Hay causas que no se miden por el ruido que hacen, sino por lo que revelan de una sociedad. La forma en que un país trata a quienes no pueden defenderse ni hablar por sí mismos dice más de su carácter que cualquier discurso.
Por eso, cuando México elevó a rango constitucional la protección y el bienestar de los animales, no aprobó un gesto simbólico, asumió una obligación.
Durante décadas, el maltrato animal se trató como un asunto privado, casi como una excentricidad de quienes lo denunciaban. Las autoridades miraban a otro lado, muchos municipios respondían con sacrificios masivos y la crueldad no tenía consecuencia alguna. Esa indiferencia también era una forma de violencia, y hoy está dejando de ser aceptable en México.
La reforma constitucional en la materia, impulsada dentro del proyecto que encabeza nuestra querida presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, mandató al Congreso expedir la Ley General que la haga realidad.
Ese trabajo está en curso; el proyecto de dictamen que hoy se discute recoge 18 iniciativas presentadas por 52 legisladoras y legisladores de todas las fuerzas políticas, además de 40 propuestas provenientes de la Cámara de Diputados.
Y la propia presidenta instruyó abrir una mesa para que las organizaciones que empujaron la reforma sean escuchadas antes de que se apruebe el texto final. Eso también es transformación, gobernar escuchando a quien lleva años en la causa.
Un ayuntamiento que cambia la perrera por campañas permanentes de esterilización. Una familia que denuncia el maltrato del vecino y encuentra por fin una autoridad obligada a actuar. Una niña que crece sabiendo que su compañero de vida tiene derechos y que nadie puede lastimarlo impunemente. Eso es lo que está en juego en la redacción de una ley general, no las palabras del articulado, sino la vida cotidiana de millones de hogares mexicanos.
Hay un punto que no puede quedar en la ambigüedad: la manera en que se decide poner fin a la vida de un animal. Una redacción imprecisa abre la puerta a prácticas que ninguna sociedad debería seguir tolerando en pleno 2026. Y hay otro punto igual de sensible, la formación de nuestras y nuestros estudiantes, que hoy puede realizarse con alternativas que ya funcionan en los países más avanzados del mundo.
En Zacatecas conocemos bien esta relación; somos tierra de campo y de ganadería, donde los animales han sido compañeros de trabajo y sustento de generaciones enteras. Aquí el trato digno no es una moda pasajera, es parte de una cultura que sabe lo que se debe a los seres vivos que sostienen la economía familiar. Y es, al mismo tiempo, una tarea pendiente en nuestras ciudades, donde las rescatistas sostienen con su propio dinero y su propio tiempo lo que debería ser responsabilidad pública.
He aprendido que las leyes valen por lo que cambian en la vida real, no por lo que proclaman en su primer artículo. Por eso acompaño el reclamo de quienes piden que la Ley General defina con claridad qué le toca a la Federación, qué a los estados y qué a los municipios; que sea contundente frente a la crueldad; y que reconozca el trabajo de las miles de personas que han entregado su patrimonio a rescatar a quienes nadie más rescata.
Una ley sin competencias claras se queda en buena intención, y las buenas intenciones nunca han detenido a nadie.
La deuda no es con los animales solamente, es con la clase de país que queremos heredar, uno donde el poder no se ejerza contra los más débiles, sino para protegerlos. En esa medida, la que nadie presume en los informes, también se juega la dignidad que la Cuarta Transformación le prometió a México.
