El mundo vive el tránsito de una sociedad centrada en el trabajo y la industria hacia otra centrada en el conocimiento y la información, y una globalización en donde los estados nacionales perdieron poder frente a diversos actores supranacionales (Agencias calificadoras, OCDE, ONU, etc.), y frente al capital financiero que no ha podido regular. Y esta pérdida de capacidad política estatal provocó que no pudiesen garantizarse niveles mínimos de equidad e inclusión social, cuestión que ha llamado la atención de actores relevantes como el Papa Francisco.
Por otra parte, ya es universalmente aceptado que los modelos de desarrollo centrados exclusivamente en el mercado parecen insuficientes para enfrentar los nuevos problemas y oportunidades generados por el cambio global. Desde una perspectiva diferente, el modelo de desarrollo humano que viene promoviendo el PNUD coloca el acento en las capacidades de las personas, más que en el mercado o el Estado, como ejes del desarrollo. Esta visión supone que la sociedad y las personas que la conforman constituyen el centro de toda reflexión sobre el desarrollo humano. Por encima de cualquier factor, interesa el ser humano como actor social, es decir, el ser humano abierto a la acción creativa, dotado de voluntad y capacidad para transformar su relación con los otros, con su entorno y consigo mismo. En los regímenes democráticos, esta comprensión del ser humano como actor se asocia estrechamente a la noción de ciudadanía.
En esta visión, ser ciudadano implica estar incluido en una red de relaciones sociales que permitan ejercer derechos y ser parte de un tejido social y cultural para poder actuar como ciudadano. En una perspectiva democrática, la inclusión social y el reconocimiento deben entenderse como partes de un proceso de construcción de una “comunidad de ciudadanos”. Para poder actuar e incidir en su vida, los grupos excluidos tendrán que transformar sus necesidades y derechos en demandas institucionales y en pautas de acción y desarrollo. El desarrollo humano es, pues, una óptica que busca el incremento de las capacidades de los actores (ciudadanos, organizaciones, movimientos sociales, etc.) para que construyan su libertad y decidan, en función de sus valores y aspiraciones, el tipo de vida que desean tener. Precisamente por esto la inclusión y la exclusión en sociedades diversas como las actuales son temas cruciales para el desarrollo de las personas y sus sociedades. La inclusión supone reconocer las diferencias en muchos planos (culturales, sociales, económicos, etc.), pero también construir un plano de igualdad política y jurídica en el que las distintas libertades se puedan desarrollar.
La igualdad política y jurídica que requerimos los mexicanos debe incluir, necesariamente, un incremento sustantivo en el índice de escolaridad y en la calidad de la educación a todos los niveles, y una reforma profunda al sistema de medios de comunicación, para garantizar a todos las capacidades para comprender la noción de ciudadanía y para ejercer a plenitud esa condición. La formación de ciudadanía debería ser un propósito explícito de los sistemas educativo y de medios de comunicación.
