- Alumnos de Economía de la UAZ exponen el proyecto Herramientas de Big Data
- Necesario, elaborar Ley Estatal de Prevención: Juan Luis Rivera Ruiz Esparza
- Salud mental de los zacatecanos está afectada por el clima de violencia: Pedro Rodríguez
Este lunes las cifras duras que hay en Zacatecas sobre comisión de delitos y número de víctimas resonaron en el Foyer del Teatro Calderón, en las voces de jóvenes, estudiantes, académicos, miembros de la sociedad civil, servidores públicos y militantes de partidos políticos.
No obstante, estos datos no fueron aportados de manera aislada. Detrás de cada recuento, invariablemente se enumeraron propuestas de acción para tratar de abatir la problemática de inseguridad que vive el estado.
Ayer se realizó en el Centro Histórico de la capital del estado el Foro de Participación por la Seguridad Humana, organizado por La Jornada Zacatecas, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) a través del PEIDA y las facultades de Psicología y Economía, la Escuela de Trabajo Social, la organización social Zacatecanos por la Paz y el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
Las ponencias iniciales tuvieron un elemento en común que fue el de la explicación del concepto de Seguridad Humana y el desglose de los siete ámbitos que se incluyen en este concepto, que son la seguridad económica, alimentaria, sanitaria, ambiental, personal, colectiva o comunitaria y la seguridad pública.
En la primera intervención, a cargo de Raúl Federico García Pérez, se destacó la necesidad de realizar un análisis de estos siete campos para conocer con exactitud la realidad que impera, de forma que se puedan conformar políticas precisas y efectivas.
En la implementación expuso que se debería trabajar en conjunto y, finalmente, dijo que el foro tendría que servir para instaurar un “cuerpo de seguimiento” para revisar los resultados que tengan estas acciones.
Por su parte, Juan Luis Rivera Ruiz Esparza, señaló que hasta ahora la prevención se ha atendido de forma parcial, pues no existen políticas probadas que muestren un impacto real, y, aunque reconoció que actualmente en Zacatecas hay esfuerzos en la materia, concluyó que son a mediano plazo.
Apuntó que los recursos que se destinan a acciones preventivas deberían ser para proyectos multianuales y “no ocurrencias de los que están al frente de las áreas de prevención”. Agregó que no hay una Ley Estatal de Prevención, por lo que tendría que trabajarse en su elaboración.
José Escobedo Domínguez fue el tercero en intervenir y centró su participación en el concepto de gobernanza, el cual calificó como “el doctorado de la gobernabilidad”. Aseguró que las condiciones actuales que se viven en el estado obligan a todos los sectores a sumarse a las soluciones y, para llevar este esfuerzo conjunto a un buen fin, precisó que se requiere “voluntad política en el sentido más amplio, limpio y puro”.
Otro de los participantes en la primera ronda fue Pedro Rodríguez de la Torre, director del Centro de Integración Juvenil, quien habló en su ponencia de la percepción ciudadanía de inseguridad y aseveró que la salud mental de los zacatecanos está afectada por el clima de violencia.
Consideró que esta percepción que se tiene ha empeorado por “distorsiones que realiza la población”, principalmente a través de redes sociales donde se sataniza o lincha virtualmente a las autoridades, y por el “ocultamiento de información” por parte de las áreas encargadas de la seguridad en el estado.
Para comenzar a cambiar la situación, dijo que primero se deben aceptar los niveles de violencia que existen. Después, añadió, se tienen que analizar las estrategias de seguridad para adecuarlas de manera permanente para, así, generar políticas en la materia que sirvan para erradicar la violencia de alto impacto.
El primer bloque de participaciones lo cerró José Guadalupe Hernández Rodríguez, quien dijo que expondría la postura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En su intervención hizo, primero, un recuento de las cifras de delitos y víctimas que hay en la entidad y concluyó con una enumeración de propuestas. Una de ellas fue la de crear una “verdadera cultura de la constitucionalidad y legalidad” ya que, dijo, si no hay confianza en las leyes no podrá haber confianza en las instituciones.
La elaboración de una nueva Carta Magna, la atención a rubros que calificó como preocupantes y que son la pobreza, la inseguridad, la salud y la educación, así como la coordinación institucional fueron otros de los planteamientos.
Jóvenes proponen el uso de tecnología para combatir problema de inseguridad
En el Foro de Participación por la Seguridad Humana, las intervenciones de los jóvenes propusieron soluciones a corto plazo utilizando los avances tecnológicos disponibles, sin dejar de observar que el problema de la inseguridad debe atenderse en sus orígenes y complejidad.
Se aportaron asimismo, en el segundo bloque de exposiciones, lecturas desde la planeación e intervención urbanas, la salud mental y las manifestaciones epidémicas de los desórdenes de la conducta asociados a la inseguridad, y la experiencia de las familias de los desaparecidos y las organizaciones que las acompañan, en el proceso de conformación del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México.
Arely Sauceda Quintero, Valeria López y Alejandro Ruiz, estudiantes de la Unidad Académica de Economía de la UAZ, se refirieron a la diferenciación que los sectores sociales presentan respecto de su vulnerabilidad ante la inseguridad.
Dijeron que es la población de 15 a 29 años quien encabeza a nivel mundial la incidencia como víctimas de homicidios, que la violencia se da con mayor frecuencia entre los sectores sociales menos favorecidos y que también hay sesgos de género que exhiben un mayor riesgo, como es el caso de los abusos sexuales, donde son ellas las que constituyen el mayor número de las víctimas.
Con esta información orientaron su propuesta para el transporte, a modo de reducir el tiempo de espera en horarios de mayor riesgo con el auxilio de la georreferenciación tanto del usuario como del proveedor del servicio, que le diga al primero el momento en que su traslado se verificará.
Luego con datos de la Envipe 2015 que exhibió que 90 por ciento de los delitos no son denunciados, propusieron la creación de una plataforma digital para hacer este procedimiento de manera anónima.
La solución puede ofrecer a la par de incrementar las denuncias, información a las autoridades sobre las zonas de mayor incidencia de delitos y aun estimados de las pérdidas materiales y patrimoniales ocasionadas por éstos, sin comprometer la seguridad de quienes la utilicen.
Como una opción al denominado “botón de pánico”, cuya efectividad cuestionaron porque ante una situación que pone en peligro la integridad física “no tienes tiempo para sacar el celular” y activarlo, ofrecieron, que tanto los movimientos como los sonidos generados por la persona en riesgo puedan ser detectados mediante cámara y micrófono del celular, y reportados de manera automática a las autoridades.
Sus propuestas que rubricaron bajo el nombre de Herramientas de Big Data para la Seguridad Humana, pretenden abonar “a la solución inmediata” de los problemas de inseguridad, no obstante enumeraron y clasificaron aquellos temas que deben abordarse para su solución estructural.
En misma lógica, la Organización Hashtag conformada por Hugo Perea, Verónica Hernández y Víctor Daniel Coronado expusieron una aplicación que ya han creado, para celulares, que también utiliza la geolocalización en este caso satelital, para reducir los márgenes de error, de manera que el teléfono de quien pueda encontrarse en peligro pueda llamar automáticamente a la policía aun en caso de que el usuario se mueva de ciudad, pudiendo ubicar a la persona de manera más rápida y precisa.
Guadalupe López Merchant, subdirectora en la Sinfra, habló del urbanismo social, que tiene en la ciudad de Medellín, Colombia, un ejemplo de transformación de la vida pública tomando como prioridad la atención a los barrios.
En esta teoría, la escala correcta es la de un niño, si este es capaz de llegar caminando desde un espacio a otro, de la casa a la escuela y de allí al parque o la tienda, “quiere decir que la ciudad es segura”.
Se trata de proponer una planeación no metropolitana, sino barrial, donde se iguale el equipamiento y la oferta de servicios que colonias de alto nivel social tienen y que las diferencian de las marginadas, por lo que su búsqueda es la recuperación “de los espacios que habitamos”, y el encuentro entre los ciudadanos y no su segregación.
Es una “oposición contundente al urbanismo defensivo”, el que cerca, bardea y genera “privadas” generando la segregación y fragmentación social, y que criticó señalando además que los datos estadísticos demuestran que estos cercos no generan mayor seguridad.
Dijo que los criterios del urbanismo social se están integrando en el Código Urbano de Zacatecas, próximo a publicarse. Y que a partir de sus componentes y desde el Consejo Estatal de Prevención del Delito, ya se hacen intervenciones en colonias de la capital y los municipios de Guadalupe y Fresnillo.
También desde el urbanismo, José Chiw Wong Galván, miembro de El Colegio de Arquitectos de Zacatecas, criticó el desarrollo de zonas urbanas desarticuladas, que denominó “ciudades sin alma”, donde el ser humano, el peatón, estorba a los vehículos, que presentan problemas de movilidad, de contaminación por las distancias de los desplazamientos, y de inseguridad por su ubicación periférica y su baja densidad poblacional.
Ricardo Bermeo Padilla, integrante de Zacatecas por la Paz, ofreció su experiencia como actor y testigo del proceso de organización y aprendizaje de las familias de los desaparecidos y los colectivos que las acompañan, iniciado en 2008 y que ha desembocado en la conformación del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, mismo que ha transitado del dolor y duelo individual de casa caso, hacia “el principio de lo común”, un paradigma que ha significado un nuevo ciclo de luchas, también a escala mundial, en diversas problemáticas.
Desde el ámbito de las ciencias de la conducta, el maestro en salud mental pública y sanitarista, Raúl Hernández habló de 0.25 por ciento del PIB que México destina a la salud mental en comparación con el 3 por ciento del mismo índice que orientan para mismo propósito los países de primer mundo.
Dijo que hay metodologías para abordar la salud mental, así como existen para otro tipo de epidemias; expuso que el acceso a la salud mental es un derecho humano, pero en México aunque está integrado al artículo 4 Constitucional, es sólo retórica, tema que también vinculó a la existencia de grupos de riesgo ubicados en polígonos de alta marginación.
Desde hace años existe Programa Integral de Seguridad Universitaria: Márquez Dávalos
En la tercera ronda de propuestas hubo cinco intervenciones más. Marco Antonio Nicolás Márquez Dávalos presentó un Programa Integral de Seguridad Universitaria que, según expuso, existe ya desde hace años y el cual busca fomentar la unidad entre la comunidad universitaria para hacer frente a la inseguridad.
Abarca una etapa de diagnóstico para conocer estadísticas sobre incidencia delictiva, así como acerca de recursos humanos, materiales, tecnológicos y de infraestructura disponibles para estas tareas.
La segunda fase sería la de la estrategia que se divide en cuatro partes: la implementación de medidas de protección y prevención de incidentes, que incluye acciones como el uso de credenciales y llevar bitácoras de visitantes en los espacios universitarios, las medidas de atención a incidentes, la elaboración de protocolos y las estrategias de participación de la comunidad.
En segundo lugar habló Martha Berenice Vázquez González, quien introdujo el tema de la violencia no sólo directa sino también estructural, así como la necesidad de cambios en la política penal que existe en el país y, por ende, en Zacatecas.
Dijo que no es con “populismo punitivo” que promete cadenas perpetuas y penas de muerte como se abatirán los altos índices de criminalidad.
Por ello, consideró que hay que cambiar la política criminal para que se enfoque en identificar a los actores involucrados en la violencia y, por tanto, que se centre en los procesos de exclusión social que han provocado que estas personas se dediquen a actividades ilícitas, a quienes calificó también como víctimas de la violencia pero estructural que los invisibiliza y los convierte en enemigos.
Concluyó que se tiene que trabajar en fomentar una cultura de la paz y de respeto a la legalidad. Sí debe ser con trabajo colectivo, ciudadano, pero resaltó que el gobierno es el que tiene recursos para llevar a cabo estas acciones.
Liliana Karina de la Torre habló sobre las condiciones de trabajo de los policías municipales para señalar que, siendo un elemento esencial en la seguridad más cercana que tiene la sociedad, son el eslabón más débil de la cadena.
Refirió que se aplicaron dos exámenes a los elementos de la corporación policial de Fresnillo, uno sobre calidad de vida y otro acerca de bienestar psicosocial. Los resultados no fueron favorables, concluyó, pues demostraron que la calidad laboral y personal de estos policías está en un rango de medio a bajo.
Tras aplicar el estudio, la joven señaló que se le ofreció al ayuntamiento un programa psicológico para tener una corporación sana mentalmente para atender a la población de manera adecuada pero fue rechazado.
Por su parte, el profesor de la facultad de Economía de la UAZ, Miguel Esparza Flores, planteó la necesidad de tener estadísticas en el tema; “no tenemos indicadores y necesitamos urgentemente esto, con un enfoque disciplinario, para proponer políticas públicas efectivas”.
Por ello planteó el enfoque de un estudio que consideró que debería llevarse a cabo, por lo que buscarán hacerlo desde la unidad académica en la que trabaja. Se trata de hacer un análisis relacionando la percepción de inseguridad con el nivel salarial de los ciudadanos.
Además, abordó el tema del incentivo del delito, es decir, los factores de riesgo económicos que propician la comisión de conductas delictivas como la debilidad del aparato productivo y del mercado, la desigualdad en la distribución del ingreso y el empoderamiento vertical y monopolizado por determinados grupos de poder.
Jaime Cortés Acuña fue el penúltimo orador y habló de la necesidad de atender de forma integral el tema de salud, el cual destacó que forma parte del concepto de seguridad humana formulado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El foro se cerró con la participación de Jorge de Haro, quien explicó un programa que ya lleva a cabo sobre asistencia psicológica y terapéutica a escuelas y, sobre todo, padres de familia. En esta actividad, precisó, se busca dar asesoría a los padres para que obtengan las habilidades para sortear los “problemas cotidianos de interacción” con los niños y jóvenes.
