan nueve policías por turno, lo que deja desprotegida a la población.
Agentes despedidos por “cuestiones más graves” no significa que estén fuera de alguna sanción: MAR
El primer paso de la depuración policiaca fue dar de baja a los policías que reprobaron los exámenes de control de confianza, aseguró el gobernador Miguel Alonso Reyes; aunque esto, precisó, no significa que los elementos despedidos por “cuestiones más graves” estén “ya fuera de cualquier tipo de posible sanción de otra naturaleza, pueden quedar sujetos a proceso de iniciarse alguna averiguación, pero por lo pronto son dados de baja”.
En este sentido, expuso que tras cumplir con la obligación de dar de baja a los agentes reprobados, “a partir de ahí, de haber elementos constitutivos de delito vendría un procedimiento ya de carácter penal en algunos casos específicos, donde hubiera alguna aceptación de la comisión de un delito en algún momento de su historial policial.”
Por ello, el mandatario estatal precisó que ya la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ) tiene información a raíz de testimonios que en las mismas evaluaciones de control de confianza han emitido los agentes de distintas corporaciones en los que han aceptado incluso haber cometido algún ilícito o que tuvieron vínculos con la delincuencia “por determinada circunstancia o por temor o por obligación o por asociación delictuosa”.
Sostuvo, en cuanto a este proceso de depuración, que fue una acción complicada pero para la que no había alternativa. Añadió que es una exigencia social, más incluso después de hechos como los ocurridos en el municipio guerrerense de Iguala con la muerte de 6 personas y la desaparición de 43 normalistas, el tener corporaciones de seguridad confiables y que garanticen la seguridad de la ciudadanía.
Al respecto, comentó que “hay un llamado imperioso de la población mexicana y la zacatecana no es la excepción; (…) creo que este es un proceso complejo pero finalmente necesario para poder depurar las policías y lograr nuevos cuerpos depurados, profesionalizados”.
En ese tenor concluyó que esta estrategia dictada desde la esfera nacional “nos puede permitir (tener) un volver a empezar en todo el país en el ámbito de las policías municipales”.
A veces las que más se quejan son constructoras: MAR
Tras las protestas de los transportistas materialistas en días pasados para denunciar la falta de trabajo otorgado por la Secretaría de Infraestructura (Sinfra), Alonso Reyes reconoció que existe una “necesidad imperiosa” de muchas empresas del sector de la construcción de tener más obras”.
“Ellos quisieran tener, y es legítimo, un volumen de obra con el que su empresa permanentemente tenga trabajo”, aseguró; sin embargo, expuso que hay casos de compañías que reclaman más obras pero que fallaron al llevar a cabo trabajos anteriores, al no haberlos terminado.
En ese tenor, añadió que “hay algunos casos en los que hay observaciones de algunas de las empresas que dejaron alguna obra inconclusa, alguna obra tirada, y que también tienen observaciones por parte de la Función Pública; y que a veces son algunos de los que más se quejan de que no tienen obra, pero si se revisa su expediente finalmente hay irregularidades porque alguna obra no la concluyeron”.
