Durante años se pensó que la crisis de inseguridad que vivimos se debía a la “ausencia del Estado”. En el debate público solíamos pensar en abstracto en los grupos criminales como simples bandas que peleaban por el trasiego de drogas en zonas donde el gobierno no llega. Sin embargo, la evidencia académica expuesta en la obra Votes, Drugs, and Violence: The Political Logic of Criminal Wars in Mexico, de Guillermo Trejo y Sandra Ley (mi profesora en el CIDE), establece un cambio de paradigma para entender este fenómeno desde la Ciencia Política. Esta noción argumenta que el Estado y el crimen conviven en una peligrosa “zona gris”, lo que propicia que las organizaciones criminales muten a “empresarios y políticos” con el propósito de establecer mercados ilícitos de los que puedan obtener ganancias.
La tesis central de Sandra Ley (CIDE) y Guillermo Trejo (Universidad de Notre Dame), referentes en el estudio de la violencia política en México, desmiente la idea de que la criminalidad opera al margen de la política. Al contrario, las guerras criminales son conflictos de larga duración que han transformado los objetivos de estos grupos: ya no buscan solo controlar las rutas para el trasiego, sino capturar jurisdicciones político-administrativas; es decir, apoderarse de nuestros municipios.
El control político a sangre y fuego
Como autoridades en la materia, Ley y Trejo demuestran empíricamente que el crimen organizado utiliza la violencia contra autoridades públicas para capturar los recursos de los ayuntamientos. Su investigación revela que los ataques a presidentes municipales y candidatos no son “balas perdidas” ni ajustes de cuentas fortuitos; responden a oportunidades políticas precisas. Estas organizaciones criminales atacan cuando existe una fragmentación partidista vertical (cuando el municipio, el estado y la Federación son de partidos distintos), lo que deja a los gobiernos locales vulnerables y sin protección coordinada.
Además, los investigadores evidencian cómo el crimen organizado interviene directamente en las elecciones para influir en la nominación de candidatos, alterar los gabinetes e imponer a los jefes de la policía local. El impacto en la democracia es devastador: los datos demuestran que la violencia criminal deprime directamente la participación electoral, pues los ciudadanos dejan de votar por miedo.
El terror como mecanismo de control social
La gobernanza criminal no se limita a robar presupuestos o infiltrar policías. Para sostener su monopolio territorial, imponen un control económico mediante la extorsión sistemática y un férreo control social. Según los hallazgos de Ley, la crisis de desapariciones forzadas en México tiene una lógica perversa: es utilizada como un mecanismo para inducir disciplina, interrumpir los flujos de información en la comunidad y destruir la capacidad de organización y movilización ciudadana.
¿Es posible resistir?
Frente a un panorama de fragilidad y debilidad de los ayuntamientos, la salida no parece estar en la mera confrontación armada sin coordinación policial. La investigación de Sandra Ley aporta una luz de esperanza respaldada por la evidencia: el caso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en Guerrero.
Allí donde los índices de violencia y la presencia de amapola son altísimos, la CRAC-PC logró impedir la penetración territorial de los cárteles y evitar la captura de su policía. La lección que nos deja este caso, como concluye Ley, es que la escala importa. La organización comunitaria a través de asambleas, los sistemas de rendición de cuentas y la creación de redes translocales de resistencia social son el antídoto más efectivo. La seguridad no puede desligarse de la justicia social. Si el crimen organizado opera con una lógica estrictamente local, la reconstrucción del Estado mexicano debe comenzar, irremediablemente, desde la organización de nuestras comunidades.
@armandogn_zac
