El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 incorpora por primera vez un anexo presupuestario dedicado a la diversidad sexual y de género. La noticia llegó acompañada de una cifra lo bastante estrepitosa como para producir titulares, celebraciones y alguna que otra confusión. Más de 43 mil millones de pesos aparecen dentro del nuevo Anexo 33. Dicho así, es sencillo imaginar una enorme bolsa recién creada para atender a la población LGBT+. Hay que bajar un poco el entusiasmo antes de repartir un dinero que, en realidad, no existe de esa manera.
Un anexo transversal sirve para identificar recursos que ya están distribuidos entre distintas dependencias y programas. No significa que Hacienda haya colocado 43 mil millones de pesos en una cuenta nueva llamada diversidad sexual. El anexo permite seguir el rastro del gasto, saber qué instituciones dicen atender a esta población, con cuánto dinero y mediante qué acciones. Puede parecer una diferencia técnica, incluso aburrida, aunque en política pública ahí se esconde el diablo.
Durante años hemos reconocido los avances LGBT+ mediante imágenes mucho más visibles. Los hemos medido con una bandera en un edificio público, con marchas multitudinarias, una que otra reforma legal, un festival y, en el terreno de lo risible, con una funcionaria o un funcionario que consigue pronunciar correctamente unas siglas que cada cierto tiempo crecen. Todo eso importa. El reconocimiento empieza muchas veces por la cultura y por la educación. Verse en un libro, una película, una exposición o una plaza ocupada por personas en quienes podemos reconocernos puede modificar una vida. Sin embargo, no alcanza para vivir.
Las instituciones son expertas en cambiar de color según el mes. Morado en marzo, arcoíris en junio, amarillo en septiembre. Llegan las fechas, las fotografías, las actividades y los mensajes correspondientes. Después la iluminación cambia y comienza otra conmemoración. No hay que despreciar tales gestos. He participado en ellos y sé que pueden abrir conversaciones necesarias. Detrás de cada color hay ciudadanías concretas, vidas que comen, enferman, buscan trabajo, necesitan una casa, llegan a un ministerio público o requieren atención médica durante los doce meses del año.
En Zacatecas existe un Festival Cultural de la Diversidad Sexual con más de dos décadas de historia. Su permanencia es valiosa y tiene algo también de supervivencia, pues en los últimos años resulta perceptible una programación cada vez más contenida y un presupuesto que parece alcanzar para menos. Tenemos una marcha que consigue reunir a miles de personas durante unas horas y que todavía enfrenta el desafío de dar paso a procesos capaces de acompañar la vida LGBT+ durante el resto del año. Tenemos fechas, foros y actividades. Lo difícil viene después, cuando una persona trans necesita atención médica en febrero, cuando una persona adolescente abandona la escuela en abril o cuando alguien busca empleo en noviembre. Por eso el Anexo 33 interesa más que el aplauso conmemorativo.
Este verano, mientras se discutían políticas y presupuestos, personas trans y no binarias mantuvieron protestas frente a la Secretaría de Gobernación. Entre sus demandas estaban la atención sanitaria, los tratamientos hormonales, la vivienda, el empleo, la educación y la seguridad. Sería simplista afirmar que aquellas movilizaciones produjeron por sí mismas el nuevo anexo. La propuesta de identificar presupuestariamente el gasto LGBT+ tenía antecedentes legislativos. Resulta difícil, sin embargo, ignorar la coincidencia. Cuesta también ignorar cuánto han puesto el cuerpo las mujeres trans en nuestras luchas. Han corrido para que otros podamos caminar y demasiadas veces esa carrera se ha parecido a un viacrucis.
Nancy Fraser propuso hace décadas pensar la justicia desde dos dimensiones que suelen separarse con demasiada facilidad: el reconocimiento y la redistribución. Podemos conseguir que el Estado reconozca una identidad y seguir viviendo bajo condiciones materiales profundamente desiguales. Podemos obtener una ley avanzada y no tener servicios suficientes para ejercerla. Podemos aparecer en discursos oficiales y continuar enfrentando dificultades para estudiar, trabajar, acceder a la salud o tener una vivienda.
El movimiento LGBT+ mexicano conoce muy bien la lucha por el reconocimiento. Se ha peleado por el nombre, por el matrimonio, por la identidad, por las familias y por el derecho elemental a existir públicamente. El presupuesto introduce una pregunta menos flamante. ¿Qué recursos está dispuesto a movilizar el Estado para convertir esos reconocimientos en condiciones de vida?
Eso explica por qué tampoco conviene celebrar demasiado pronto la cifra de los 43 mil millones de pesos. Suena bien, vaya que sí. La creación del instrumento es un avance. Ahora falta saber cómo se ejercerá, qué parte tendrá objetivos realmente dirigidos a población LGBT+, qué indicadores permitirán medir resultados y cuánto de ese gasto corresponde a programas generales que también atienden a personas de la diversidad sexual. La experiencia acumulada con otros anexos transversales, como los relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres, enseña que identificar los recursos facilita la vigilancia, aunque nunca sustituye la evaluación. Y en México somos excelentes para evitar evaluar(nos).
En Zacatecas, el asunto se vuelve más interesante. El Plan Estatal de Desarrollo contempla a los grupos de diversidad sexual y habla de fortalecer la atención a sus derechos. Si uno escarba en los documentos públicos, encuentra también el programa Bienestar para Grupos Vulnerables. Para 2026 tiene asignados más de 222 millones de pesos y entre sus posibles poblaciones beneficiarias aparece expresamente la diversidad sexual. Hasta aquí la cifra podría sonar nuevamente magnífica. La dificultad comienza cuando se intenta separarla.
Esos 222 millones no pertenecen a la población LGBT+. El mismo programa atiende a personas adultas mayores, personas con discapacidad, migrantes, población indígena y afromexicana, personas con VIH, madres jefas de familia y otros grupos considerados vulnerables. ¿Cuánto termina llegando específicamente a la diversidad sexual? ¿Cuántas personas lo reciben? ¿Para atender qué necesidades? ¿Qué resultados produce? El presupuesto disponible no permite responder con facilidad. Ahí deja de parecer tan aburrida la idea de un anexo transversal.
Hay dinero. Hay un festival, acciones institucionales, programas generales y apoyos que pueden alcanzar a nuestra población. El gasto pulula entre dependencias, programas, escenarios, convocatorias y solicitudes presentadas en distintas ventanillas. Podemos encontrarlo por fragmentos, aunque reconstruir la cifra completa empieza a parecer trabajo de arqueología administrativa. Antes de discutir si Zacatecas destina mucho o poco, convendría saber cuánto destina realmente.
El Gobierno de Zacatecas se encuentra preparando su presupuesto para 2027. La discusión federal llega, por ello, en un momento oportuno. Vale la pena preguntarnos si el Estado necesita una herramienta que permita identificar y evaluar los recursos relacionados con diversidad sexual y de género. No tendría que copiar el número ni el diseño federal. Puede comenzar por algo mucho más elemental y hacer visible el gasto.
Hay una cifra que todavía me inquieta. En 2021, la primera Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género del Inegi estimó que cinco millones de personas de 15 años y más se reconocían como LGBTI+, el 5.1 por ciento de esa población. Zacatecas aparecía incluso por encima del promedio nacional, con 6.4 por ciento. Han pasado cinco años y seguimos recurriendo a aquella primera cifra para dimensionarnos.
Conocer a la población también forma parte del presupuesto. Es difícil decidir cuánto invertir, dónde hacerlo o qué resultados esperar cuando aquella primera medición comienza a envejecer. Hace falta contar, escuchar y volver a contar. El Anexo 33 abre una posibilidad que merece atención si sobrevive a la discusión presupuestaria. Después vendrá lo menos vistoso y probablemente lo más importante: seguir preguntando dónde está el dinero, quién lo ejerce, a quién llega y qué cambia con él.
