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lunes, 6 mayo, 2024
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Discrepan cifras de deuda estatal estimada por Sefin

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Por: ALMA RÍOS •

  • Deuda del estado, hasta el 30 de junio de 2016, estaba estimada por la Sefin en casi 11 mil millones de pesos y no 7 mil 400 como gobernador y secretario de Finanzas informaron a la sociedad y Poder Legislativo

El gobernador Miguel Alonso Reyes y su secretario de Finanzas, Guillermo Huízar Carranza, han aludido tanto en el Informe de Gobierno como en la comparecencia ante la 61 Legislatura, respectivamente, a la existencia de una deuda pública “que asciende en su totalidad a 7 mil 400 millones de pesos”, dicho esto en palabras del mandatario. No obstante al 30 de junio de 2016 según el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos generado por la propia Secretaría de Finanzas (Sefin), la entidad adeudaba 10 mil 781 millones 741 mil 966 pesos en créditos a largo plazo, a corto plazo y referidos como “Otros pasivos del Ente”.

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Comparativamente, el mismo reporte semestral, pero del año 2015, exhibe que la deuda estatal entre un periodo y otro no se redujo, pues entonces sumaba en total 10 mil 262 millones 553 mil 433 pesos. Por el contrario, y aun habiéndose aprobado entre la emisión de estos dos documentos el pasado diciembre, un empréstito por 2 mil 50 millones de pesos por la Legislatura del estado, hay una diferencia que incrementa los pasivos en 519 millones 188 mil 533 pesos para el 2016.

Comparaciones

“La situación financiera del estado, en el año 2010, al inicio de este mandato, estaba seriamente comprometida principalmente por las deudas a corto plazo con bancos, proveedores y contratistas, todas ellas derivadas de excesos presupuestales hechos sin fondos disponibles; más de 5 mil 200 millones de pesos era la deuda real del estado y no la pretensión engañosa de asegurar que era de 682 millones de pesos, que correspondía sólo a la registrada en Hacienda”.

Con una alusión a la manera en que recibió las cuentas estatales hace seis años, inició el gobernador Miguel Alonso Reyes su comentario a la situación de las finanzas públicas en su sexto y último informe de gobierno, el pasado 2 de agosto de 2016.

En una actualización del párrafo, el desglose expresaría según el corte al 30 de junio de este año, ya citado, 147 millones 995 mil 883 pesos en deudas a corto plazo contratadas con bancos, 3 mil 36 millones 43 mil 148 pesos en “diversos pasivos”, y déficits financieros equivalentes a -4.7%  en promedio durante los últimos cinco años (según reporte de la calificadora Moody’s); la deuda total ascendía según el documento de Sefin, a 10 mil 781 millones 741 mil 966 pesos y no a 7 mil 400 millones, que son solo los registrados por Ley ante Hacienda y cuya característica es que están contratados a largo plazo.

FUENTE: Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado
FUENTE: Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado

En entrevista para La Jornada Zacatecas, previa al sexto Informe de Gobierno, el titular de la dependencia, Guillermo Huízar Carranza, habló sobre el cierre financiero del sexenio y aseveró sobre la deuda pública que “no será problema para la siguiente administración” luego de situarla en 7 mil 600 millones de pesos “registrados ante Hacienda, que fueron producto de un concurso público, que están a plazos de 15 a 20 años”, y contratados algunos, “con periodos de gracia”.

Recuento al que agregó que para el pago de intereses por este monto se distrae 2.5% del presupuesto estatal de 2016.

No obstante, de entre los compromisos crediticios de largo plazo a los que alude el funcionario, el único contratado a 20 años (el 28 de diciembre de 2012) es uno registrado a nombre de Banobras por 198 millones 458 mil 139 pesos. En promedio, los nueve créditos a largo plazo actualmente en vigencia, tienen un promedio de vencimiento de 12.8 años.

En la entrevista, el funcionario lamentó que la 61 Legislatura recortara el proyecto de decreto de reestructuración mediante el que Gobierno del Estado solicitó en 2015 a la Legislatura, un techo de endeudamiento hasta por 3 mil 700 millones de pesos y que finalmente quedó aprobado para 2 mil 50 millones.

“Mil 300 millones de pesos que como se dieron cuenta, lo quitaron de los ingresos porque no autorizaron pedirlo prestado, pero no lo quitaron del gasto. Y esa es una auténtica presión para el estado. Ahí hay un déficit”, dijo.

Aseveró que al no haberse aprobado los 3 mil 700 millones de pesos como techo de endeudamiento, “no se reestructuró nada, no nos autorizaron reestructuración alguna”, cosa que calificó como un contrasentido, “cuando el banco está con los brazos abiertos a que no le paguemos sino que reestructuremos”.

FUENTE: Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado
FUENTE: Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado

Sin embargo el Avance de Gestión Financiera del primero de enero al 30 de junio de 2016. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, al que se ha aludido, muestra que del saldo a la fecha citada, desaparecen del rubro “Otros pasivos”, siete créditos a corto plazo, seis contratados con Interacciones, y uno con el banco HSBC, que sumaban en total mil 340 millones 304 mil 659 pesos.

También del mismo apartado se registra una reducción de deuda no contratada con bancos de mil 570 millones 489 mil 201 pesos; pero por otro lado, aparecen ahora en el registro correspondiente a Deuda a largo plazo, créditos celebrados en febrero de este 2016 con Banorte, Santander y HSBC, por un monto total de 2 mil 50 millones de pesos, pagaderos a plazos de 10 a 15 años.

 

Cubrir “el agujero” financiero

Huízar Carranza explicó en la entrevista y sobre el tema de cubrir el “agujero” por mil 300 millones de pesos, que para solucionarlo utilizó varias estrategias, una de ellas, “dividir nuestro ejercicio constitucional”.

“Es decir, los mil 300 millones de pesos son de todo el año, el ejercicio constitucional de Miguel Alonso termina el 12 de septiembre, entonces determinamos cuál era nuestra necesidad de recursos al 12 de septiembre”.

 

SÍ HABRÁ PROBLEMAS FINANCIEROS

PARA CERRAR EL 2016, UN HECHO QUE

“ESTÁ TOTALMENTE RECONOCIDO POR

EL GOBERNADOR ELECTO.

ALEJANDRO TELLO LO SABE”: HUIZAR

Dijo entonces que sí habrá problemas financieros para cerrar el 2016, un hecho que “está totalmente reconocido por el gobernador electo. Alejandro Tello lo sabe”, aseveró.

Pero también observa una perspectiva negativa para las finanzas del Estado de Zacatecas la calificadora Moody´s, que ante el escenario, expuso en su reporte de junio de 2016, el más reciente, que ha modificado su calificación del riesgo crediticio de la entidad, de A3.mx a la Baa1.mx, al no considerarlo ya “estable”, y señalar que no espera mejoría respecto de esta situación pero sí, que puede “generarse una baja” mayor “si Zacatecas no logra implementar medidas para recortar los gastos y por ende registrara déficits financieros mayores a los esperados, incrementos en los niveles de endeudamiento y un mayor deterioro de la posición de liquidez”.

De vuelta a la entrevista con el Secretario de Finanzas, el funcionario precisó que las estrategias para intentar cubrir los mil 300 millones de pesos fueron multiplicar la gestión, implementar un programa de austeridad, y cancelar o suspender “por lo menos temporalmente”, obras de infraestructura que se consideraron “no prioritarias”, dijo, “para juntar esa masa de recursos necesarios para salir al mes de septiembre”.

Gestión

“Lo primero que hicimos, estamos hablando del mes de enero”, fue multiplicar la gestión, comentó, producto de la cual la Sefin obtuvo 425 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda. Y respecto del déficit que la administración alonsista heredará de los citados mil 300 millones de pesos a la siguiente administración, en aquel momento (mediados del mes de julio), informó  que tenía agendada otra cita más con la dependencia federal, cuando ya estaba resuelto el problema financiero hasta el mes de septiembre, según expuso, “pero falta octubre, noviembre y diciembre”.

“Hacienda me puede decir: oye tienes razón, vamos sentándonos a platicar ya de una vez lo dejamos resuelto. Y también me puede decir, oye Guillermo: eso ya no es de tu incumbencia, permítenos que lo negociemos con el siguiente gobernador. Es perfectamente probable una cosa y la otra”.

Dijo no obstante que tanto Alonso Reyes como “su estilo de trabajo” personal, les llevarían a procurar dejar el tema resuelto hasta el fin de año, para el que precisó, se requerirán 350 millones de pesos “más o menos”, a fin de garantizar la nómina del sector educativo.

Austeridad: entre rasguños, manotazos y tiros de precisión

El programa de austeridad redujo en un primer momento “la asignación presupuestal global de todas las dependencias de Gobierno del estado de Zacatecas (…) le tumbamos 5 por ciento parejo sin distinción”, dijo Huízar Carranza.

Este fue un primer “rasguño” o “manotazo financiero” al capítulo 2 mil y 3 mil. “¡Venga para acá! Eso con el ánimo de generar una bolsa que me permitiera financiar el gasto educativo” hasta septiembre, pues en la misma entrevista mencionó que pudo subsanarse el rubro hasta el mes de abril con el crédito de 2 mil 50 millones de pesos aprobado por la 61 Legislatura.

Al primer “manotazo” sucedieron recortes adicionales a los presupuestos de las dependencias, “ya de manera focalizada”, expuso.

En la Secretaría de Seguridad Pública, ejemplificó, se hizo un estudio histórico del consumo de gasolina “para ahorrar una cantidad muy importante (…) convencimos a la Secretaría de que con ese recorte no se iban a paralizar las patrullas ni nada por el estilo”, sino se optimizaría “hasta la última gota”.

Se redujeron asignaciones de viáticos para los funcionarios de todos los niveles, secretarios “que van a México”, jefes de departamento que acuden a municipios, y jefes de oficina comisionados. Para estos últimos de 67, a 57 o 45 pesos por cada día de trabajo. Y se limitaron las cuotas de manera estratificada, de telefonía celular.

Entre los “tiros de precisión” también consideró “la congelación de contratación de personal” y la “optimización de listas de raya”.

Cabe mencionar que una de las acciones del último año de gobierno de Alonso Reyes fue “la basificación” de mil 500 trabajadores, a los cuales ha denunciado el sindicalismo disidente, se les redujo a la par, el salario entre un 40 a 50 por ciento. Sobre lo que han advertido, (además de precisar que la base es un derecho que por ley se adquiere con la permanencia en el puesto de trabajo durante seis meses y un día), que la reducción se verá reflejada en el aguinaldo que recibirán los trabajadores el próximo diciembre.

Guillermo Huízar Carranza agregó a las estrategias de austeridad, la modificación del grado de riesgo “que tenemos ante el Seguro social”, con lo que se consiguió reducir la cuota que se paga a la institución.

En infraestructura dijo, “simplemente se redujeron algunas metas” de pavimentación de carreteras para este 2016. Así, de los 108 kilómetros de terracería que estaban previstos para ello, solo se atenderán 70 en distintos puntos.

“Eso yo no lo decido. Yo solamente necesito parte de este recurso para seguir resolviendo mi déficit financiero, entonces la Sinfra (Secretaría de Infraestructura) ajusta sus metas y reduce los alcances y pone a disposición de la Secretaría (Sefin) esos recursos”.

“Este es un poquito el tipo de ejercicios para lograr, insisto, llevar el barco a buen término y que de repente no tengamos recursos para la nómina de los trabajadores”.

Todo esto le permitió a la administración por salir, conjuntar una bolsa de 300 millones de pesos, que sumados a los 425 millones gestionados ante Hacienda, deja todavía un pendiente de 350 millones de pesos para cerrar el 2016.

Durante la entrevista se aludió a Guillermo Huízar como el “arquitecto financiero del sexenio”, observación que agradeció durante la conversación, solo para matizar al final, “pero eso no es necesariamente cierto. Yo era Secretario de la Función Pública y me dedicaba a andar haciendo auditorías a los funcionarios”.

Justo con esa investidura, titular de la SFP, fue que en diciembre pasado Huízar Carranza fungió como “interlocutor” del Gobierno del estado con los diputados que aprobaron aquella madrugada de 2015, (entre otros los de oposición que antes públicamente se habían negado a respaldar empréstito alguno), mil 300 millones de pesos para la reestructuración de deuda a corto plazo y 700 millones para contratar nuevos pasivos.

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