Ya pasó un año y muy poco de lo prometido en la campaña se ha cumplido, pero en materia de reforma universitaria no hay nada que informar. Las medidas tomadas con motivo de los actos de corrupción por parte de algunas autoridades universitarias fueron cosméticas. Los montos de recursos señalados por esta casa editorial y la Auditoría Superior de la Federación no han sido clarificados por la universidad a partir de una investigación propia. Hasta ahora, la Rectoría se ha negado a investigar por cuenta propia y transparentar el resultado. Al parecer, el núcleo del problema se concentra en una sola Unidad Académica: la de Contaduría y Administración, mejor conocida como la FCA. Y no solamente la Rectoría, sino la directora actual, que además preside la comisión de asuntos financieros del Consejo Universitario, y que tendría la obligación de atraer estos temas, han incurrido en una gigantesca omisión. ¿Por qué? ¿No son conscientes del daño que la corrupción de unos cuantos causa a la institución? ¿Esperan que instancias estatales hagan todo el trabajo? No se ha integrado una instancia elemental de transparencia y ahora, al calor del informe se promete un Sistema Universitario Anticorrupción, que puede correr la misma suerte que la reforma universitaria y otros compromisos incumplidos. El Rector debe tomar en cuenta que la base para la credibilidad es el cumplimiento de lo comprometido y/o acordado. Sólo con el cumplimiento puntual de la palabra empeñada se recuperará la credibilidad.
La reforma universitaria se planteó como el evento esencial para crear otro modelo académico, que se sustente en una evaluación de toda la actividad sustantiva, y ponga orden en toda la administración. Esto es esencial para resolver la crisis financiera que tiene en jaque a la institución. Pero no se avanzó por ese camino que permitiría la participación comprometida de la comunidad, se prefirió transitar por medidas de ahorro que lejos de resolver las cosas, las empeoraban, lastimando a los trabajadores precarios y elevando el nivel de incertidumbre en la institución. La nueva administración se comprometió a dar certeza y ha aumentado la incertidumbre. A un año no ha podido normar los ingresos propios ni reglamentar el proceso presupuestario. Se comprometió a reactivar los consejos para crear una gestión colegiada y, como el rector anterior, no lo ha hecho. Especialmente el Consejo Universitario iba a sesionar mucho más y mejor (después de su casi extinción en la administración de Silva); pero otra vez: se incumplió.
Lo dicho es la explicación de fondo de las tomas de instalaciones y de la huelga de hambre que ocurrieron durante el año. Si se hubiera avanzado en el camino de la reforma universitaria como inicialmente lo prometió, a estas alturas el proceso habría terminado, y en este informe se estuviera dando cuenta de los resultados obtenidos. Un gran logro hubiera sido si inmediatamente se hubiera actuado en los casos de corrupción, ahora no se estaría prometiendo un sistema anticorrupción, sino que se estaría anunciando el resultado efectivo de haber puesto en marcha medias claras de transparencia. Tendríamos hechos, y no más promesas acumuladas. El primer año es el bono de credibilidad. Ojalá y la experiencia de este primer año sirva para hacer reflexionar al rector, y decida recuperar la confianza en su palabra poniendo en marcha los procesos de reforma y dando puntual cumplimiento a todos los compromisos asumidos. Aún hay algo de tiempo.
