Además de los hechos violentos que caracterizan a nuestro país, que se agudizaron en años recientes, y han merecido condena de personas y organizaciones, tanto mexicanas como extranjeras, es de tomar en cuenta que, tan solo durante el mes que finaliza, seis impactaron mundialmente:
1.- Viernes 10, linchamiento de Daniel Picazo Hernández, joven abogado, quien posteriormente fue quemado vivo, en Papatlazolco, Huauchinango, en la sierra norte del estado de Puebla.
2.- Lunes 20, homicidio de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín César Mora en la Iglesia de la localidad de Cerocahui, Urique, Chihuahua, en la sierra tarahumara, junto con el guía turístico Pedro Eliodoro Palma.
3.- Jueves 23, homicidio de la cantante Yrma Lydya a manos del pseudo abogado Jesús Hernández Alcocer, dentro de un concurrido restaurante de lujo en Ciudad de México.
4.- Lunes 27, macabro hallazgo de un tráiler “orillado” (que no abandonado; el chofer se encontraba drogado y trató de hacerse pasar por víctima), en una carretera de San Antonio, Texas a 235 de la frontera, en el que se encontraron hacinados dentro de la caja, a 50 grados de temperatura, más de medio centenar de migrantes, al menos 25 mexicanos. Aunque los hechos ocurrieron en territorio del país vecino, el nuestro también es corresponsable.
5.- Martes 28, balacera en contra de un hombre, ocurrida en el Centro de Salud “Francisco I. Madero” de Puebla capital, en una fila de vacunación infantil covid-19 (niños de 5 a 11 años), en donde resultaron lesionados dos menores: una niña y un niño, la primera de gravedad.
6.- Miércoles 29, homicidio del periodista Antonio de la Cruz, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Como si todo eso no fuese suficiente, también, debe agregarse una serie de feminicidios, que han llenado de dolor a numerosas familiar mexicanas. Secuestros, desapariciones, homicidios, robos…
Si bien es cierto que de los mencionados, no todos corresponden al fuero común, la FGR debe cumplir su parte y, en su caso, tiene facultades legales para atraer aquellos que se por su gravedad, lo ameriten. Debemos decir, sin embargo, que por desgracia todos esos no son los únicos, hay muchos que ocurren día con día, que jamás se dan a conocer.
En medio de este río de sangre en que actualmente se encuentra inmerso nuestro país, el miércoles 22 en el Campo Militar número 1, y encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se llevó a cabo la Ceremonia de instalación de la “Comisión para el Acceso de la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos, cometidas de 1965 a 1990”.
Posteriormente, el mandatario ordenó abrir instalaciones y archivos militares a esa Comisión.
Desde mi punto de vista, todo este evento es intrascendente. La justicia debe exigirse y debe imponerse. Hay responsables. Solamente falta la aplicación de la ley. Los hechos se conocen hasta el hartazgo; los responsables y las víctimas también. Hay autoridades competentes para la investigación de los delitos, como también existen autoridades con facultades constitucionales para la impartición de justicia.
¿Por qué no se aplica la ley y se hace justicia?
¿Para qué “enredar” más a las víctimas y a los familiares en estos asuntos? Muchas víctimas ya fallecieron; otras son adultos mayores y muchos familiares al momento de que ocurrieron aquellos sucesos, que corresponden a la llamada “Guerra Sucia”, eran niños o bebés. Sin embargo, la justicia es urgente ya. No debe esperar.
Si el gobierno de la 4T realmente tuviese voluntad, utilizaría todas las herramientas institucionales y legales; primero, para la investigación de los hechos, y segundo, para la aplicación de la justicia. Pues en un Estado de Derecho como en México, no es posible que una Comisión de la Verdad pueda sustituir a la Fiscalía y al Poder Judicial, porque entonces, sería tanto como dejar en manos de particulares, la función de procuración e impartición de justicia.
Los asuntos que supuestamente tiene encomendada la Comisión de la Verdad, es conocer los abusos cometidos en el pasado (1965-1990, durante la “Guerra “Sucia”), y la consecuencia es llevar ante la ley a los responsables. Debemos tomar en cuenta que aquellos abusos fueron cometidos por el Estado Mexicano a través del Ejército, y demás cuerpos policiacos. Así ocurrió con el Movimiento Estudiantil de 1968; con el 10 de junio de 1971; exterminio de la guerrilla urbana denominada “Liga 23 de septiembre”. Es decir, fueron opositores quienes sufrieron aquellos abusos y violaciones a los derechos humanos.
Es un absurdo entonces, que en el evento de instalación de la Comisión, haya tomado la palabra el titular de la SEDENA, Luis Crescencio Sandoval, para decir entre otras cosas:
“…De igual manera, con orgullo les expreso que el propio mandatario autorizó inscribir, los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado, en el monumento a los caídos de las Fuerzas Militares, que se ubica en la Plaza del Servicio a la Patria, como tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber, aún a costa de su vida…”.
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