■ Ciudadanos desconfían que servidores públicos que cometieron anomalías sean sancionados
■ A nivel local se deberán incluir apartados con temas como el 3 de 3 y otros: Luis Acosta
Ante el escepticismo ciudadano a que los servidores públicos sean realmente sancionados una vez que la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Legislatura les fincan responsabilidades por irregularidades en sus cuentas públicas, el presidente de la Comisión de Vigilancia, Luis Acosta Jaime, admitió que se tiene un entramado jurídico complicado y es necesario que la brevedad se tenga el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción.
A propósito de que esta semana la 61 Legislatura aprobó las cuentas públicas 2014 de Gobierno del Estado con sanciones resarcitorias de más de 140 millones de pesos, los municipios de Zacatecas con más de 7 millones de pesos; Villanueva con 58 millones y Sombrerete con más de 3 millones de pesos. Además se absolvieron de responsabilidades los propios diputados en su cuenta pública, el legislador dijo que se van sin dejar rezago en la fiscalización.
No obstante, admitió, es necesario que ya en los meses siguientes que los próximos diputados cumplan la obligación que tendrán todos los estados de adecuar las reformas federales que hubo tiempo atrás, principalmente a la Ley de Fiscalización Superior y a nivel local se deberán incluir apartados con temas como el 3 de 3 y otros. “Ello servirá de mucho para que cambie la percepción de la ciudadanía”.
Por ahora agregó, los diputados cumplieron en el tema de fiscalización a partir del marco jurídico que se tiene, pero se debe saber que cuando una amonestación queda firme los encargados de llevar a cabo los cobros de las sanciones no son ellos, sino los tesoreros municipales en caso de funcionarios municipales y la Secretaría de Finanzas para casos de Gobierno del Estado.
Luis Acosta Jaime destacó que la 61 Legislatura se vaya este próximo 7 de septiembre sin dejar rezago en la aprobación de cuentas públicas, porque explicó que cuando no se dictamina en tiempo y forma se dan por solventadas todas las observaciones, y antes “había un rezago impresionante de cuentas públicas”.
Refirió que por ejemplo en el año de 2011 aún se dictaminaban cuentas públicas de 2007, y quienes fueron sancionados pudieron aludir al artículo en mención y evitaban cualquier responsabilidad. “Quizás por eso hay la percepción que no se persigue”.
Sin embargo, insistió, eso ya no es un trabajo de los diputados, sino de las tesorerías municipales y la Secretaría de Finanzas; en las sanciones administrativas le corresponde aplicarlas a los contralores y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y los que tuvieron cargo de elección popular a la Legislatura a través de la Comisión Jurisdiccional.
Luis Acosta refirió que en la fiscalización actual presentan la cuenta pública los municipios o Gobierno estatal a más tardar el 15 de febrero del año siguiente al periodo fiscal que corresponda, después la Auditoría Superior del Estado (ASE) tiene siete meses para realizar la primera revisión y hacer un informe preliminar.
Acto seguido los involucrados tienen 20 días antes para solventar las observaciones hechas en primera instancia, después hay 120 días hábiles para realizar el informe complementario que sirve de base para que la Legislatura realice un dictamen en un plazo no mayor a siete meses a fin de que sea sometido a aprobación. Es decir, es un procedimiento de casi dos años.
