Impresiona el cinismo de quienes aprobaron la reforma laboral que “flexibilizó” las obligaciones patronales, o mejor dicho, que diluyó los derechos de los trabajadores, para presentarse en los eventos conmemorativos del primero de mayo, rodeados de acarreados que recortaban los logotipos partidistas de sus gorras, o las usaban al revés.
Año electoral, año de marcar al lado del trabajador, al que en otro momento y contexto se reprimiría por formar sindicatos, por exigir seguridad social, reclamar repartos de utilidades, condiciones de seguridad en empleos de riesgos, salarios justos y aguinaldos.
Pero a nadie engañan, aunque pueda parecerlo. Marchaban con ellos pero eso no impidió que resonara el grito de “ni un voto al PRI”, tal como fue retomado por varios medios.
Seamos justos, la incongruencia no es exclusiva del jurásico ni de las rémoras verdes. Se da hasta en las mejores familias, incluso en aquellas que han ocupado cargos en la Internacional Socialista. Y para muestra…
Primero de mayo, Día del Trabajo, y cuarto aniversario de la triquiñuela con la que se evadió el pago de liquidaciones a quienes trabajaron en la anterior franquiciataria de La Jornada Zacatecas hasta mayo de 2011, es decir, la empresa Ciudadanía Democrática. Esta es la historia:
Abril 2011, meses atrás había concluido el gobierno de Amalia García, y la franquicia La Jornada Zacatecas cambiaba de manos. El periódico tal como se publicaba hasta esa fecha, no podía imprimirse más, al menos no bajo esa administración.
Se dijo entonces a los cerca de cuarenta trabajadores que se abriría un nuevo medio, y que en él podrían conservar su empleo si así lo deseaban. Cerca de la mitad aceptó la oferta, se les pidió entonces que se presentaran diariamente en las oficinas del periódico, y que permanecieran en ellas aproximadamente de las 9 a las 17 horas. No se trataba de ir a trabajar, no había herramientas para hacerlo, pero había que estar ahí.
Ante la incertidumbre que las circunstancias levantaban, los trabajadores acudieron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se les dio parca asesoría, pero no se ordenó un embargo precautorio que garantizara el pago de indemnizaciones.
Para estos momentos, ni los accionistas ni el director del periódico daban la cara frente a los trabajadores. Solamente se presentaba ante ellos la apoderada legal de la empresa. Era ella, y gente cercana quienes solicitaban a los reporteros devolver los celulares que se les habían asignado, y quien reprendía cuando a alguno se le ocurría salir a la tienda de conveniencia luego de pasar ocho horas en el hastío sin materia de trabajo.
Finalmente, en un acto de generosidad inédita, se les dijo a los trabajadores que podían ausentarse durante algunos días que coincidían con el asueto de principios de mayo. Al volver de ese “descanso” fue que los empleados encontraron su anterior centro de trabajo saqueado.
No estaba ya la rotativa, tampoco escritorios ni sillas. No había siquiera puertas, tampoco estaba el horno de microondas que había sido comprado por cooperación de los trabajadores, ni siquiera las tazas o enseres domésticos de que se servían para comer en la oficina.
Confusión, sólo confusión de quienes confiaban en mantener su empleo, y también confusión y enojo entre los dueños del inmueble que veían con asombro como hasta el plafón del lugar había sido dañado por sus inquilinos con tal de llevarse hasta el último cable.
Sin liquidación, sin un “gracias” siquiera, reporteros, fotógrafos, diseñadores, y demás personal que había confiado en la permanencia de la relación laboral, emprendieron una batalla legal para exigir lo que les correspondía.
Casi cuatro años después de un largo peregrinar en tribunales les fue dada la razón. Ciudadanía Democrática tendría que pagar el millón de pesos que de origen correspondía en prestaciones a 21 trabajadores. Pero para cuando el resultado llegó ya no había más que una empresa fantasma sin domicilio, nombre, rostro, o bienes con qué asegurar el pago. Solamente quedó el rastro de la representante legal quien fue recientemente exonerada de la obligación de pagar las indemnizaciones.
En resumen, se debe sí, pero no hay quién pague.
A la fecha los 21 trabajadores siguen sin recibir su pago. Mientras tanto Claudia Corichi, principal accionista de Ciudadanía Democrática y a quien los trabajadores han reclamado por diversos medios y formas el pago de su liquidación, está en camino de ser diputada federal por representación proporcional por Movimiento Ciudadano. ¿La veremos en los próximos meses elaborando leyes mientras aquí sus ex empleados no encuentran quién las haga cumplir?
Nota: Muy aparte de estos problemas, La Jornada Zacatecas llega al noveno aniversario y no puedo sentirme más orgullosa de que mi nombre y mis ideas estén semanalmente entre sus páginas, gracias por permitirme este lujo y felicidades a todos los que la hacen posible. Larga vida a este, que para mí, sin duda ha sido un espacio de libertad. ■
