No veríamos como una derrota que nos digan, publiquen todas las sentencias: Ávalos
Afirma que la ausencia de estos documentos en el portal de transparencia del TSJZAC se debe a que no ha habido alguna que pueda ser considerada de interés público
“Nosotros no veríamos como una derrota desde ningún punto de vista, como un revés para el Poder Judicial -del Estado de Zacatecas-, que el Juez de Distrito nos diga: publiquen todas las sentencias (…) si una autoridad federal nos dice que hay que hacerlo, adelante”, dijo Armando Ávalos Arellano.
En opinión del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ) el amparo indirecto en materia administrativa interpuesto por más de 18 organizaciones, entre otras, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), y EQUIS Justicia para las Mujeres, contra alrededor de 50 jueces y magistrados de la entidad, puede ser la coyuntura para que se publiquen en adelante todas las sentencias emitidas por el Poder Judicial del Estado de Zacatecas en su versión pública.
Ávalos Arellano sostuvo que la ausencia de estos documentos en el portal de transparencia del TSJEZ se debe a que no ha habido alguna que pueda ser considerada de interés público, según los lineamientos técnicos establecidos por el Sistema Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT).
Definió a los asuntos de interés público en el caso de las sentencias como aquellos en los que los puntos litigiosos en discusión resulten “de interés para la nación, para la sociedad…nosotros no hemos dictado este tipo de sentencias”.
Y en tanto que la Ley General en la materia y lo que establece para su Sistema Nacional de Transparencia no mandaten que se publiquen todas las sentencias, alegó que el TSJEZ lo que hace es apegarse simplemente a lo que mandata la normatividad.
Citó textualmente lo dispuesto por el SNT para el caso: “Los sujetos obligados pondrán a disposición en sus sitios de internet y en la Plataforma Nacional, las sentencias de aquellos asuntos que durante su proceso de resolución trataron puntos controvertidos que le otorgan importancia jurídica y social, por tanto se consideran asuntos trascendentales para la nación; los cuales deben darse a conocer a la sociedad de manera oportuna”.
“Eso nos restringe porque, tanto debemos observar la Ley como esos lineamientos que deben de seguir todos los sujetos obligados del sistema creados por la propia Ley”, expuso.
En términos del avance de la transparencia y la rendición de cuentas a que se han sujetado todos los Poderes de la Unión y los órganos autónomos, expuso no obstante, “yo no veo mal el hecho de que todos los poderes judiciales publicaran todas sus sentencias si es una forma de control, de cómo los jueces están cumpliendo su cometido”.
Ávalos Arellano se reservó respecto de si apelará el fallo de la justifica federal en caso de que indique que los sujetos obligados en el Poder Judicial del Estado deben publicar todas las sentencias que emitan en una versión pública, pero adelantó en términos de un cambio de paradigma histórico, “si finalmente lo de la transparencia nos va a llevar a que tengamos que llegar” a ese punto, “yo encantado de la vida haría lo que me corresponde para que todas las sentencias se publicaran”.
Dijo que esto ocurrirá aunque no se sepa en qué momento. “A lo mejor este amparo es la oportunidad para hacerlo, tal vez haya una modificación de la ley para que le quiten ese concepto de ‘interés público’, y todos los jueces publiquen las sentencias, lo haremos sin ninguna restricción (…) y poner a disposición de la sociedad nuestro trabajo”.
Puntualizó también que contestará en tiempo a la demanda que le ha sido interpuesta y que dará a conocer a la opinión pública sus términos.
“Estamos en tiempo, lo estamos analizando entre todos los magistrados en lo individual; tenemos una copia de la demanda, fuimos señalados como autoridades responsables, entonces estamos analizando los términos de ese informe justificado que debemos rendirle al juez”.
Dijo que los demandados fueron 13 magistrados que conforman el pleno del Tribunal Superior de Justicia, y desconoce si también se incluye a la magistrada especializada en Justicia para Adolescentes; los restantes que completan las 50 autoridades demandadas, como sujetos obligados, son jueces.
Contra el señalamiento de opacidad en el Poder Judicial del Estado de Zacatecas, expuso que el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Izai), le dio a la instancia la calificación más alta, al haber cumplido con el 100 por ciento de los criterios de transparencia legamente establecidos.
Antecedentes de demandas
contra jueces zacatecanos
La mañana de ayer MCCI, Equis Justicia para las Mujeres, y Artículo 19, entre otras organizaciones, ofrecieron una conferencia de prensa en la Ciudad de México para dar a conocer que el Juez Primero de Distrito con sede en Zacatecas admitió la demanda que interpusieron el pasado 23 de marzo contra 50 jueces y magistrados de la capital del estado y el municipio de Fresnillo, entre los que se encuentra el propio Armando Ávalos Arellano.
Esto sucedió contra su pronóstico, pues dijeron que este tipo de litigios expuestos a la opinión pública, “tan grandes y de tanta relevancia”, regularmente son rehuidos por los jueces de Distrito quienes prefieren “lavarse las manos” para que los resuelva un Tribunal Colegiado de Circuito.
Las organizaciones argumentan que el Poder Judicial federal y de los estados, están obligados a publicar todas las sentencias que son de interés público luego que así lo estableciera la Ley General de Acceso a la Información.
“El problema es que este concepto carece de definición clara y precisa” por lo que queda en manos de los jueces y magistrados definirlo, lo que consideran un retroceso en términos del cumplimiento del derecho humano a la información.
Así, existen casos como el del estado de Zacatecas que en los recientes dos años y ya bajo los criterios de la citada ley, “han decidido no publicar ninguna”.
Una revisión de la Plataforma Nacional de Transparencia exhibió que se agregan a este grupo de entidades los poderes judiciales de Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Querétaro, Colima, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Campeche.
Esta es la razón por la que las organizaciones decidieron explorar estrategias jurídicas para promover un cambio, el que el Poder Judicial de la Federación se pronuncie respecto de lo que debe entenderse como “una sentencia de interés público”, y que ellos sostienen, debe serlo cualquiera, pues exponerlas en su versión pública es la única manera de conocer cómo están haciendo su trabajo los jueces y magistrados, quienes refirieron, siendo servidores públicos no pueden estar al margen de los criterios de transparencia que ya involucran el actuar de los integrantes de los otros dos poderes de la Unión.
“Para que uno pueda monitorear y dar seguimiento a cómo se imparte la justicia en México, una herramienta necesaria es tener acceso a las sentencias”, dijo Ana Pecova, directora de EQUIS justica para las mujeres.
Agregó que la organización ha documentado que se han ejercido en los 10 años recientes por lo menos “596 millones 614 mil 199 pesos en capacitaciones para incorporar la perspectiva de derechos humanos y género en la labor de los poderes judiciales estatales, ¿Cómo podemos saber si estas capacitaciones tienen algún impacto o no, si no se transparenta lo que ocurre con las sentencias?”.
Otra integrante del panel agregó otra razón para acceder a ellas, la verificación de la uniformidad de criterios apegados a derecho para juzgar, “se trata de un problema de seguridad jurídica”, pues es la única forma de que las personas sepan que un mismo delito va a ser juzgado bajo los citados criterios, pero también podría exhibir que un juez o magistrado pudiera haber sido presionado por poderes fácticos.
“Es la manera en que ellos rinden cuentas de qué tan eficientes y buenos son para el trabajo que están desempeñando”.
Como ejemplo de qué información pueden exhibir las sentencias, se habló de la incorporación o no de la perspectiva de género para juzgar un caso, que puede ser determinante en su resolución.
Trajeron a colación asimismo, el asunto del que llegó a conocerse como “Juez Porky”, quien concedió un amparo con argumentos que fueron incluso calificados en el debate público de “abominables”, dando pie a la salida del país de uno de los responsables de un caso de violación contra una joven.
Anuar González Hermandi “no tuvo otra más intentar mejorar su actuar”, ya que “todo mundo pudo hablar de la sentencia porque el Poder Judicial de la Federación sí cumple con esta obligación de publicar sus sentencias”, comentó Gerardo Carrasco Chávez.
En la conferencia de prensa el director de Litigio Estratégico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, dijo que eligieron al estado de Zacatecas para iniciar su estrategia jurídica porque “si uno se mete, y los invito a meterse al portal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, le da click al link de acceso a la transparencia, (…) en las obligaciones dice, Artículo 43 fracción segunda, cumplimiento de esta obligación de la Ley de Transparencia del Estado de Zacatecas, y uno le da click, uno se encuentra con un desplegado que dice: no tenemos sentencias de interés público. No hemos hecho versiones públicas de sentencias”.
Enfatizó al respecto que “este cinismo representa no solamente el que sea el estado más opaco, sino en mi opinión, por lo menos, que estén considerando que de todas formas nadie va a venir a ordenarles que cumplan con su obligación”.
Ana Pecova agregó que el argumento que se esgrime por parte del Poder Judicial del Estado de Zacatecas es que sí están cumpliendo con los dispuesto en la Ley General de Transparencia, pero agregó, “nosotras no creemos que no la haya –sentencias de interés público- ¿Entonces cuál es el sentido de este Poder Judicial si en dos años no ha emitido una sentencia que sea de interés público?”.
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