■ SEP, Hacienda, UAZ y Godezac están en un “análisis final” de la situación, señala
■ Déficit en la institución alcanza los mil 67 mdp, por pasivos con ISSSTE, Fovissste y el SAT, expres
Este mes de marzo es el plazo definitivo que se estableció para que las secretarías de Educación Pública (SEP) y la de Hacienda y Crédito Público (SHCP) den una respuesta a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), acerca de la forma en la que podrán apoyar a la Máxima Casa de Estudios de la entidad, tanto este año como en los siguientes ejercicios, con la crisis financiera que se enfrenta.
Así lo informó el secretario de Finanzas estatal, Fernando Soto Acosta, quien expuso por tanto que las reuniones entre los tres actores antes mencionados y también Gobierno del Estado, están en un “análisis final, donde estamos emplazados para que en este mes de marzo ya podamos tener alguna respuesta por parte de la Federación hacia de qué manera podrán apoyar principalmente en este año, y en lo sucesivo a la Universidad con el déficit que se tiene”.
Un déficit que, precisó, alcanza los mil 67 millones de pesos derivados de los adeudos contraídos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el Fondo de la Vivienda de esta instancia (Fovissste) y con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El funcionario estatal desconoció, al igual que el Sindicato de Personal Académico de la Universidad (Spauaz), el documento de 12 puntos emitido por la SHCP referente a los cambios que deben hacerse en esta institución educativa, al que hizo mención en días pasados el senador Alejandro Tello Cristerna.
Recordó, al respecto, que lo que solicitó la dependencia federal a la UAZ fue la presentación de un plan de reestructuración interna para evitar un crecimiento del déficit “con más estructura, con más maestros, con más beneficios hacia los trabajadores, que sean sin exceso a lo que está autorizado por la Federación”.
No obstante, coincidió con el senador zacatecano en señalar que el cierre de unidades académicas o carreras tiene que formar parte de las posibilidades que se planteen, al igual que otros aspectos que “abonen a construir una universidad mejor”.
Por ello, consideró que hay que “analizar si habría unidades en las que no se tenga la rentabilidad que se deba de tener y me refiero a rentabilidad de calidad de estudios, de número de estudiantes que estén en cada una de ellas, etcétera”.
“Es por donde se está solicitando que se haga ese análisis, – continuó el secretario- (…) primero de saber la rentabilidad que están dando algunas escuelas con una infraestructura muy grande y atiende a un número pequeño de personas, que sea más costoso que lo que esté generando y desde luego la calidad de los servicios que está dando y la calidad de profesionistas que está generando o de preparatorianos o de secundarias”.
Aparte de abordar la problemática de la UAZ, el secretario de Finanzas hizo mención del déficit educativo que en general tiene Zacatecas, y que asciende a unos 2 mil 400 millones de pesos.
Al respecto, informó que del empréstito de mil 700 millones de pesos que fue autorizado por la Legislatura en 2013, se ha hecho uso de 650 millones, mientras que los mil 50 millones que aún no se han contratado se dispondrán en los próximos dos meses, con las instituciones bancarias HSBC e Interacciones.
Puntualizó que con estos mil millones de los que se haga uso, la deuda pública estatal tanto a corto como a largo plazo ascenderá a 7 mil millones de pesos.
En marzo presentarán plan de ajustes estatal
En otro tema, y derivado de los recortes presupuestales anunciados a nivel federal, Soto Acosta informó que ya están elaborando un plan de ajustes estatal, que será presentado este mismo mes de marzo.
Expuso que las reducciones se darán “principalmente” en gasto corriente y en ningún caso podrán afectar a los recursos que llegan a la entidad ya etiquetados para obras concretas.
Añadió que “se está analizando la posibilidad” de hacer una nueva reducción al salario de los funcionarios de primer nivel, incluido el gobernador Miguel Alonso Reyes, aunque precisó que “habría que ver qué tanto nos ha estado impactando con lo que se está cubriendo del ISR, porque sí tendríamos una disminución bastante importante”.
El funcionario indicó que los ahorros que se logren con este nuevo plan de austeridad se destinarán a cubrir parte del déficit educativo de 2 mil 400 millones de pesos que hay en la entidad.
UAZ, sin herramientas para combatir actos internos de corrupción: auditoría de 2013
En la auditoría practicada a la cuenta pública 2013 de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se determinó que la Máxima Casa de Estudios del estado tiene la normativa necesaria en materia de control interno, ni capacitación con las instancias adecuadas para vigilar y evitar actos de corrupción.
En el documento se expone que la UAZ carece de un Comité de Ética y no “se han establecido procedimientos para la investigación y/o denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional”.
Asimismo, se destaca que la Universidad, en el ejercicio revisado, no incluyó en su programa de capacitación para el personal, entre otros temas, el de la “administración de riesgos y prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción”.
En el ámbito de funcionamiento interno, asimismo, la ASF apunta que no se tienen manuales ni lineamientos autorizados para la elaboración de informes, en los que se plasme el avance en el cumplimiento de los programas y metas establecidas.
También se menciona que la UAZ, durante el año 2013, “no realizó una autoevaluación de control interno de los principales procesos sustantivos”, entre los que se enumeran los procedimientos de inscripción, las incidencias de cargas de trabajo, los programas de apoyo académico y los de atención a las demandas tanto de asistencia como de titulación.
A raíz de esta ausencia de revisiones internas en la Universidad, la auditoría indica que faltan mecanismos para poder identificar las deficiencias y comunicarlas a las instancias responsables de solucionar las posibles fallas.
Otro señalamiento que hace la ASF es que la Máxima Casa de Estudios del estado “no informó si se realizaron auditorías internas y externas para la evaluación de sus principales procesos”.
Por todo lo mencionado anteriormente, el informe concluye que los sistemas que se refieren al funcionamiento y control interno de la UAZ tienen un “estatus bajo”, por lo que se requieren “mejoras sustanciales para fortalecer el establecimiento del Sistema de Control Interno Institucional”.
Aun así, se subraya que la Universidad, tras conocer estas observaciones, ya dio la instrucción de iniciar con las acciones necesarias que solventen estas debilidades.
En cuanto a la revisión financiera, se auditó 98.7 por ciento de los recursos totales, es decir, fueron revisados mil millones 59 mil 836 pesos. Una de las conclusiones en este ámbito fue que existió un posible daño a la Hacienda Pública Federal y, por tanto, unas recuperaciones probables de 35 millones 144 mil 200 pesos, a causa de las irregularidades detectadas.
Aparte, se establece que aún falta por aclararse la procedencia y próximo destino de 396 mil 200 pesos que quedan en la cuenta de la Universidad, en la que se depositan los subsidios federales, pese a que la institución educativa informó a la ASF que el total de los recursos provenientes de Gobierno Federal habían sido aplicados en tiempo y forma.
La auditoría, derivado de esta supervisión, solicita a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que inicie las investigaciones correspondientes en contra de los servidores públicos que “en su gestión no observaron la norma aplicable en materia de transferencia de recursos”.
En las conclusiones finales, se advierte por tanto que la UAZ no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan desde el cumplimiento de los objetivos y de sus normas, hasta el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. Este hecho, se especifica, fue el que provocó las irregularidades observadas en la auditoría.
Además, se señalan incumplimientos en las obligaciones de transparencia en torno a la gestión de los subsidios federales, ya que la Universidad no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) “ninguno de los informes previstos por la normativa”.
