El Gobierno de Zacatecas no respondió al señalamiento sobre un posible subregistro de feminicidios de hasta 65 por ciento en el estado. El gobernador David Monreal Ávila dijo que no había revisado el contrainforme presentado por el Movimiento Feminista de Zacatecas (MFZ), afirmó que su administración cuenta con “otros datos” y ofreció pedir al fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya que detalle las cifras durante la conferencia de seguridad de esta semana.
Las cifras referidas por el MFZ con motivo del Quinto Informe de Gobierno provienen de la organización Causa en Común, que calculó el posible subregistro mediante la comparación entre los casos de feminicidio documentados en medios de comunicación y los reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, tampoco había revisado la publicación, pero subrayó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) ha clasificado siete feminicidios en lo que va del año, por los cuales, destacó, existen 10 personas detenidas.
Durante la conferencia también negaron que alguna dependencia estatal haya elaborado la lista difundida en redes sociales con nombres y datos personales de periodistas, activistas y madres buscadoras, presuntamente utilizada para impedirles el acceso al informe. Monreal Ávila negó que se tratara de una lista elaborada por el Gobierno estatal y calificó el asunto como “política ficción”. Además, aludió, sin identificarla, a una persona que, según dijo, buscaba protagonismo y “quería nota”. Por su parte, Reyes Mugüerza informó que la Mesa Estatal de Construcción de Paz solicitó a la Fiscalía investigar el origen del documento y activar los protocolos de protección para las y los periodistas incluidos.
El secretario de Gobierno agregó que una madre buscadora cuyos datos aparecen en la lista se comunicó con el gobierno estatal; además, invitó a personas afectadas a presentar denuncias para que se investigue quién elaboró y difundió el documento con sus datos personales.
Ante la pregunta sobre los resultados de la investigación que habría sido anunciada por la circulación de una lista similar en 2024, Reyes Mugüerza afirmó que ya no recordaba ese caso y reiteró que ninguno de los dos documentos fue elaborado por el gobierno estatal.
En otro tema, Reyes Mugüerza rechazó que las nuevas concesiones de taxi hayan servido para premiar a integrantes de organizaciones señaladas por actuar como grupos de choque durante manifestaciones, entre ellas las realizadas contra opositores al segundo piso del bulevar metropolitano. Dijo que la pertenencia sindical no formó parte de los criterios de selección y que las concesiones se asignaron mediante convocatoria pública. De las 355 concesiones ofertadas, se han entregado 158, cada una con un subsidio de 50 mil pesos; además, 240 concesionarios recibieron 100 mil pesos para adquirir vehículos nuevos, lo que representa una inversión pública conjunta de 32 millones de pesos, informó.
Monreal Ávila tampoco abordó el rezago de iniciativas atribuido por legisladoras a la Coordinación General Jurídica ni explicó por qué la dependencia actuó de manera expedita frente a la suspensión judicial de las corridas de toros. Aunque inicialmente afirmó que había retirado el subsidio a esta actividad −que, según dijo, en gobiernos anteriores ascendía a entre 25 y 30 millones de pesos anuales−, reconoció que el año pasado se entregaron 500 mil pesos y que este año podría otorgarse nuevamente apoyo con recursos públicos, cuyo monto dijo desconocer.
