Perspectiva Crítica
La cuesta de enero en Zacatecas amenaza con prolongarse por muchos meses, pues si bien la tanda de nuevos impuestos o el incremento en el costo de los servicios públicos mermó la economía de las familias zacatecanas (en especial las más vulnerables) a inicio de año, ahora el gobierno local ha tomado decisiones que resultan polémicas en el mejor de los casos, y en el peor contribuirán a enturbiar más la problemática social vigente.
Tres de esas decisiones son referidas en este artículo, y son el recorte a gran parte de las partidas que iban para los medios de comunicación locales; la disminución en el subsidio para el Festival Cultural de 2017, y la petición de Godezac a la Federación para que lleguen más elementos de las fuerzas armadas. Este escenario puede ser entendido como una política local que está en consonancia con la dinámica a nivel federal de acotar el gasto social, y en contraparte apostarle al refuerzo de las armas para subsanar la espiral de inseguridad pública que se padece. En suma, armas Sí, cultura NO.
Las repercusiones de reducir el apoyo a los medios de comunicación y al Festival Cultural van más allá de que dejen de circular unos cuantos diarios o se reduzca el número de artistas, por el contrario, se atenta contra elementos sustanciales para el desarrollo de cualquier sociedad, como lo son el derecho a la información y el fomento cultural. Sobre lo primero, el recorte alcanza 164 por ciento del presupuesto destinado a la publicidad y comunicación social, y ello ha impactado de tal manera en los medios locales, que muchos se han visto orillados a tomar decisiones tan drásticas como la reducción de su plantilla laboral.
Camarógrafos, editores, reporteros, repartidores, fotógrafos, entre muchos otros, han sido despedidos en las semanas recientes, con lo que en primera instancia se perjudica su economía y la de sus familias, pero en un segundo plano la medida representa una afectación de gran calado contra el derecho a la información. Esto es así por dos razones. La primera es que toda sociedad requiere un equilibrio en las líneas editoriales a su disposición, es decir, debe existir una mínima variedad de fuentes para estimular el contraste, el debate y en última instancia la capacidad crítica de quienes reflexionan a partir de lo que les brinda la prensa. En segundo lugar, la decisión de acotar a los medios en los convenios que brinda Gobierno del Estado, choca contra los preceptos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, en lo que se refiere a la regulación de la publicidad. El pluralismo, la diversidad y la libertad de expresión son principios fundamentales que no sólo no deben ser trastocados de acuerdo a dicho texto, sino que demandan ser impulsados por los gobiernos en turno no sólo por el beneficio a quienes dependen de la prensa para subsistir, sino porque ello repercute directamente en la formación de criterio de la sociedad.
De igual forma, el contexto zacatecano en poco ayuda a esta situación, pues la entidad no cuenta con una oferta educativa adecuada para quienes pretenden formarse en el periodismo y la comunicación, y ese vacío es llenado a duras penas por escuelas “patito”, o bien, los jóvenes talento en periodismo se ven obligados a emigrar. Todo lo anterior contribuye a que la calidad de los medios de comunicación crezca de forma lenta, y quitarle el apoyo por parte de Gobierno del Estado implica un retroceso de varios años para la prensa local.
Otro tanto ocurre con el Festival Cultural 2017, al cual para este año se le recortará 74 por ciento de su presupuesto. Los malabares del director del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) para que el nivel del evento no decaiga son dignos de mención, pero será complicado que amortigüen un golpe de tal magnitud. Al igual que con el derecho a la información, el derecho a la cultura es sustancial para el momento por el que atraviesa Zacatecas, además de que debería ser respetado de forma permanente en razón del carácter turístico-cultural de la capital. Por desgracia, el antecedente de la inclusión de artistas del corte de Maluma es un elemento cuestionable que se encadena con el reciente recorte, y está más cerca del “populismo cultural” que de la selección profesional de artistas que realmente dejen algo positivo a la entidad.
La tentativa de traer más elementos de seguridad federales corona esta situación, y representa un paliativo en primera instancia para maquillar el hecho de que en mes y medio, Zacatecas alcanzó la cifra histórica de 94 personas asesinadas. Más allá de eso, la medida implica seguirle haciendo juego a la guerra contra el narco desatada desde el cuartel PRIANista, la cual ha demostrado de manera sobrada que no es la solución para el fenómeno de la hiperviolencia por la que atraviesa el país. Por el contrario, sí es una vía idónea para el vendaval de armas que ingresan al país a un ritmo inusitado, lo que ha posicionado a México como el segundo mayor importador de armamento en toda Latinoamérica, según se desprende de los informes del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).
La apertura de bases militares, retenes y rondines no ha terminado con la situación de violencia, ni ha mermado la función de Zacatecas como un espacio de tránsito para los estupefacientes que son desplazados de sur a norte. Aunado a ello, han sido ignorados los planes serios de seguridad humana que desde la academia se han propuesto para mejorar la situación.
Es buen momento para reflexionar sobre estos movimientos por parte del gobierno local, pues su efecto muy probablemente sea más duradero que la inconformidad de la gente por los nuevos impuestos; bien pueden generar efectos de gran calado en la construcción de cultura, derecho a la información y alternativas a la espiral de inseguridad pública que el estado sufre. ■
