Organizaciones alertan sobre riesgos que conllevan proyectos mineros en el estado

Organizaciones alertan sobre riesgos que conllevan proyectos mineros en el estado
Se han identificado múltiples conflictos entre compañías mineras y comunidades del estado, como el caso de Salaverna (en la imagen), en Mazapil, contra empresa de Slim FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

Opinan que atentan contra “la economía, la vida y la dignidad de los pueblos”

Señalan que la actividad de este sector “no ha sido suficiente para sacar de la pobreza extrema a la población”

Advierte Rema que “sólo una parte insignificante del total de la utilidad bruta les llega a los ejidatarios dueños de la tierra, es decir, el 0.107 por ciento”

 

Un llamado a la organización social desde las comunidades y a la búsqueda de coincidencias para enfrentar los proyectos mineros que afectan “la economía, la vida y la dignidad de los pueblos”.

Esto es lo que están haciendo el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OMZac) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) mediante un posicionamiento enviado a La Jornada Zacatecas.

En el documento hacen un recuento de las cifras de la actividad minera en el estado en contraste con los números de la pobreza en la entidad.

De esta forma, evidencian que la actividad minera “no ha sido suficiente para sacar de la pobreza extrema a la población”. Ponen el ejemplo de Mazapil, donde explota el subsuelo la minera Peñasquito, operada por la compañía canadiense Goldcorp.

En el texto se hace referencia a un estudio realizado por el Centro de Análisis e Investigación Fundar, en el que se expone la disparidad existente entre el nivel de riqueza que obtiene esta empresa con las condiciones de pobreza en las que viven los habitantes de este municipio.

El reporte sostiene que la Secretaría de Economía habla de una producción aproximada en Mazapil de 900 mil onzas anuales de oro, lo que representa cerca de mil 80 millones de dólares de ganancia cada año.

Pese a esta cifra, se destaca que Mazapil es el cuarto municipio con mayor número de población en situación de pobreza extrema, además de que 63 por ciento de sus habitantes enfrenta condiciones de pobreza general.

Esto, continúa indicando el posicionamiento, se debe a que “sólo una parte insignificante del total de la utilidad bruta les llega a los ejidatarios dueños de la tierra, es decir, el 0.107 por ciento”.

Asimismo, se agrega que este porcentaje mínimo de las ganancias mineras que se queda en Mazapil no se reparte entre la mayoría de los pobladores del municipio quienes, por el contrario, sí se ven afectados “por las consecuencias socio-ecológicas de la operación minera”.

De igual manera, las dos organizaciones que elaboraron este texto señalan que se han identificado múltiples conflictos entre compañías mineras y comunidades del estado.

Enumeran algunos de los más conocidos como los que se viven en Mazapil con el caso de Salaverna, en Chalchihuites con La Colorada y en Ojocaliente con la mina El Coronel.

No obstante, advierten que el número es mayor, pues “consideramos que son más los municipios que presentan situaciones similares, como Melchor Ocampo, El Salvador, Vetagrande, Sombrerete, Fresnillo, al igual que sucede con la ciudad de Zacatecas, la cual registra el 80 por ciento del total de su territorio concesionado”.

En sus conclusiones exponen que estos contrastes no explican por qué el gobierno y las empresas exaltan a la minería “a través de un discurso que pondera el crecimiento económico, el progreso y desarrollo y la generación de empleo bien remunerado para los países, estados, los municipios, las localidades, los ejidos y los anexos”.

“Cómo es posible – continúan diciendo – que, con la magnitud de los daños que ocasionan, éstos no se vigilen ni se cuestionen”.

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